Recortes comprometen la administración de justicia

'El presupuesto de la justicia no se regatea'. Así de tajante es el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, al ser consultado sobre el recorte de $96 millones que experimentó el presupuesto de inversiones y funcionamiento del Órgano Judicial. El abogado agregó que mientras no exista autonomía financiera, tampoco habrá independencia judicial.

Araúz realizó un enérgico llamado al poder político para que se respete la justicia, que experimenta mayor necesidad en medio de la pandemia.

“Si seguimos este rumbo, resultará mejor cambiar el nombre al Órgano Judicial y llamarlo secretaría nacional de justicia... No estamos tratando a la justicia como un órgano del Estado”, concluyó el presidente del gremio.

Alfonso Fraguela, abogado y ex vicepresidente de la misma organización, coincidió con Araúz. Para él, los ajustes presupuestarios demuestran un interés por mantener limitada una institución que es pilar de la democracia.

El Órgano Judicial experimenta críticas históricas como la mora judicial, la escasez de instalaciones apropiadas para recibir y atender los casos que llegan todos los días, la falta de personal y la modernización de los expedientes.

La reducción presupuestaria transforma la administración de justicia “en un sistema de cristal, que es vulnerable a la impunidad. Parece que los diputados confunden a la dama de la justicia con la cenicienta de Disney. Lo único que aquí no se casará con el príncipe del reino, sino que seguirá lavando y trapeando para las hermanas como establece el cuento”, expresó Fragela.

Carlos Lee, presidente de la Alianza Ciudadana pro Justicia y miembro de la Comisión de Estado por la Justicia, sostiene que el presupuesto viola el Artículo 24 de la Constitución Nacional, en su primer párrafo, que establece que debe definirlo el Ministerio Público y el Órgano Judicial, y remitirlo oportunamente al Ejecutivo para ser incluido en el presupuesto general del sector público.

“Todo recorte que se haga es contrario a este precepto constitucional. Con la consecuencia conocida de que entorpece el adecuado funcionamiento de la administración de justicia”, explicó Lee.

Los recortes presupuestarios afectarían la implementación de la Carrera Judicial y frenaría las mejoras al Sistema Penal Acusatorio (SPA) y cerca de 12 leyes que tienen que ver con la justicia.

La carrera judicial no ha podido implementarse adecuadamente por falta de recursos. La nueva jurisdicción de transparencia e integridad que debe resolver las denuncias contra los jueces no se ha hecho realidad. También están pendientes los nombramientos por méritos.

La falta de nombramientos y adecuación de las instalaciones del SPA son efectos directos de los recortes.

“Es una forma muy clara de afectar la independencia de la administración de justicia y, en alguna manera, de politizar este servicio que debe gozar de independencia económica y funcional”, concluyó el presidente de la Alianza Ciudadana pro Justicia, una organización que impulsa desde la sociedad civil el seguimiento y cumplimiento de la reforma judicial, en la búsqueda de mejorar la administración de justicia del país.

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis Ramón Fábrega Sánchez, y la secretaria administrativa Vielza Ríos presentaron ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el anteproyecto de presupuesto del Órgano Judicial para el año 2021, que asciende a $279 millones. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó $182.2 millones.

Ríos hizo una comparación del presupuesto de la entidad con los asignados a los poderes judiciales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Chile y República Dominicana.

“Como referencia, el poder judicial de nuestro hermano Costa Rica, quien posee una población de alrededor de 5 millones de habitantes, el presupuesto para el año 2020 fue de $820 millones; dejando a Panamá para este mismo periodo por debajo de estas asignaciones, tomando en cuenta el presupuesto asignado a la entidad que fue de $121 millones”.

“Panamá tiene por cada 100 mil habitantes un promedio de 11,8 jueces. El estándar internacional, determinado por OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), es de 65 jueces por cada 100 mil habitantes, lo que deja al país lejos de ese promedio”, aseguró Ríos.

Para 2021 las prioridades del presupuesto de funcionamiento son $30 millones para gastos recurrentes y $10 millones para implementación de leyes aprobadas.