Un 4% de los casos de 'alto perfil' ha concluido en condenas

A mediados del año 2014, los fiscales anticorrupción hicieron un importante anuncio al país. Se iniciaría una serie de investigaciones de “causas complejas” para altos funcionarios, empresarios y abogados, por presuntos delitos en contra de la administración pública.

Han pasado seis años de aquellas manifestaciones que acapararon la atención de la opinión pública, pero de las más de un centenar de investigaciones que se desarrollaron desde 2014 hasta 2018, solo se ha logrado la condena en tres de estos casos, lo que se traduce en un 4% de condenas, según se desprende de un informe estadístico elaborado por el Ministerio Público hasta julio de 2020.

Para nadie es un secreto que la ciudadanía se siente decepcionada luego de tan emblemático anuncio que hiciera para esa época el Ministerio Público, declaraciones que estuvieron acompañadas de auditorías, allanamientos, arrestos, detenciones preventivas, incautaciones de bienes y la imputación de cargos contra 1,308 personas. Hoy, salvo contados casos, una parte importante de esas acciones se ha revertido a favor de las personas investigadas.

Alfonso Fragela, litigante y ex vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, relaciona este bajo porcentaje de condenas con expedientes mal armados de parte de los fiscales, que obligan a los jueces a otorgar sobreseimientos provisionales. “No hay condenas porque los expedientes son adelantados sin las pruebas necesarias para demostrar la responsabilidad penal de los investigados dentro de un proceso penal en perjuicio del Estado”, concluyó Fragela.

Otro de los elementos que ha provocado que los expedientes no se manejen con la celeridad que espera la ciudadanía, está relacionado con la alta carga procesal que provoca que los tribunales no pueden hacerle frente al volumen de los casos. “No se tiene el andamiaje para el volumen de procesos que se llevan a cabo”, agregó Fragela.

Según el abogado, no les corresponde a los jueces la responsabilidad de sancionar a las personas sin pruebas que demuestren su responsabilidad, por ende esta misión de probar la comisión de un hecho punible y de quienes son las personas señaladas como delincuentes, es exclusiva del Ministerio Público.

“Si el expediente es mal manejado y no hay elementos que lo acusen, el juez o los magistrados no tienen que enjuiciar o declarar culpable a las personas”, concluyó Fragela.

Según el informe estadístico, en los tres procesos que han concluido satisfactoriamente con decisiones de condenas para el Estado se mencionan los siguientes. El sobrecosto en la compra de llantas de vehículos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), en el que Rafael Guardia, exdirector de la institución, se acogió a un acuerdo de colaboración.

La condena de 96 meses al exdirector de ingresos Luis Cucalón, por peculado y corrupción en el contrato que otorgó a Cobranzas del Istmo para cobrar impuestos morosos, también se encuentra entre los que han concluido satisfactoriamente para la institución.

A estos dos hay que sumar la condena de 60 meses que se aplicó a Ignacio Fábrega por el delito de corrupción de servidores públicos, después de probarse que reveló información confidencial de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Además, la oficina de instrucción alcanzó una condena mixta a funcionarios que eran miembros de una red de corrupción que, junto con particulares, ordenaban medidas cautelares, como excarcelación y traslados, rebaja de penas y alteración de documentos a detenidos en las cárceles La Joya, La Joyita y el Centro Femenino de Rehabilitación.

Juan Carlos Araùz, expresidente del Colegio de Abogados, tiene otra visión que ha provocado esta baja efectividad en los procesos conocidos como “causas complejas” o “casos de alto perfil”; para este profesional del derecho, todo tiene su origen en la cantidad de recursos que han interpuesto los abogados defensores que detienen el trámite ordinario del proceso en espera que se resuelvan.

Sus palabras explican los datos estadísticos del Ministerio Público que revela que 57 investigaciones tienen el estatus de “paralizadas y en espera”, que indica que están por resolver algún recurso que ha detenido el trámite ordinario.

Esta cifra representa un 52% de las investigaciones de “alto perfil” que adelanta el Ministerio Público; están en manos de los jueces.

Investigaciones tan emblemáticas como Odebrecht Suiza, cinta costera 1,2 y 3, sistema de riego Remigio Rojas, autopista Panamá Colón y Techos de Esperanza se encuentran en esta condición. Hay, incluso, cerca de 31 investigaciones que contabilizó este medio, que datan de los años 2014 y 2015, con este estatus.

En el mismo periodo se han otorgado 22 sobreseimientos provisionales. La tercera línea de trasmisión eléctrica, Renovación urbana de Curundú, Bolsas navideñas y carretera Santiago-Viguí han sido algunos casos en los que no hay suficientes elementos para lograr una condena.

Víctor Orobio, abogado especialista en derecho penal, comparte la opinión de su colega Araúz, y explica que todo tiene que ver con el hecho de que los procesos de “causa compleja” se desarrollan dentro del sistema mixto inquisitivo, que permite que se presenten incidentes que en un proceso constituyen mecanismos de dilatación. Otro punto a considerar, en el que coincide con su colega Fragela, es que hay pocos jueces para la cantidad de procesos penales.

Orobio no vislumbra un futuro mejor para la justicia. “Ahora será peor con solo tres juzgados que han quedado para liquidar los casos pendientes”. Esto –según el penalista– traerá como consecuencia que procesos concluyan por prescripción de las acciones penales.

“A final de cuentas perdemos todos, porque una justicia representa violación al derecho a la tutela judicial efectiva a que todos los ciudadanos tenemos derecho”, concluyó Orobio.

Por su parte, al abogado Ángel Álvarez le interesa que la justicia camine con celeridad, pero sin ningún grado de selectividad. Asegura que se le da más relevancia a los casos de “alto perfil” en comparación con los expedientes del resto de los mortales, porque estos últimos no son de importancia para el lente y la luz de los medios.

Se suma a las opiniones de sus colegas que aseguran que lo casos de “alto perfil” pueden documentar que el sistema penal acusatorio es más efectivo que el sistema inquisitivo. “Estoy seguro de que las estadísticas pueden medir que la escrituralidad versus la oralidad es clave en la agilidad del sistema”, explicó.

Actualmente, el Ministerio Público mantiene 64 procesos en investigación de diferentes administraciones gubernamentales. Las cifras, sin embargo, no hacen referencia al número de detenidos, que prácticamente es ninguno.