La crisis, el pacto, la constituyente y la fundación de una nueva república

Si algo tiene de exitosa –hasta ahora–, la hegemonía político-cultural de las élites dominantes en el Panamá republicano postinvasión, es la construcción de un imaginario político que hace de la democracia sinónimo de presidencialismo; y economía equivalente a economía neoliberal de mercado. Dos modelos del orden económico y político agotados y en profunda crisis.

La crisis estructural del transitismo de contenido neoliberal postinvasión se desarrolla antes de la pandemia, pero se profundiza con esta. No obstante, la hegemonía construida de naturaleza político-cultural sigue logrando desarticular otras visiones de democracias posibles, portadoras de formas extendidas e inclusivas de participación social y política. Formas de participación que de implementarse pondrían en peligro la hegemonía del actual bloque de poder.

A lo largo de las últimas décadas, se ha impuesto una visión de mundo cuya naturaleza conservadora y conformista atraviesa clases y sectores, donde la hegemonía simbólico–cultural disemina cual virus, la aceptación como el mejor de los mundos, la existencia de una estructura política que centraliza decisiones, privilegios y recursos políticos; y otra, económica, que concentra recursos económicos, poder y bienestar en pocos. Estas dos estructuras en su complementariedad constituyen los pilares de las desigualdades sociales y políticas de nuestro país, ambas lubricadas por la corrupción, el clientelismo, el tráfico de influencias y la impunidad.

Sin embargo, una investigación del BID adelantaba lo siguiente: “... la alta y persistente desigualdad que existe en Panamá obedece en parte a los fuertes desequilibrios territoriales que presenta el país. Reducirla, por tanto, pasa por corregir estos desequilibrios”. Otra investigación establece que “la mayor parte de la actividad económica del país se encuentra concentrada en las provincias de Panamá y Colón que, simultáneamente, son las provincias que comparten el Canal de Panamá”. Ambas provincias representan alrededor del 85% del producto nacional para los años 2007-2017. (Informe Senacyt. 2019)

Los economistas, muy dados a las comparaciones vía “cuentas nacionales” (PIB, PNB, etc.) pocas veces entran a caracterizar nuestra economía. Sin duda, una economía orientada y especializada en comercio y servicios. Sin embargo, es el transitismo como caracterización, el que da cuenta de la matriz concentradora y excluyente del modelo económico. En lo económico lo que tenemos es la crisis del “modelo transitista de acumulación”, cuyo agotamiento ya era manifiesto a mediados de la década pasada. Esta economía que crecía a tasas anuales promedio del 6%, a la par que profundizaba la desigualdad social y regional, mostraba una caída progresiva del PIB: 3,7% y 3% en 2018 y 2019, respectivamente.

El problema era y es de naturaleza estructural. Los desequilibrios sociales y regionales son la manifestación de un modelo que concentra mayormente su PIB en la “zona de tránsito”. Expresión de ello son los llamados “pilares fundamentales de la economía panameña”: Canal, Zona Libre de Colón, construcción, comercio, transporte y las comunicaciones.

En los denominados “pilares” de la economía, es importante destacar el “boom” de la construcción, cuyo crecimiento pasó de un 7% a un 20% del PIB en 10 años: 2007-2017. “Boom” explicado por el Canal, el auge del sector servicios y el comercio; además de la expansión del Canal, construcción del Metro y aeropuerto de Tocumen. (Informe Senacyt. 2019)

Pero son las categorías del transitismo como modelo económico las que más contribuyeron al desempeño “positivo” de Panamá durante el periodo 2007-2017. Estas categorías son: construcción, comercio, transporte, almacenamiento, y comunicaciones y, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.

Estamos frente a un modelo económico que demanda mano de obra de bajo nivel educativo, y que se sirve para su acumulación de la informalidad laboral y del desempleo. Esta informalidad de naturaleza estructural al “transitismo económico” –uno de los fundamentos de la fuerte desigualdad social y regional–, rondaba antes del SARS-CoV-2 en el 45% de la fuerza laboral: hoy está en el 53% aproximadamente. A su vez, el desempleo pasó de un 7,1% al 18,5% o 20%, en solo un año como producto de la pandemia.

Tenemos una economía que genera informalidad estructural, donde gran parte de esa mano de obra no calificada está constituida por un componente importante de una fuerza laboral liberada y expulsada del sector primario de la economía.

Se requiere un nuevo concepto de economía y de competitividad basado en el conocimiento y el trabajo decente: es lo que se denomina competitividad auténtica. Esto solo se logra, por ejemplo, con una política de integración regional que articule de manera productiva distintos encadenamientos de transformación que agreguen valor, teniendo como ejes, diversificados procesos agroalimentarios. Es posible, otro crecimiento—complementario—al de comercio y servicios.

Frente al “transitismo” como matriz económica dominante, se eleva como un componente coadyuvante el orden político presidencialista. La pandemia ha mostrado la crisis del régimen presidencialista en sus formas tradicionales e inefectivas de intervención política, con una institucionalidad colapsada por la corrupción, el clientelismo, el tráfico de influencias y la impunidad, todas ellas ligadas a la debilidad organizativa y centralizada gestión de gobierno. A esto se suman el Órgano Judicial y el Legislativo. El descrédito y la falta de legitimidad le dan forma a la crisis institucional.

Las formas tradicionales del orden político tienden paulatinamente a ser desbordadas y desafiadas por exigencias hacia formas ampliadas de participación social y política de diversos sectores de la sociedad. En este sentido, parece pertinente poner como cuestión de debate en la agenda nacional, la necesidad de una constituyente que siente las bases de una nueva república.

Lo cierto es que tenemos una democracia presidencialista que ha vaciado al ciudadano de su condición de soberano, y que en nombre de la democracia la ha reducido a la mera condición electoral. Es lo que Peter Mair denomina “Gobernar el vacío”: “una idea de democracia carente de su componente popular: democracia sin el pueblo”.

Como una cuestión política, la problemática ambiental se coloca como uno de los ejes de la crisis y que tiene entre sus causas, la débil institucionalidad del sector que ha sido progresivamente socavada y reducida con la dispersión de competencias, modificaciones en la estructura de estudios de impacto ambiental, sometiendo la intervención institucional a una discrecionalidad política como resultado de un Estado sin proyecto.

En el medio de la crisis, el gobierno ha recurrido al denominado “Pacto del Bicentenario”. Un procedimiento de políticas públicas que apela técnicamente a la focalización o gestión individual de iniciativas, orientado a trasformar problemáticas micro en proyectos micro. Iniciativas que no se inscriben –o mejor dicho no se registran–, en las coordenadas de la macropolítica institucional, que son las que definen las relaciones de poder del país.

Iniciativas que tampoco atraviesan la matriz macroeconómica que sirve de fundamento a la estructura socio-ocupacional, salarios y empleo /desempleo de la sociedad panameña. En buenas cuentas, no rozan ni tocan la forma en que está organizado el poder político y el modelo económico de desigualdades estructurales del país. Una técnica que despolitiza las problemáticas locales y racionaliza los precarios esfuerzos institucionales en un concepto de política pública de naturaleza distributiva. Es decir, las problemáticas locales son tratadas con recursos públicos divisibles, porque no requieren afectar la estructura de la distribución de la riqueza del país. Otra cosa son las denominadas políticas redistributivas.

Todo lo anterior obliga a pensar políticamente en una constituyente. Un nuevo pacto de poder en función de un nuevo proyecto político de participación plena, que garantice las oportunidades educativas y la cohesión social que exige un nuevo modelo político económico de una sociedad basada en el conocimiento, las igualdades en derechos, y oportunidades garantizadas para la realización integral. Fundar una nueva república de ciudadanos con poder y responsabilidades es el objetivo político de la sociedad panameña postpandemia.

El autor es académico de la Universidad de Panamá.

Pensamiento Social (Pesoc) está conformado por un grupo de profesionales de las ciencias sociales que, a través de sus aportes, buscan impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de estas disciplinas.

Su propósito es presentar a la población temas de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.