Déficit fiscal, deuda pública y otros demonios

Todos esperábamos que la Ley de Responsabilidad Fiscal se reformara, todos los años los gobiernos hacen eso. No hay ningún gobierno que no lo haga porque siempre hay déficit fiscal y cuando hay un déficit que rebasa lo que dice la ley, que es el 2,5%, tiene que ir a la Asamblea Nacional para que la norma se modifique y así cumplir con la ley.

Este año acabó con la economía y, hasta el momento, hay más de mil millones de dólares que no fueron recaudados y el presupuesto del Estado no se ha podido ejecutar en muchas formas, por lo tanto la propuesta de reformar la Ley de Responsabilidad Fiscal fue adecuada porque se sabía que se tenía que hacer. Ese tope de 9% a 10% del producto interno bruto, me parece que son unos $3,000 millones de déficit, estamos hablando de que el déficit es bien grande, no esperaba una dispensa de la ley fiscal tan alto, pero eso indica que el golpe a la economía ha sido duro.

Los créditos que ha solicitado el gobierno, que suman unos $1,500 millones, eran necesarios. El problema es en qué los está gastando, porque el argumento ha sido que eso se va para inyectar dinero a la economía, pero el problema no es inyectar dinero a la economía por inyectar, sino darle dinero, por ejemplo, a la pequeña y mediana empresa porque allí está el grueso de los trabajadores; entonces se tenía que diseñar un programa no para que la empresa privada hiciera los préstamos, sino para que el gobierno garantizara que esos préstamos se dieran a un bajo interés. Hubiese aplicado el mismo principio de la tasa preferencial que se otorga en los préstamos hipotecarios. Es decir, permitir que los bancos privados hicieran los préstamos a la pequeña y mediana empresa, pero con intereses bajos, por lo menos a un 2%; la pequeña y mediana empresa no está haciendo créditos porque la tasa de interés está muy alta.

Creo que los fondos que se han pedido prestados, no se han estado utilizando de manera correcta. Han sido para pagar deudas, para hacer planillas nuevas, como en el caso de la Asamblea Nacional, pero no en la forma correcta; creo que allí hay una falla del gobierno.

Mi reflexión final es que al Estado panameño se le está acabando la capacidad de endeudamiento. A partir de ahora, para que Panamá se endeude o le den préstamos va ser muy difícil; quizá le puedan dar préstamos, pero a una mayor tasa de interés porque el riesgo-país subió y está arriba del 50%. Los inversores pueden argumentar que pueden otorgar préstamos, pero como hay riesgo de que no les paguen, cobran más intereses, entonces los próximos años va a ser difícil. Creo que el gobierno debe empezar a buscar un refinanciamiento de la deuda; lo mejor que puede hacer es lo que hacen las personas ahora con los bancos, es decir, hablar con los acreedores para negociar la deuda, como extender los plazos de los préstamos. Eso lo van a tener que hacer porque no van a poder pagar la deuda en los próximos años, tal como está contemplado; la situación financiera está muy difícil y el gobierno deberá hacer muchos recortes, no solo en viáticos. Debe hacer un buen manejo de las finanzas, cosa que muchas personas perciben que no es así.

En los gobiernos, la justificación para elevar el déficit fiscal siempre estará, pero es poner al país en riesgo aumentar la deuda no cubierta con recaudaciones, especialmente en los momentos que vivimos producto de una desaceleración económica por efectos de la pandemia, que es un asunto global, y de las deudas por otras administraciones. Se pide a las familias no gastar más de lo que tienen o pueden pagar, “amarrarse el cinturón”. Ese mismo principio sencillo es para los gobiernos, ajustarse a la realidad es la medida.

Con la subida del déficit fiscal no creo que se asegure un alza en la producción, el comercio y las recaudaciones. Parece ingenuo hacernos creer a las panameñas, cuya especialidad es manejar la economía del hogar, que con ello se solucionan los problemas de recaudación; solo se crea más deuda que habrá que pagar con las consecuencias futuras que eso acarreará.

Hemos visto cómo pequeños y medianos empresarios y comerciantes han cerrado sus negocios por los efectos de la crisis sanitaria, sin embargo, también cómo el gobierno ha recurrido al incremento de la deuda para tener liquidez y asumir algunas responsabilidades para enfrentar el cierre de las actividades productivas y gubernamentales. Este presupuesto debió dar señales reales de contención del gasto público, especialmente en aquellos sectores improductivos, ¿gastar la plata que no se tiene en qué mejora al país? Plantearse cómo solucionar la disminución de las recaudaciones es vital para contar con recursos. Históricamente se menciona que hay grandes evasiones de diferentes sectores de la economía, esta situación también encara el fondo del desequilibrio fiscal.

Al gobierno le ha tocado una situación atípica que tiene un gran impacto social y económico. Las medidas sanitarias para contener la pandemia, de acuerdo con las noticias conocidas, han necesitado de grandes inversiones adicionales al presupuesto general de la vigencia 2020, los sectores salud, educación y agropecuario asumieron con responsabilidad tomando medidas para contener y hacerle frente a los efectos de la pandemia, sin embargo, esto no significó que otros sectores la asumieran de igual manera y eso trae un desequilibrio; este presupuesto, creo que es producto de eso, la presión política, el 'qué hay pa mí' versus necesidades reales y concretas, que estrechan al gobierno.

Preocupa que las finanzas públicas sean desiguales, y que sus efectos no impacten a quienes realmente requieren de impulsos para mover la economía y generar más empleos en el país, claro es que si no hay recursos, no se puede hacer frente a las necesidades básicas de la población, pero también la cuota de sacrificio gubernamental debió ser más clara y directa. La transparencia en la actuación pública en torno a las decisiones políticas, sociales y económicas es fundamental en la rendición de cuentas. El acceso a la información completa, creíble, oportuna y de calidad, es un principio que debe ser el norte que guíe la ejecución presupuestaria y las políticas fiscales, siempre que se quiera tener la percepción de ser un buen gobierno abierto.