Una designación tardía y con muchas interrogantes

En lo personal me genera muchas dudas. Confieso que nunca había escuchado de él, lo que me pareció raro pues en este país las personas, y sobre todo las organizaciones que defienden los derechos humanos son casi siempre las mismas, que tienen años trabajando y haciendo esfuerzos desde distintos sectores. Luego de ver su hoja de vida, quedé preocupado, no solo porque carece de formación especializada en derechos humanos, lo cual sería ideal, sino porque tampoco parece tener ninguna experiencia o trayectoria fuera del sector bancario y financiero. Con el respeto que se merece, como persona, y como profesional que es, me pareció que tiene más el conocimiento y la experiencia para ser un excelente superintendente de Bancos.

No digo que quien aspire al cargo deba ser alguien que se dedique exclusivamente a la defensa de los derechos humanos, y nada más. Aunque en Panamá los hay. Pero bien podría ser una persona que habiendo estado vinculada a diferentes áreas profesionales, tenga trayectoria, o al menos formación en derechos humanos.

La agenda de la Asamblea es un fiel reflejo de las prioridades de quienes la manejan. Toda la vida hemos sido testigos de cómo, cuando les interesa, los diputados rápidamente aprueban leyes, traslados de partida, designaciones, citaciones a funcionarios, etc. El país sabe muy bien lo que son los madrugonazos, los “camarones” legislativos, los “debates” a tambor batiente, y toda una serie de artimañas que utilizan cuando se trata de beneficiarse ellos mismos y a sus donantes de campaña. Entonces lo ocurrido solo nos vuelve a reafirmar algo que ya sabemos con certeza: los derechos humanos de los panameños no son la prioridad de quienes tienen el poder en la Asamblea Nacional.

Tiene un efecto devastador que afecta la ya golpeada credibilidad, y por tanto la legitimidad de la institución. Es bastante sencillo en realidad, ¿usted pondría su dinero en un banco donde el gerente es un defensor de derechos humanos y no un banquero? Pues es exactamente lo mismo. La institucionalidad depende en gran medida de la credibilidad, que debe iniciar por la cabeza.

A la Defensoría del Pueblo no se le ha dado la relevancia que le corresponde, y ese es un problema que tenemos que resolver. Ser la institución llamada por Constitución a velar por la protección de los derechos humanos no puede ser un asunto de segunda importancia. Además de la ya expresada necesidad de tener al frente de la institución a una persona especializada, con amplia trayectoria, y de compromiso probado en materia de derechos humanos, la Defensoría requiere sin lugar a dudas de un mayor presupuesto que le permita llegar a todos los rincones del país. La discriminación que hay en Panamá con el interior del país es inaceptable, sobre todo cuando se trata de derechos humanos. Finalmente, creo que el problema de la Defensoría no es más que una ramificación de nuestra crisis política. Es otra institución que lamentablemente ha sido cooptada y convertida en botín político para atender intereses particulares. Para rescatar y redignificar la Defensoría, sostengo que es necesario, obligatoriamente, un rediseño institucional que revise incluso los procesos tanto de selección, como de remoción del defensor o defensora según están en nuestra actual Constitución. Para saber a qué clase de Defensoría aspiramos, primero tenemos que tener bien claro qué clase de país queremos. Bajo el sistema actual, seguiremos viendo el mismo vergonzoso rejuego político que históricamente ha tenido la Asamblea Nacional.

La designación de un defensor del Pueblo en propiedad era una exigencia impostergable; no se justificaba la no ratificación de un profesional con la idoneidad y capacidad suficiente para el desarrollo de una labor tan urgente como es la defensa y promoción de los derechos humanos en Panamá. Lo lamentable es los criterios utilizados.

Las funciones de la entidad exigen que sea dirigida por una persona especialista en la materia; esta institución fue un logro para fortalecer la institucionalidad panameña, y tanto la designación del titular como el ejercicio de sus funciones tiene que basarse en conocimiento, capacidad e independencia. Hay múltiples entidades en las cuales se puede designar a una persona de acuerdo con su especialidad; estos espacios que han sido muy llamativos para los diferentes gobiernos, deben dejar de ser utilizados como un lugar no especializado y sin el personal apto y, por ende, sin la capacidad de actuar de manera adecuada.

Lo lamentable es que haya demorado tanto en ratificar a una persona en propiedad, solo espero que esta designación responda al cumplimiento de las responsabilidades legales de nuestros órganos del Estado y que no sea por motivos políticos.

Todas las acciones que se realicen en una sociedad tan resquebrajada como la panameña, mandan un mensaje de desasosiego y de falta de esperanza en las autoridades. La primera responsabilidad y respeto de los funcionarios es aceptar cargos contando con la capacidad y conocimiento para desarrollarlo; que no se cumpla con este mandato es un balde de agua fría a un país que necesita una hoja de ruta clara para salir de un laberinto que se profundiza cada día.

Identificar las entidades que no pueden ser utilizadas como espacios políticos. Hay entidades técnicas que exigen a las mejores personas trabajando, que pueden ser del mismo partido político o de cualquier otro, pero que desarrollen una labor técnica y basada en el profundo respeto de los derechos humanos El conocimiento técnico y capacitación que reciben los funcionarios de la Defensoría debe ser valorado y respetado por quienes dirigen; invertir en especialistas y después desecharlos debe ser deplorado. Vigilancia de la sociedad en general; hay que hacer un llamado urgente para que los limites estén claros y que no se tengan osadías que pasan facturas muy costosas a una sociedad.