Imputan a diputado oficialista Arquesio Arias

El diputado oficialista Arquesio Arias fue imputado por los delitos de violación carnal y actos libidinosos en la audiencia realizada ayer a puerta cerrada.

Los predios del Palacio de Justicia “Gil Ponce”, sede de la Corte, en Ancón, estaban flanqueados por simpatizantes del diputado. “Persecución política”, “es inocente”, gritaban al unísono.

La audiencia se inició a las 2:00 p.m. con identificación de las partes. El abogado de la defensa, Ángel Álvarez, desistió del recurso que había anunciado que presentaría contra Harry Díaz, magistrado que funge como juez de garantías en el proceso.

A su vez, Díaz alegó que no le une al diputado ningún grado de consanguinidad y que lo acababa de conocer en la audiencia, por lo que no tendría razón para tener comprometida su imparcialidad.

La audiencia se realizó a puerta cerrada, a petición de la abogada querellante Enereida Barría, que minutos después de iniciada la cita, hizo la solicitud para garantizar la protección de la identidad de una de las víctimas que es menor de edad y los derechos humanos de ambas.

El magistrado Olmedo Arrocha, fiscal de la causa, no se opuso a la solicitud y la defensa tampoco. Harry Díaz dijo sentirse sorprendido porque “los que ventilaron el caso en los medios fueron ustedes”, refiriéndose a las denuncias que originalmente se filtraran en redes sociales a través de la plataforma “Claramente”.

El día lunes se realizará la audiencia de medidas cautelares.

Previamente, el magistrado Arrocha había declarado que de acuerdo con la ley, la Corte solo puede pedir la separación del cargo cuando el delito esté relacionado al ejercicio de sus funciones. Pero las diez medidas cautelares posibles están sobre la mesa y serán analizadas por el Pleno de la Corte; es decir, por los nueve magistrados.

La abogada querellante evitó dar detalles de la solicitud de medida cautelar que pedirán al Pleno, pero dijo sentirse “satisfecha con el desempeño de la audiencia” y evitó especificar cuál de las víctimas fue por la supuesta violación sexual.

Las partes tendrán seis meses a partir de ahora para armar sus casos, pero si el magistrado fiscal logra que se sustente antes, lo puede hacer.

Los hechos ocurrieron el año pasado, según confirmó la abogada de las víctimas.

A la audiencia no asistieron las víctimas por su seguridad, pero estuvieron presentes sus padres.

La querella se sustenta en la existencia de pruebas periciales, científicas, testimonios escritos e investigación de campo.

El diputado se negó a separarse de la curul en días pasados, a pesar de que varias organizaciones en defensa de los derechos humanos lo pidieron. También se lo solicitó su copartidario y presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y las diputadas Mayín Correa y Ana Giselle Rosas, ambas de Cambio Democrático.