Ley de pesca es aprobada nuevamente en tercer debate por la Asamblea Nacional, tras veto presidencial

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves en tercer debate el proyecto de ley 131, que regula la pesca y la acuicultura en la República de Panamá y dicta otras disposiciones, que había sido objetado por el Órgano Ejecutivo.

Luego de efectuadas algunas modificaciones producto de las observaciones realizadas en el veto presidencial a esta propuesta y la inclusión de varios ajustes producto de la participación ciudadana, fue aprobado este documento que requerirá nuevamente del análisis del Órgano Ejecutivo para su sanción o veto.

El diputado Erick Broce, presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional, manifestó que este es un proyecto tan necesario y que fue consultado por muchos meses, con todas las partes, en donde se ha escuchado la voz de todos los que de una forma u otra están vinculados a este sector de la pesca y la acuicultura.

Broce sostuvo que la nueva ley se logró concretar por las propuestas del sector Gobierno, de los pescadores, de las agrupaciones ambientalistas y de la Asamblea Nacional.

Afirmó que esta iniciativa garantizará mejores momentos a la pesca artesanal, a la pesca deportiva y a las actividades de acuicultura, que redundará en mantener el mercado internacional con los productos de la actividad.

En el veto, que se dio el pasado 21 de diciembre, el Órgano Ejecutivo rechazó por inconvenientes al menos 13 artículos de este proyecto y otros 3 por inexequibles.

Según el veto presidencial, algunos de los cambios realizados en la Asamblea Nacional al proyecto de ley 131 constituyen incongruencias y vacíos sustantivos, que además generarían conflictos con regulaciones preexistentes y un distanciamiento de los acuerdos internacionales que la República de Panamá ha ratificado.

“La aprobación de los artículos a los que hacemos referencia en este informe, de la manera en que se encuentran actualmente plasmados en el proyecto de ley aprobado en tercer debate, resultan inconvenientes y hasta inexequibles en algunos casos. Su entrada en vigencia significaría, en múltiples aspectos, un retroceso respecto a las disposiciones jurídicas que actualmente regulan la materia y, además, potenciales consecuencias perjudiciales para el desarrollo de las actividades relacionadas con la pesca y la acuicultura”, destacaba en su momento el veto del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen.