Justicia y severidad de las autoridades, otra arista de la desigualdad en Panamá

La manera como la autoridad lidia con personas que han infringido las normas de cuarentena por la covid-19, donde pareciera haber un trato diferenciado, mayor severidad en los barrios populares y laxitud en zonas acomodadas, vuelve a poner sobre la mesa una vieja discusión en Panamá: el problema de la desigualdad.

Para Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), los hechos de mayor dureza  en las áreas pobres no es nueva, ni  ha sido provocada por la pandemia: "Se trata de una desigualdad que nuestro país ha tenido desde hace mucho tiempo, es el constante tratamiento diferenciado de la justicia", aseveró. 

"No es lo mismo el trato que hubo en un edificio con una piscina en Patio Pinel que el que hubo con ciudadanos en Buenaventura, ni en las otras áreas sociales donde hay personas que han incumplido con las normas", señaló Araúz.

La desigualdad "es un tema que nos atañe a todos, empezando con las autoridades, la ciudadanía y los medios de comunicación que no escapan al reproche porque es cierto donde hay casos donde se registran las infracciones en barrios populares, la severidad con la que se ha tratado es visiblemente más enérgica y con otros actos (en estatus más altos) hay es una cautela", comentó el jurista.

El abogado detalló que cuando "se captan las imágenes en hechos ocurridos en sitios de extractos populares estás salen tal cual en la pantalla, no ocurre lo mismo con la clase más alta cuyos rostros son pixelados, entonces allí hay un tratamiento diferenciado que existe en nuestro país", señala Araúz y agrega "pareciera que hay ciudadanos de primera categoría y segunda categoría. Es un tema a trabajar por todos".

Para el presidente del CNA  el asunto no es solo del trato de la autoridades policiales sino también de como se aplica la justicia "siempre ha existido una severidad para quien no tiene los recursos para defender sus derechos". 

"La justicia debe ser con protocolos y normas escritas, para evitar que a unos sí y a otros no", dijo.

Por su parte, Mario De León, sociólogo distinguió que el trato no está vinculado a la crisis sanitaria por la covid-19, pues este manejo "especial" es mucho anterior a la pandemia. 

"Hay un trato preferencial para los sectores más adinerado de este país, incluso para la clase media donde los estamentos de seguridad tienen para con ellos un trato diferente a los ciudadanos de sectores populares. Detrás de eso subyace distintos factores, los estamentos de seguridad han sido formado en academias para hacer esos tratos diferenciados", reflexiona sociólogo.

Si bien es cierto, ninguna institución de suguridad o judicial reconoce que existe en tratao diferenciado por razones de clase social, en la práctica esta situación tiene lugar; algo que De León considera tiene que ver como están concebidas las mismas instituciones. 

"Los estamentos de seguridad que existen en Panamá están para mantener el estatus quo, es decir que los sectores populares vienen siendo un grupo que puede reinvertir ese estado, la Policía está para conservar lo que hay, es decir, el estatus quos donde unos tienen más y otros menos. Los que pueden parecer subversivo a ese estatus quo a ese se le reprime", sentenció.

De León destaca que la sociedad panameña las desigualdades no solo son de clase sino también raciales. Considera que el racismo solapado en el país se puede encontrar en diferentes tanto en los sectores populares como en las personas adineradas. 

El sociólogo destacó que "si los estamentos de seguridad se comportarán con la misma dureza que con los sectores adinerados o clase media de Panamá, serían sancionados en su propia institución porque ya allí pesa la influencia que no tiene los pobres. Los policías puede ser reprendidos, sancionados e incluso destituidos". 

Ante lo anterior explica: "Aunque encuentre a la persona incumpliendo quizás no se atreva a sancionar a esa persona por temor a una represalia por lo que buscaría el dialogo con los integrantes de esos sectores; mientras que con los sectores populares le cae el martillo directamente porque el oficial sabe que no hay una consecuencia posterior".