La Ley de Protección Integral de la Primera Infancia y sus realidades en medio de la pandemia

A inicios del mes de octubre, el gobierno aprobó la Ley No. 171 de Protección Integral de la Primera Infancia y el Desarrollo Infantil Temprano con el objetivo de garantizar los servicios y atenciones para la niñez de hasta ocho años en temas de salud, nutrición, aprendizaje temprano, identidad y crianzas con pautas adecuadas, así como tomar en cuenta la inclusión de menores con discapacidad o con retraso en el desarrollo.

La ley ha generado expectativas y sobre todo la duda de, ¿qué retos puede enfrentar en medio de una pandemia?

Angélica Lavítola, directora ejecutiva de Casa Esperanza, expresó a La Estrella de Panamá que si bien es cierto que la Ley No 171 es un avance interesante, la misma tendrá retos relacionados a diagnóstico, implementación e involucramiento.

Con la implementación y diagnóstico, Lavítola dijo que ambos entran en una matriz distinta, ya que se debe evaluar el nuevo concepto y la realidad que hoy nos ha puesto la pandemia. Respecto al involucramiento que pueden tener los grupos que se dedican al tema de la niñez, mencionó que “esperamos que al momento del diseño de las acciones que hagan efectiva la ley, se puedan tomar en cuenta las experiencias que las organizaciones no gubernamentales tenemos; requerimos sumarnos a ese esfuerzo de construcción para tener una mayor seguridad de la efectividad”.

La directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Sara Rodríguez, por su parte, señaló que “la ley promueve el desarrollo de mecanismos de coordinación en el ámbito local para organizar los servicios y programas que diversas instituciones y organizaciones brindan a la niñez, lo que en el contexto actual de la pandemia de la covid-19 puede representar un reto en la implementación, por lo que se toma en cuenta la observancia a las medidas sanitarias en este proceso”.

Para el sociólogo Alonso Ramos, la nueva Ley de Protección Integral de la Primera Infancia llega en un momento de crisis institucional. “Soy escéptico con la nueva ley integral de niñez, ya que, a pesar de ser necesaria, llega en el momento de la peor crisis institucional que ha vivido el Estado panameño posterior a la invasión. El Estado panameño es el segundo que peor invierte en temas sociales en la región y eso no ha cambiado con la pandemia, al revés, más del 40% del presupuesto nacional se irá al pago del servicio de la deuda externa”, indicó.

Durante el acto que el presidente, Laurentino Cortizo Cohen, presidió para firmar la ley, puntualizó que, con su entrada en vigencia, se salda una deuda social con la niñez panameña. Destacó que de ahora en adelante se protegerán los presupuestos destinados a la primera infancia y estos no serán objeto de ajuste o contención en el gasto público. “Todo lo relativo a la niñez es una prioridad para mi gobierno”, destacó.

Rodríguez recordó que “la protección de los derechos de la niñez para su desarrollo integral conlleva procesos dinámicos, de construcción social, de políticas públicas y marcos normativos, que requieren ser revisados y adecuados periódicamente para que respondan al contexto y al cierre de brechas necesario para asegurar su bienestar, es decir, es un trabajo constante y permanente de todos, de la familia, de las instituciones, de los diversos sectores y órganos del Estado para lograr que todos los niños, en todo el país, crezcan y se desarrollen en entornos seguros, con oportunidades y servicios que respondan a sus necesidades”.

Sin embargo, la directora ejecutiva de Casa Esperanza comentó que con la nueva ley el Estado solo cumple “parcialmente” el compromiso que tiene con la niñez del país, debido a que hay problemas sin resolver desde hace 10 años.

A pesar de todos los avances jurídico-normativos e institucionales formales, objetivamente, el país ha “fracasado” en garantizar bienestar y seguridad a la niñez y adolescencia, acoto Ramos. Prueba de ello, según el sociólogo, son los indicadores socioeconómicos de la Contraloría General de la República; los informes de pobreza multidimensional y los últimos estudios sobre desigualdad; los datos del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales; la información del Ministerio de Educación sobre deserción escolar, repitencia y rezago; aumento de los embarazos en adolescentes; las publicaciones de periódicos y noticias.

“Cuando se ve toda esta data de información, uno concluye rápidamente que la vida de los niños y adolescentes en Panamá es totalmente precaria y que son víctimas de la más cruel violencia institucional, de la más inhumana desidia, por parte de un Estado que ha sido administrado por distintos gobiernos, los cuales en el discurso se han comprometido a dotar a las instituciones que velan por los temas de niñez, de los recursos necesarios, pero en la práctica no ha sido así”, criticó el sociólogo.

Y añadió: “Si queremos revertir todo lo anterior, es necesaria una reingeniería de la institucionalidad de niñez, adolescencia y juventud. Es necesario acabar con el clientelismo político que ha erosionado a las instituciones, es necesario un verdadero pacto nacional por el bienestar humano de la niñez a 30 años, donde todo gobierno que llegue esté obligado a cumplir”.

De acuerdo con el censo de población de 2010, el 22% de la población de 0 a 17 años es niños en primera infancia. El Índice de Pobreza Multidimensional Infantil de 2018 menciona que hay 263,784 niños de 0 a 9 años que viven en pobreza multidimensional.