Investigación a Senniaf y albergues revela 'omisiones' y 'falencias' en funciones

Las investigaciones que se siguen a la reciente denuncia por supuestos maltratos a menores en un albergue en Tocumen, han puesto en el tapete las “falencias” e irregularidades que existen en algunos de estos hogares en los que cientos de niños buscan refugio, pero en su lugar terminan siendo víctimas en ellos. En lugar de protección encuentran un infierno de violencia y atentados contra sus derechos humanos.

Fuentes de la subcomisión, de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional nombradas para llevar a cabo el proceso de investigación que se le sigue a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y a los albergues en Panamá, en específico, adelantaron a La Estrella de Panamá que entre los primeros hallazgos se detectó que en el país podrían haber unos 17 de estos refugios para menores operando sin los permisos correspondientes, de los más de 50 que hay en el país.

En el proceso de investigación documental que se está adelantando, y en el interrogatorio realizado a la directora del Senniaf, Sara Rodríguez, se están evidenciando posibles “omisiones por parte de la Secretaría, pese a que esta entidad está llamada a velar por los derechos y el interés superior de niños y adolescentes”, reveló a este diario la diputada suplente y miembro de la subcomisión de la Asamblea Nacional Walkiria Chandler.

“Las pesquisas y análisis que se han hecho hasta el momento dan cuenta de que (en la Senniaf) hay muchas falencias”, sostuvo Chandler, y añadió que en dicha entidad “se han estado tomando decisiones carentes de lógica que colocaron en estado de indefensión y mayor vulnerabilidad a los menores”.

Destacó que, en el proceso se detectó que “no se tomaron acciones correctivas oportunas; se desatendieron informes; la población de jóvenes rebasa las posibilidades de atención especializada de los escasos funcionarios capacitados y en ejercicio real de sus cargos. Es preocupante la cantidad de incongruencias que estamos encontrando”.

Reiteró que, en su comparecencia, la directora del Senniaf aseguró “con algo de orgullo, que habían detectado siete albergues operando sin los permisos pertinentes”, de los 55 que se estima hay en todo el país.

Este medio intentó contactar a Rodríguez, pero a pesar de los múltiples mensajes y llamadas, fue infructuoso.

Sin embargo, en menos de un mes, los datos recabados por la subcomisión muestran que el número de albergues que operan sin los permisos respectivos en las distintas provincias del país podría ser mayor de lo que Rodríguez expresó. Mientras que otros 15 refugios de menores habrían estado funcionando con permisos de operación provisional.

“En solo tres semanas de conformada la subcomisión que investiga, llegamos a tener conocimiento de 17 albergues que operan al margen de la legalidad. Lo más alarmante del caso es que se trata de la vida de niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad”, expresó la diputada suplente.

Para el sociólogo Alonso Ramos, el caso sobre las denuncias de abusos a niños y adolescentes en el albergue administrado por la Fundación de Atención Integral Chilibre Panamá (Funchipa), ha dejado al “descubierto” las múltiples “debilidades” institucionales de la Senniaf, así como la situación crítica y de “indefensión” en que está una parte importante de la niñez del país.

Como parte del equipo de asesoría técnica de la subcomisión que lleva a cabo la investigación, Ramos expresó que las evidencias recabadas a partir del trabajo documental alertan sobre posibles “omisiones” por parte de las autoridades responsables de Senniaf, en cuanto a la supervisión de las condiciones biopsicosociales en que se encuentran los niños y adolescentes dentro de los albergues.

Precisó que otro elemento que han podido constatar es la “desprofesionalización” del personal que trabaja en la institución.

Y es que, a su parecer, la manera “clientelar” como se maneja la institucionalidad social del país lleva a que las políticas públicas no trasciendan más allá de los cinco años de cada gobierno, lo que “impacta” en la estabilidad laboral de los profesionales que se desempeñan en estas instituciones ya que, al no contar con una carrera administrativa real, son removidos para abrir espacio en las planillas, lo que es usado para cumplir con las promesas electorales.

“Mientras esto se mantenga así, el país no podrá revertir la situación precaria en que se encuentran muchos niños y adolescentes”, advirtió el especialista en sociología.

En ese sentido, Chandler dijo que ven “con preocupación que la titular de la institución no tiene claridad del organigrama y de las funciones de unidades subalternas, como es el caso de la dirección de protección que tiene que ver directamente con el tema de los albergues”.

Además “se muestra poca capacidad institucional para supervisar las condiciones biopsicosociales en que se encuentran los niños y adolescentes dentro de estos espacios, llegando la subcomisión a constatar que se mantenía a niños con adultos en rehabilitación por el uso de drogas”.

Pero, ¿en quién recae la responsabilidad de los permisos a los albergues?

Ramos explicó que la Constitución Política en su artículo 56 establece que “el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará su derecho a la alimentación, la salud, la educación, la seguridad y previsión social”.

En ese sentido, la institución rectora de los temas de niñez en el país es Senniaf. “Si bien el sistema de albergues no es administrado por Senniaf, la institución es responsable de otorgar los permisos de funcionamiento y de velar porque estas fundaciones y oenegés cumplan con el principio del interés superior del niño”, sostuvo.

Añadió que “estas organizaciones reciben subsidios por parte del Mides, es decir, administran fondos públicos, por lo que el trabajo de Senniaf debía ser muy incisivo, pero en la práctica ha estado sucediendo lo contrario”.

Respecto a la frecuencia de casos de maltratos y abusos a menores en los albergues del país, Chandler expresó que han podido documentar que la incidencia “es mayor de lo que se notifica”, ya que “son reiteradas las ocasiones en que no se adelantan denuncias ni investigaciones sobre las irregularidades en los tratos con los menores en los albergues”.

Lamentó conocer de un caso en particular en que “una trabajadora social presentó un informe al Senniaf sobre un caso de abuso sobre un menor con discapacidad mental, y la institución no hizo nada. De hecho, destituyó a la trabajadora social que alertó sobre lo ocurrido”.

Cuestionó que con este hecho “se evidencia una desprofesionalización del personal que trabaja en la institución producto del manejo politiquero y clientelar de Senniaf”.

Para Chandler, lo anterior “redunda en que los temas de niñez y adolescencia no estén siendo manejados por el personal técnico que se necesita en un país donde hay casi un millón y medio de niños y adolescentes. Además, las condiciones laborales del personal no son las mejores ya que, entre otras cosas, están sujetos a los vaivenes político-electorales de cada cinco años”.

Por último, adelantó que como parte del proceso de investigación avanzarán con más entrevistas a personal técnico con experiencia en la materia, con personas que en su momento fueron niños internos en estos albergues, con personal que laboró y labora en estos centros.

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia creó la subcomisión para investigar el funcionamiento y desempeño institucional de Senniaf en general, y la situación de los albergues en Panamá, en específico, tras una serie de denuncias públicas por supuestos maltratos a menores de edad que comenzaron a circular en distintos medios del país desde inicios de agosto pasado.

El albergue infantil de niños que funcionaba bajo la administración de la Fundación Chilibre Panamá, en Tocumen, fue allanado y tomado por el Senniaf, luego de que la misma institución denunciara los hechos.

Como resultado, se conoció que todo el personal que allí trabaja fue reemplazado por otro equipo nuevo, mientras que el destino de los más de 50 niños que se refugiaban en el lugar aún permanece en la incertidumbre. La Fiscalía Superior de Familia del Ministerio Público inició la investigación de ese caso a mediados de agosto.

Esfuerzos contra la violencia a la niñez y adolescencia Panamá cuenta con una “Estrategia nacional multisectorial para la prevención de la violencia contra niños y adolescentes 2018- 2022”, un esfuerzo conjunto liderado por el Gobierno de la República de Panamá a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y la Comisión Nacional Intersectorial para la Prevención de la Violencia contra Niños y Adolescentes.

El documento proporciona un panorama amplio de la situación de la niñez, de los entornos que los rodean y las acciones para su protección, atención y respuesta frente a la vulneración de sus derechos, pero no expone el maltrato que sufren los menores en los albergues del país.

Su hoja de ruta de implementación constituye además una herramienta crucial para que el país pueda avanzar decididamente en la implementación de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la construcción de un mundo libre de violencia para la niñez, sin dejar a nadie atrás.

Sin embargo, para Chandler “no hay manera alguna de resarcir a estas criaturas del infierno por el que atravesaron en los albergues; no estamos frente a una herida que sanará con un curita. Profesionales como sociólogos, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales advierten de que las repercusiones psicoemocionales les acompañaran el resto de sus vidas y que necesitarán atención especializada”.