Diputados proponen inhabilitar a empresas condenadas por corrupción y con acuerdos de colaboración

Diputados de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, incluyendo miembros del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), presentaron una modificación al proyecto que modifica la Ley de contrataciones públicas, y que a diferencia de la propuesta del Ejecutivo, permitiría inhabilitar de contratar con el Estado, a las empresas condenadas por delitos contra la administración pública o con que hayan logrado acuerdos de colaboración.

La propuesta que modifica el numeral 8 del artículo 12 del proyecto, impulsada por el diputado independiente Gabriel Silva, fue firmada por otros diputados de esta instancia incluyendo miembros del oficialismo y la misma deja clara la incapacidad legal para contratar a aquellas personas naturales que hayan sido condenadas, en los cinco años que anteceden a la convocatoria del acto público, por sentencia judicial definitiva por la comisión de delitos contra la Administración Pública; delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico y delitos contra la fe pública con penas de prisión de uno o más años, por un tribunal panameño o extranjero.

También se aplicará esta inhabilitación en el caso de personas jurídicas cuando hayan sido condenadas por sentencia judicial definitiva por los delitos anteriormente descritos por tribunal panameño o extranjeros; siempre que el delito esté vinculado a las actividades de la empresa o a sus afiliadas, consorciadas o accionistas.

De igual manera se propuso modificar el numeral 9 del artículo 12 de este proyecto que también establece como una limitación para contratar con el Estado, el haber realizado acuerdo de colaboración judicial o acuerdos de pena en los cinco años que anteceden a la convocatoria del acto público en donde reconocen la comisión de delitos contra la administración pública, delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico y delitos contra la fe pública.

Al ser consultado sobre esta propuesta, el jefe de la Dirección General de Contrataciones Públicas; Raphael Fuentes manifestó que la entidad responsablemente tiene que entrar a analizarla para ver si cumple con lo establecido en la ley o en otras leyes que no invaliden la misma.

Hay presiones

Fuentes también se refirió a las supuestas presiones que según el diputado perredista Crispiano Adames está sufriendo esta entidad.

En tal sentido, Fuentes expresó que las presiones siempre van a existir, pero la integridad no solo del director de Contrataciones Públicas y la Dirección de Contrataciones Públicas se tiene que preservar.

“Obviamente hay presiones políticas y hay presiones comerciales, pero obviamente se va a definir cada una de las licitaciones cada uno de los reclamos al debido proceso, al cumplimiento de la ley de contrataciones públicas que es por lo que tenemos que inclinarnos”, precisó Fuentes.