Señalan ilegalidad en proyecto de ley de pesca

Tras la discusión en primer debate del proyecto de ley que propone una nueva ley de pesca para Panamá, más de 30 organizaciones ambientales y/o vinculadas a las ciencias naturales rechazan la exclusión de las organizaciones de investigación científica y las oenegés de carácter ambiental marino como parte de la Comisión Nacional de Pesca Responsable.

El pasado viernes 22 de octubre, la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 13 de 2020, que regula la pesca y la acuicultura en la república de Panamá, según los manifestantes, “desoyendo los llamados de los grupos ambientales y científicos por evitar que se adopte la redacción propuesta para el artículo 152”.

Aseguran que dicho artículo “amplía la participación de los representantes del sector pesquero, a expensas de la representación de las organizaciones de investigación científica, de las oenegés de carácter ambiental marino, y del Ministerio de Ambiente”.

Advierten que la redacción aprobada en esta propuesta, además, le “resta liderazgo” a la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP) como autoridad rectora, al eliminar su rol de presidente de la comisión y designarle el de secretaría de la comisión.

Lo que pasa, explicó la abogada del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) María Gabriella Dutari, es que tal y como fue aprobado en primer debate, el proyecto 131 modificaría la Ley 44 de 2006, para excluir de la Comisión Nacional de Pesca Responsable al Ministerio de Ambiente, al representante de organizaciones de investigación científica y al representante de las oenegés de conservación.

Dutari expresó que esto es algo que contradice el mismo Código de Conducta de Pesca Responsable, que recomienda fomentar la plena participación de las partes interesadas en la lucha contra la pesca ilegal.

“La comisión es un ente consultivo cuya función es dar recomendaciones para el desarrollo sostenible de la pesca. La perspectiva y experiencia de estos actores es relevante y tiene qué aportar para ese fin”, manifestó.

Por su parte, la abogada y ambientalista María Soledad de Porcel fue más allá al expresar que “el pretender eliminar la participación del Ministerio de Ambiente, es ilegal, porque la ley que lo crea (Ley 8 del 2015) le concede competencia en el tema”.

Añadió que “por eso la ARAP se opuso a sacar de la junta directiva... al Ministerio de Ambiente. Le aclaró que esto había sido solicitado por los pescadores, al igual que la eliminación de los centros de investigación y oenegés ambientales de la Comisión de Pesca Responsable”.

A su juicio “obviamente, no desean que nadie que proteja el ambiente participe, pues podrían tomar decisiones obviando información científica que contradiga esas decisiones”.

En el artículo 27 del proyecto de ley se especifica que la Comisión Nacional de Pesca Responsable estará integrada por una lista de unos 16 miembros, con derecho a voz y voto, en la cual no se observa la representación ambiental del país, como señala la oenegé.

La lista estará integrada en primer lugar por el administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, quien actuará como secretario.

Igualmente, la integran el director general del Servicio Nacional Aeronaval, un representante de un centro universitario nacional afín con las actividades de recursos acuáticos, pescadores deportivos, pescadores recreativos y turísticos, pescadores artesanales, trabajadores dedicados a la faena de la pesca, pesca de servicio internacional, comercializadores y exportadores de productos provenientes de la pesca, entre otros.