Ejecutivo mantiene engavetada ley de moratoria en pago de servicios públicos

El Órgano Ejecutivo mantiene sin sancionar el proyecto de ley 295 que establece la suspensión del pago para las obligaciones de telefonía fija y móvil, internet y energía eléctrica; por un periodo de hasta cuatro meses, a pesar de que ya ha transcurrido casi un mes desde que el pleno de la Asamblea Nacional lo aprobara de forma unánime en tercer debate.

El proyecto recibió el aval de los diputados de diversas bancadas en el pleno, el pasado 31 de marzo, siendo esta iniciativa impulsada por el diputado del oficialista del Partido Revolucionario Democrático (PRD), la primera de varios tipos de moratorias aprobadas por el Legislativo como medidas para aliviar la situación económica de trabajadores informales y personas que han sido despedidas o se les ha suspendido sus contratos de trabajo por la crisis sanitaria generada por COVID-19.

El proyecto, aún por sancionar o vetar, establece además que suspensión en el pago de servicios públicos será a partir de la factura del 1 de marzo pasado, y aplicaría a aquellos clientes con un salario inferior a $2 mil mensuales, que han sido destituidos o no están laborando por la crisis del COVID-19. La medida también beneficia a los jubilados y pensionados.

También dispone el cese del pago de la energía eléctrica y la telefonía (fija, móvil e internet). La iniciativa original incluía, además, la suspensión del pago del servicio de agua potable y la tasa de aseo, pero eso fue retirado.

Diversos sectores han reclamado al Ejecutivo la sanción de este proyecto de ley, y mucho más luego de que esta semana se denunciara el corte del servicio de energía eléctrica a una residencia, por parte de una de las empresas distribuidoras.

Tras este hecho, el presidente de la República, Laurentino Cortizo reiteró el pasado miércoles 22 de abril, que en Panamá no habrá cortes del suministro eléctrico por los próximos tres meses.

También, en un mensaje a través de su cuenta de Twitter, el mandatario informó que dio instrucciones al Administrador de Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), Armando Fuentes, para que ordene a las distribuidoras la revisión de todas las facturas de energía eléctrica del mes de marzo.

A lo largo del mes de abril, diputados de todas las bancadas han insistido al Órgano Ejecutivo en la necesidad de que se sancione el proyecto de ley 295 y los proyectos 287 impulsados por la diputada Zulay Rodríguez; del (PRD) y el 281 de la diputada Ana Giselle Rosas; de Cambio Democrático (CD), que fijan moratorias en el pago de compromisos bancarios. Hasta el momento ninguno ha sido sancionado o vetado.