Un dólar como pago por los daños morales causados a Traad

Ricardo Traad, exdirector del desaparecido Servicio Marítimo Nacional (SMN), solicitará un dólar al Estado como parte de la compensación por el daño moral causado a su persona y su familia por las violaciones que se cometieron durante su proceso ante la justicia.

En una conversación sostenida recientemente con este diario, Traad y su grupo de abogados, compuesto por Luis Eduardo Camacho (hijo) y Víctor Rodríguez Rescia, del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, indicaron que se busca una corrección del sistema penal panameño para evitar que se violen los derechos, como en casos en los que se abusa de la detención preventiva como una anticipación de la condena o procesos en los que la Fiscalía basa sus investigaciones en testigos protegidos, en ocasiones inexistentes.

Esto, luego de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas determinó que a Traad se le violaron múltiples derechos individuales, incluyendo la libertad, mientras se le investigaba y juzgaba por un supuesto delito relacionado con drogas, pero por el cual nunca fue condenado.

Sus abogados, no obstante, adelantaron que solicitarán que el Estado libere los bienes a nombre de sociedades anónimas que le fueron confiscados a su cliente, así como las cuentas bancarias que por los trece años que ha durado el proceso no percibieron intereses. A esto se suma el salario no percibido durante el tiempo que estuvo en prisión, casi tres años, sin que pudiera mediar una opción alterna que garantizara su presencia en el país para comparecer ante las autoridades.

Traad también quiere que el Estado le ofrezca una disculpa pública por los daños causados a su persona. ‘El tema de la reparación no material implica que hay un tema de honestidad y buscamos una comunicación diciendo que fallaron las instituciones del Estado', señaló Rodríguez.

Como consecuencia, el Estado tiene hasta seis meses —de los cuales han transcurrido dos— para acatar la recomendación a partir de la notificación.

‘Como se trata de violaciones ocurridas por el poder judicial, el Ejecutivo puede tener la mayor disposición de cumplirle a Traad, pero no puede imponer al poder judicial los correctivos. Lo que puede hacer la Cancillería en los problemas de violaciones de derechos humanos es dar la cara. Por lo tanto, lo que tendría que hacer es crear una reunión con las instituciones involucradas y decirle lo que le toca a cada parte; pedir un informe y tomar correctivos', manifestó Rodríguez.

Según el jurista, Traad ha sido víctima de una serie de normativas que existen en Panamá que se relacionan con el acceso, denegación y obstáculos con la justicia.

Mientras la ONU investigaba el caso, solicitó a Panamá su posición, pero el Estado no respondió. Lo hizo después de meses, pidiendo una prórroga.

Según los abogados, las violaciones que se cometen en nuestro país son a causa de la falta de rendición de cuentas de los fiscales, que detienen a las personas y luego investigan, en vez de hacer lo contrario.

Recordó el abogado que el caso Traad ocurrió hace trece años, pero hoy en día no ha cambiado nada. ‘Siguen con las mismas prácticas porque la ley se lo permite', afirmó.

Insiste en que la figura del testigo protegido debe desterrarse del país por la forma en que los fiscales la emplean.

‘Ricardo luchó contra dos testigos que lo acusan a los que no tuvo acceso. Son testigos encubiertos, eso es la excusa del Ministerio Público para ser vagabundo y no hacer su tarea de investigación', apuntó el jurista.

Rodríguez está convencido de que a pesar de que entró en vigencia el Sistema Penal Acusatorio, en la mente de los fiscales no se ha cambiado el chip y por eso continúan con las mismas prácticas de antes.

La historia del caso penal que vivió Traad por trece años

ANTECEDENTES

Ricardo Traad, panameño, piloto de buques y submarinos que transitan por el Canal de Panamá, no contó con los recursos judiciales adecuados para que se evaluara periódicamente la medida cautelar impuesta por las autoridades judiciales panameñas.

En 2008 se le concedió una medida distinta a la detención preventiva. Pero la decisión fue apelada por la Fiscalía de Drogas ante el Segundo Tribunal de Justicia, que revocó las medidas menos lesivas, a pesar de no considerar que existiese un peligro de fuga.

En febrero de 2008 se abrió causa criminal.

El 29 de enero de 2010, el Juzgado Cuarto del Circuito de lo Penal emitió una sentencia absolutoria, sustentado que no existió delito relacionado con droga.

A pesar de la decisión, él solo recuperó parcial y condicionalmente su libertad, porque se le prohibió salir del país y debía presentarse dos veces al mes a notificarse del proceso.

La Fiscalía de Drogas apeló la sentencia ante el Segundo Tribunal de Justicia, que seis años más tarde lo condenó en segunda instancia a una pena de prisión de 84 meses y lo inhabilitó para ejercer funciones públicas por un cargo distinto a los dos imputados inicialmente.

La sentencia no ha sido formalmente notificada. Y no existió la oportunidad de apelarla.

El juicio no fue efectuado en un tiempo razonable y tampoco se le notificó de manera efectiva y sin demora de la modificación de los cargos, indicó el grupo del Consejo de Derechos Humanos.

Las autoridades panameñas no justificaron la detención preventiva porque no existía peligro de fuga.