Movimiento de migrantes y refugiados se mantiene en Darién

El papel de Panamá como un país de tránsito no se refleja solamente en el paso de embarcaciones a través del Canal o delmovimiento reflejado en las estadísticas de entrada y salida de pasajeros en el aeropuerto de Tocumen.

Panamá es un país de asilo, así como un país de tránsito para refugiados y personas que se desplazan

en movimientos mixtos desde Asia, África y la región del Caribe.

De acuerdo con el Informe de Monitoreo de Protección en Panamá, de junio a diciembre de 2019 por el Consejo Noruego para Refugiados y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) El país ha acogido 2.467 refugiados reconocidos formalmente por el gobierno panameño desde 1990. Adicionalmente, a diciembre de 2019, 17,048 solicitudes de asilo estaban a la fecha, pendientes de resolución.

Esta población refugiada reconocida está compuesta principalmente por colombianos, nicaragüenses,

venezolanos, cubanos y personas del norte de países centroamericanos (principalmente El Salvador).

Estadísticas de la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados (Onpar), en ese mismo informe, indicaron que se habían recibido un total de 28,366 solicitudes entre junio de 2014 y diciembre de 2019. La población solicitante de asilo está compuesta principalmente por nicaragüenses, venezolanos, cubanos y personas del norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador). Particularmente durante el último año, el número de solicitudes de asilo de Nicaragua había crecido considerablemente, convirtiéndolos hasta el momento en la principal nacionalidad solicitando asilo en Panamá en 2019.

La ola de migrantes en los años 2017 y 2018 había bajado, pero en 2019 volvió a subir. Según cifras reportadas por las autoridades de Migración, en 2017 se reportaron 6,780 migrantes, y en 2018 llegaron a Darién 9,222 migrantes irregulares. Unas 20,012 personas adultas, que tenían en la mira seguir su camino para Norteamérica, llegaron a Darién, Unos 3,956 eran menores de edad. La mayor cantidad son procedentes de Haití con un total de 10,510. En segunda posición está Cuba con 3,276, y en tercer lugar, Camerún, con 2,223.

La llegada de la pandemia no hizo más que agudizar la situación.

Para abril de 2020, en plena pandemia, casi 2,000 migrantes irregulares quedaron varados en Panamá, cerca de la frontera con Colombia.

“En el Darién hay tres estaciones migratorias que ahora albergan a 1.991 personas, la gran mayoría haitianos, aunque también hay cubanos (38), africanos y asiáticos. A ellos se suman más de 530 migrantes que están en el campamento de Planes de Gualaca, cerca de la frontera con Costa Rica”, registraba la agencia de noticias EFE.

De ellos, el 23 % son niños, niñas y adolescentes, algunos, incluso, no acompañados, de acuerdo a cifras de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

El cierre de las fronteras desbordó el programa de atención a los migrantes, conocido como flujo controlado, porque se pasó de una población en tránsito a una estacionaria, según explicó en ese momento la representante de la OIM en Panamá, Idiam Osorio.

En el campamento de Peñita las cosas fueron mucho más complicadas. Desesperados pro seguir su camino hacia el norte, La falta de agua, medicamentos y un techo, un lugar seguro donde dormir caldearon los ánimos de los refugiados que eventualmente se amotinaron.

La situación generó tensiones en el poblado y avivó sentimientos de xenofobia. Los lugareños acusaron a los migrantes de quemar campamentos de organizaciones de ayuda pero ellos lo negaron. Las autoridades informaron que al menos 280 migrantes, presuntamente vinculados a los hechos, serían deportados.

A la fecha no se reportaron más desórdenes, sin embargo, la situación es complicada pues el país cuenta con menos recursos para hacer frente a la situación humanitaria de estas personas.

El boletín de actualización bisemanal, del 1 al 15 de diciembre de 2020 de Acnur establece que “puede tomarle unos 8 años a Panamá recuperar los 400,000 em pleos que se han perdido du rante el año 2020, afectando especialmente a jóvenes menores de 30 años y mujeres. En tanto, solicitantes de asilo y refugiados son más dependientes de la asistencia humanitaria principalmente para cubrir sus gastos de renta, comida y medicinas”.

Para palpar las necesidades de la población refugiada en Darién, la representante Regional Adjunta de Acnur para América Central y Cuba, Renee Cuijpers, realizó hace escasos días un recorrido en esa provincia junto a Hussein Pitty, director de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (Onpar), para verificar y actualizar datos.

“Tenemos un acompañamiento a estas entidades justamente para trabajar en favor de la protección y soluciones de la población. Obviamente, la zona del Darién es una zona muy importante, es una zona donde históricamente siempre se ha recibido población refugiada de solicitantes y donde también, ha habido una buena respuesta por parte de la comunidad acogida. Son comunidades que son bastante alejadas, bastante remotas, entonces a veces le dificulta a la gente poder llegar a Panamá o poder llegar a los diferentes sitios donde están las entidades”, dijo la representante Regional Adjunta de Acnur en Panamá.

En Darién viven aproximadamente más de 300 refugiados reconocidos por el Estado, que en su mayoría se concentran en comunidades como Yape, El Real, Boca de Cupe, Alto Playona, entre otras.

Y a pesar de la pandemia, el sueño de un mejor futuro no aleja a los migrantes de la peligrosa travesía a través del Tapón del Darién. A principios de febrero, de acuerdo con Euro News, 1,259 personas, 89 de ellos, niños, estaban apostados en los campamentos. A la población de Bajo chiquito, llegaron unos 287 emigrantes de diferentes nacionalidades el pasado febrero.

Se espera que por las restricciones de movimiento que todavía se mantienen pro la pandemia, el número de migrantes que atraviesen el Daríén se reducirá aproximadamente a 6,500.

En tanto, el pasado 25 de marzo la población refugiada en la provincia de Darién tramitó más de 400 documentos legales ante las diversas instituciones, en una gira interinstitucional que realizó la Onpar, adscrita al Ministerio de Gobierno, en las áreas de difícil acceso de la Provincia.

En la gira, fueron verificados y actualizados los datos de la población reconocida con el estatus de refugiado de las comunidades de Marraganti, Riocito, Tortuga, Canaán Membrillo, Maach Pobor, Alto Playona, Santa Fe, Metetí, Bruja, Garachiné, La Palma, Aldea, Unión Chocó, El Real, Mercadeo, La Puente, Yape, Pinogana, Vista Alegre, Boca de Cupe y Yaviza, entre otras.

La Onpar destacó mediante un comunicado que recibió 17 nuevas solicitudes de la condición de refugiados, mientras que 121 personas solicitaron ante el Tribunal Electoral el carné de residente permanente.

De igual manera, el Servicio Nacional de Migración atendió 119 refugiados para solicitud de permiso de residencia temporal y permanente. Además, 109 trámites se efectuaron ante el Ministerio de Trabajo para pedir los permisos de trabajo definido e indefinido.

El Ministerio de Relaciones de Exteriores atendió siete casos de posible riesgo de apatridia (cualquier persona a la que ningún Estado considera destinataria de la aplicación de su legislación) y la Defensoría del Pueblo realizó acompañamiento y orientación legal gratuita a 19 refugiados.

Por otro lado, el Consejo Noruego para Refugiados atendió 137 personas para darle asistencia legal gratuita y se entregó por parte de HIAS Panamá a la población refugiada, solicitantes y migrantes 276 Kits de bioseguridad con jabones, mascarillas, gel alcoholado protector facial y alcohol.

“Agradecemos el apoyo del Acnur, quienes facilitaron la logística necesaria para el mejor desarrollo de la gira y del Senafront con el traslado de los refugiados a los puntos de encuentro, así como de la seguridad. Esta gira interinstitucional se realizó para evitar que esta población de interés tuviera que incurrir en gastos de movilización, traslados y hospedajes a la ciudad de Panamá para realizar sus trámites de documentación”, expresó Hussein Pitty, director de la Onpar.