Ejecutivo anuncia ajuste del salario mínimo de 3.3%

Actualizado
  • 01/01/2020 00:00
Creado
  • 01/01/2020 00:00
El Ejecutivo, a través de la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, anunció el ajuste al salario mínimo que empezará a regir a partir del 15 de enero de 2020

El Gobierno Nacional anunció un ajuste del salario mínimo de 3.3% en las dos regiones productivas en las que se divide el país, que beneficiará en mayor proporción a quienes menos ganan en las distintas actividades y ocupaciones laborales.

La ministra Doris Zapata explicó que el nuevo ajuste está prorrateado por actividades económicas.

El decreto que establece el nuevo salario mínimo se publicó este 31 de diciembre del 2019 en Gaceta Oficial y empezará a regir a partir del 15 de enero de 2020.

La titular de la cartera de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, explicó que el nuevo ajuste está prorrateado en actividades económicas.

En el sector Educación, por ejemplo, el arreglo será de 1%, al igual que en los restaurantes. En la minería será del 6%. Mientras que para el sector bananero se contempló un 8%. Actualmente existen 37 niveles de salario mínimo para 85 actividades económicas, en al menos 11 ocupaciones.

El nuevo ajuste se adoptó tras un análisis responsable de los indicadores económicos que debatieron en la Comisión Nacional del Salario Mínimo, donde participaron representantes de los empleadores, de los trabajadores y el Gobierno sin éxito en cuanto a un acuerdo entre las partes. “Hemos tomado decisiones debido a la falta de consenso en la mesa de trabajo del salario mínimo. En todos los sectores está contemplado un aumento”, mencionó Zapata.

Actualmente el país se divide en dos regiones productivas: La región 1, que abarca todas las provincias excepto Darién; y la región 2, que incluye Darién y las comarcas. El salario mínimo promedio a la fecha en la región 1 es de $721 mensuales. En la región 2 es de $563 al mes.

Zapata destacó que es la primera de tres revisiones del salario mínimo que le corresponderá analizar durante esta administración gubernamental.

El último ajuste al salario mínimo, también fijado por el Ejecutivo, comenzó a regir en enero de 2018, y fue de 6.5% para la gran empresa (de 11 trabajadores en adelante), y de 4.5% para la pequeña empresa (hasta 10 trabajadores).

De acuerdo con el artículo 174 del Código de Trabajo, el salario mínimo se revisa cada dos años, atendiendo la recomendación de la Comisión Nacional de Salario Mínimo y por decreto del Ejecutivo.

Los empresarios pidieron que no se hiciera ajustes, aduciendo desaceleración económica y augurando despidos masivos y hasta cierre de empresas. Mientras que los trabajadores pedían un ajuste mínimo del 25% para tratar de recuperar el poder adquisitivo y la calidad de vida perdida en los últimos años.

'Gobierno cedió a los empresarios'

Para Eduardo Gil, vocero del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), a pesar de que el Ministerio de Trabajo anunció un promedio salarial del 3.3%, la realidad es que ese promedio esconde que algunos sectores o salarios fueron ajustados por debajo del 1%. Este porcentaje, en los sectores en los que se ha establecido, asegura, representa solo un ajuste de 2 centavos por hora, lo cual, según Gil, lo ubica entre los peores ajustes salariales de los últimos 20 años.

“De parte del Conato realmente lamentamos que pese a toda la argumentación y sustentación que ha presentado el sector de los trabajadores en cada una de sus propuestas, este gobierno haya cedido al chantaje emprendido por el sector empresarial”, precisó.

'La carga la tendrá el sector privado'

Mientras que Julio De La Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), manifestó que como sector empresarial sienten que su propuesta, es decir, aplazar el análisis del salario por 12 meses, era lo apropiado con base en las condiciones económicas existentes.

Tras la decisión, De La Lastra señaló que quisieran ser optimistas y decir que “saldremos de esta crisis, pero todo dependerá de qué tan afectadas estén las respectivas empresas”.

Expresó que el Ejecutivo ha hecho lo por que mandato le correspondía y era decidir entre las posiciones de ambas partes. “Respetamos este derecho, ya que siempre defenderemos la institucionalidad, pero significa que la carga la tendrá el sector privado, quien seguirá empujando la carreta, invirtiendo en nuestro país, arriesgando nuestro capital, generando valor, creando empresas y generando empleos”.

Destacó que el mensaje que pueden enviar es aprovechar esta coyuntura para que a futuro “evitemos este gran desgaste, eliminemos la discrecionalidad e incorporemos la predictibilidad en cada revisión bi-anual”.

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