Los testimonios que retratan la cruda realidad de los albergues

Una entrevista que realizara la Comisión legislativa de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia a Sara Rodríguez y Carla García, exdirectora y exsubdirectora, respectivamente, de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), dejó en evidencia las malas prácticas en los albergues, que exponen a niños y adolescentes a convertirse en víctimas de delitos.

La conversación es parte de una investigación que realizó la comisión legislativa por abusos a los menores, que reveló la cruda realidad de los albergues administrados por organismos de corte religioso, fundaciones y oenegés.

Por ejemplo, el desgarrador relato de un menor de 15 años, con diagnóstico de retardo mental e incapacidad permanente, que fue abusado y reinsertado con su agresor en un centro para personas que buscan rehabilitación del consumo de drogas, demuestra la omisión de los funcionarios que no están realizando su labor de supervisión, y el desinterés de los organismos que rigen los albergues.

“Lo tienen compartiendo y allí está su agresor. Y el muchacho ha tenido un retroceso, ¿qué está haciendo la institución llamada a proteger a nuestros niños?”, se preguntó la diputada suplente Walkiria Chandler D’Orcy, que indujo el tema durante la entrevista, en un tono de indignación. La respuesta de la entonces directora fue que se había interpuesto la denuncia.

El menor dormía con los adultos, que son personas con una condición especial, que están en un periodo de abstinencia que los puede volver violentos, y en una ocasión se había escapado, contó Chandler D’Orcy

Cuando el joven intentó conversar sobre el problema, se le impuso un ayuno para “aconductarlo” porque presentaba problemas de comportamiento.

“(El joven) sale de allí, se pone la denuncia y luego lo insertan nuevamente…, cuestionó la diputada Kayra Harding, a lo que Sara Rodríguez contestó: “porque no hay donde reubicarlo”.

La situación fue calificada como “grave” por la diputada presidente de la comisión legislativa, Zulay Rodríguez, quien no perdonó que no se tomaran las previsiones para evitar el trauma de una violación a un adolescente con discapacidad.

Un informe del 16 de julio de 2020, de la Dirección de Protección Especial de Derechos de la Senniaf, al que tuvo acceso La Estrella de Panamá, corrobora los abusos.

El adolescente “bajó la mirada y la cabeza” cuando la trabajadora social lo abordó sobre el tema. Y, posteriormente, reconoce que le han tocado sus partes más íntimas (pene y glúteo). Pero prefirió guardar silencio porque pensó que nadie le creería.

El menor mantiene un tratamiento psicoterapéutico porque tiene una condición de salud mental severa. Por este caso hay funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y de la Senniaf señalados, según se desprende de la entrevista efectuada a las exdirectivas de la institución.

Otro de los casos, que está documentado en la investigación, es el de unas niñas que no lograban dormir en los albergues porque eran llevadas a fiestas con mayores. Las acciones eran avaladas por la misma administración de la casa de cuido. Incluso, dormían con el personal administrativo en el suelo y se iban hasta el Decamerón. Sara Rodríguez respondió que en este caso también había una denuncia y un procedimiento administrativo interno. A lo que las diputadas de la comisión legislativa contestaron que eso no era un procedimiento administrativo, sino un delito.

Muchos albergues operan sin permiso de funcionamiento o con permisos provisionales. Incluso, hay algunos que ni siquiera la Senniaf conoce de su funcionamiento. Mientras que los albergues de denominación evangélica superan a los católicos y muy pocos son de administración estatal/patronatos.

De acuerdo con información suministrada por la Senniaf, en el país hay 942 menores albergados. El 49% estaba a órdenes de la institución, el 24% de los juzgados de niñez, el 17% bajo tutela de familiares, el 8% a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el 2% en hospitales.

La mayoría de la población acogida es de sexo femenino (57,3%). El 44% es adolescente, 38,5% niñas y niños, y un 17,5% es infante.

Los niños y adolescentes ingresan principalmente por riesgo social (30%) y por época escolar (37%).

La investigación de la comisión legislativa llegó a manos de la Procuraduría General de la Nación, ayer, que servirá como base para documentar un proceso penal. “Caiga quien caiga” es la consigna que ha tomado la comisión al momento que entrevistamos a Rodríguez y García, el pasado 3 de septiembre en la comisión, advirtió Zulay Rodríguez.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, instó a las autoridades a tomar acciones para fortalecer los sistemas de albergues de niños y adolescentes para que sus derechos sean respetados.

Al mismo tiempo, la institución garante de los derechos humanos recordó que hay una investigación en curso en el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Además, solicitó a la comisión legislativa el informe preliminar de la investigación de abusos a los menores, que ha causado indignación y reclamos de la sociedad a la autoridad encargada de la protección de este grupo de población.

“Violadores, violadores”, gritaban más de medio centenar de manifestantes, entre ellos feministas y activistas de derechos humanos, que se reunieron frente a la sede de la Senniaf, responsable de los albergues.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó citar a la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo; a la directora de la Senniaf, Mayra Silvera, y a las exdirectoras Sara Rodríguez y Carla García para que respondan un cuestionario de 20 preguntas por las irregularidades halladas en los albergues.

El pleno busca respuesta sobre el monto de los subsidios, la infraestructura de los albergues, la educación y las terapias que reciben los menores, la fiscalización de los fondos estatales y las inspecciones efectuadas a los sitios en los últimos ocho años, entre otras cosas.

Según el cuestionario, el Decreto Ejecutivo Nº 26 del 21 de abril de 2009, establece que las visitas de supervisión debían efectuarse cada cuatro meses. El más reciente Decreto Ejecutivo Nº 404 del 30 de octubre de 2020, modifica el tiempo de supervisión a cada seis meses.