Contraloría refrenda contrato de hospital modular

Tras una serie de cuestionamientos en cuanto a su costo y en torno al uso de supuestos equipos de segunda mano, la Contraloría General de la República refrendó el contrato del hospital modular Panamá Solidario, construido por la empresa SmartBrix Centroamérica a un costo de $6.5 millones.

La Contraloría había devuelto el pasado 8 de junio el contrato al Ministerio de Obras Públicas (MOP), tras considerar que había aspectos económicos, técnicos y de fiscalización que debían ser precisados por el MOP –durante esta etapa de evaluación del procedimiento administrativo– para el perfeccionamiento de la intención contractual.

Pero la tarde de este jueves, la Contraloría informó en un comunicado que al término del profundo proceso de revisión y del espacio de apertura ciudadana para conocer las opiniones de carácter legal, técnico, financiero, de fiscalización y de procedimiento de los interesados, comunicó el refrendo del contrato.

“Después de más de 1,255 horas-hombre aportadas por más de 32 expertos idóneos que acumulan más de 500 años de experiencia profesional, se estableció categóricamente que el valor del contrato No. AUL-2-07-2020 es justo y razonable, pues el precio acordado entre las partes está por debajo del rango medio entre el mínimo determinado por esta institución y el máximo posible en la industria de la construcción”, indicó la entidad fiscalizadora.

En consecuencia, la Contraloría General de la República comunicó que refrendó el contrato No. AUL-2-07-2020 del hospital modular integrado Panamá Solidario.

Informa la institución que, en esta ocasión, determinó que se mantuvo el modelo de “diseño y construcción”, pero sin anticipo o pago alguno, a diferencia de los estándares de contratación en la década anterior, que consistían en diseño y construcción con el adelanto o anticipo de millonarias sumas de dinero a favor de los contratistas.

Consideró la entidad que en su fiscalización se ha velado por la salvaguarda de los intereses del Estado, en primera instancia, y que lo más importante ha sido satisfacer las urgentes necesidades sanitarias de la población y asegurar los intereses económicos del erario público.

“La etapa de refrendo del contrato es previa a cualquier desembolso que se hará con posterioridad y que dependerá de un recibo conforme del Ministerio de Obras Públicas y de la fiscalización en campo de la Contraloría General, etapa en la que se permiten hacer los ajustes económicos, según los hallazgos físicos que se determinen previo a su pago”, enfatizó la institución en el comunicado.

La Contrarloría agradeció el esfuerzo de la sociedad y de los especialistas en el área, que mostraron su interés públicamente en esta contratación. “Los comentarios recibidos durante la semana del 21 al 28 de agosto fueron valorados por sus aportes a la transparencia en esta etapa y a la mejora en la gestión de gobierno abierto que maximice la eficiencia de la gobernanza”.