CNA promueve la igualdad de condiciones en los casos de la pandemia

El Colegio Nacional de Abogados (CNA) intenta crear un mecanismo único de orden y transparencia para sancionar a las personas que incurran en faltas a las normas de emergencia sanitaria impuestas por las autoridades para reducir la propagación de la covid-19. Así lo estableció el presidente del gremio abogadil, Juan Carlos Araúz.

La pandemia ha expuesto una dualidad de sanciones para los infractores de la normativa sanitaria: la de índole administrativa y la de índole penal. Araúz explicó que debe haber un único proceso de sanciones para evitar la confusión y la aplicación desigual de la ley.

A juicio del jurista, en el derecho administrativo existen los mecanismos coercitivos para el tratamiento de los infractores. “No debemos saturar al sistema penal con causas que su origen no entraña una necesidad de intervención del derecho penal”, agregó el máximo dirigente del gremio abogadil.

De acuerdo con la Ley 16 del 17 de junio de 2016 “que instituye la Justicia Comunitaria de Paz y dicta otras disposiciones sobre mediación y conciliación comunitaria”, los jueces pueden imponer amonestación verbal, privada o pública, trabajo comunitario, multa en proporción e importancia al daño causado, hasta la suma de mil dólares en los casos de su competencia. En caso de incumplimiento, un día de arresto por cada 10 dólares de multa. Y Un día de arresto por dos de trabajo comunitario. Y por otro lado las sanciones que determine el Ministerio de Salud para los casos que ellos asuman.

“Como vemos, hay sanciones y pueden incluso implicar arresto, pero no en la forma de un proceso con una condena de 10 a 15 años de prisión como establece la ley penal. La pandemia debe pasar, pero una condena con esas penas hace más daño que beneficio a la sociedad”, agregó Araúz.

En un comunicado el gremio establece que mantienen el reporte de 93 mil personas que han sido llevadas a diferentes casas paz por incumplir las normas sanitarias.

Los juristas establecen que por ser la covid-19 una enfermedad contagiosa conlleva una pena de prisión de entre 8 y 15 años para todo aquel que incumpla las medidas sanitarias, pero en la práctica esta situación plantea un “injusto penal”.

Los posibles delitos que serían investigados bajo el precepto legal irían desde infracciones a los toques de queda hasta no disponer de mascarillas, caretas o termómetros en las empresas.

“Nos surge la preocupación en relación a que esos mismos ciudadanos, de acuerdo con la norma vigente, deben ser procesados según el artículo 308 del Código Penal”, expresa el gremio al destacar la necesidad de una amnistía.

La amnistía, según el gremio abogadil, representa “una solución jurídica de fondo” a esta situación que han calificado como “una dualidad de tipos de sanciones para los infractores de la normativa sanitaria”.

El beneficio de la amnistía es regulado en la normativa panameña y consiste en impedir el enjuiciamiento penal en determinados procesos no graves. Araúz propone un debate sobre el actual carácter político de la amnistía para aplicarlo al plano social y que pueda ser aplicado a los casos de violación a los normas sanitarias de la pandemia.

“A nuestro concepto el artículo 308 se ve desbordado por algo no previsto, como lo es la pandemia por la covid-19. El legislador nunca tuvo en su mente una situación de esta magnitud, por lo tanto, la norma no puede emplearse, al menos en la sanción que se refiere a las infracciones a la normativa sanitaria”, advirtió el presidente del gremio.

En las próximas semanas, el gremio de juristas espera llevar a la Asamblea Nacional un proyecto consensuado con la sociedad sobre el tema.

También piden la intervención del Pacto de Estado por la Justicia para que se produzca una propuesta unificada en dirección a encontrar una “solución jurídica” al problema planteado de injusto penal.

Los reportes obtenidos dan cuenta de que la mayoría de las personas detenidas por violar los toque de queda no son delincuentes comunes, sino ciudadanos que comenten este tipo de infracciones por la necesidad de salir a trabajar, por asistir a un familiar, y en el peor de los casos por participar en actividades festivas clandestinas.