Población penitenciaria aumenta 7% en 10 meses

La población penitenciaria del país se incrementó un 7% en diez meses. En enero de 2019, el Sistema Penitenciario Nacional, con una capacidad para 14,946 reclusos, tenía 16,685 presos, frente a los 17,469 de octubre de 2019.

El 94% de los detenidos son varones, que en su mayoría se encuentran recluidos en los centros penitenciarios La Nueva Joya (2,210), La Joya (1,670) y La Joyita (1,598). Un 57% (9,977) de los privados de libertad han sido condenados.

Víctor Orobio, abogado especialista en derecho penal, advierte de que el incremento de privados estaría relacionado al fracaso de la política personalizada, individualista y egoísta de cada gobierno. “No han reconocido que se requiere de una estrategia integral para disminuir la delincuencia”, indicó.

El penalista considera que otra de las razones que incide en el problema es el colapso del Sistema Penal Acusatorio (SPA). Las audiencias se están demorando mucho tiempo, casi igual que con el antiguo sistema de justicia, por falta de personal. Según Orobio, no existen las estructuras físicas para realizar las audiencias que se necesitan, en el tiempo razonable que establece la ley, y tampoco hay jueces. Por ello, “al demorarse las audiencias aumentan los privados”, explicó el penalista.

Otro argumento del abogado estaría relacionado con una “cultura carcelaria” de los funcionarios judiciales. “Los jueces han ido cerrando las posibilidades de que los privados obtengan medidas alternas por la presión ciudadana”, indicó.

La imposición de penas muy altas no solo podría conllevar al incremento de privados, sino que también tendría otras consecuencias. Orobio argumenta que el sistema no está preparado para albergar a grupos de personas con condenas muy largas por la falta de espacio físico y de programas de trabajos extramuros. Como consecuencia, pronto se podría tener al país con mayor cantidad de personas en las cárceles, lo que violentaría los derechos humanos, advirtió el abogado.

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), indicó que la imposición de penas más largas implica también una mayor especialización del sistema penitenciario y de los centros carcelarios para ofrecer mejor tratamientos a quienes tengan que enfrentar estas penas y en la actualidad las infraestructuras y los programas de resocialización enfrentan grandes dificultades.

En cuanto al incremento de la población penitenciaria, Araúz considera que podría estar vinculado a un aumento de conductas delictivas que ameritan una detención preventiva.

Las condiciones en las cárceles panameñas siguen siendo cuestionadas por el hacinamiento, la escasez de policías, la falta de servicios médicos adecuados y las malas condiciones sanitarias, establece un informe del Departamento de Estado de Estados de Unidos, para la prevención de la tortura, publicado en 2018.

El informe, que fue elaborado por oficiales de derechos humanos y de seguridad de la organización, plantea una serie de observaciones sobre el degradante estado de la infraestructura y el hacinamiento al que se están sometidos los privados de libertad.

Entre los puntos que destaca el informe está la existencia de detenidos que duermen en el suelo y en hamacas improvisadas. También la existencia de cableados eléctricos de alta peligrosidad y falta de ventilación, lo que vuelve a las cárceles panameñas sitios inhabitables.