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09 de May de 2021

Nacional

Corte Suprema de Justicia falla que no es inconstitucional Decreto Ejecutivo que estableció el toque de queda

En esta decisión salvaron el voto la Magistrada Ángela Russo de Cedeño y los Magistrados Luis Ramón Fábrega Sánchez y Olmedo Arrocha Osorio

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Los magistrados consideraron que el constituyente, a través de nuestra Carta Magna consignó la obligación al Estado de salvaguardar la vida y la salud de la población.Archivo/La Estrella de Panamá

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por decisión mayoritaria declaró que no es inconstitucional el Decreto Ejecutivo N°490 de 17 de marzo de 2020, “Que declara el Toque de Queda en la República de Panamá y dicta otras disposiciones” y que fue avalado luego de decretarse el estado de emergencia tras el inicio de la pandemia de covid-19 en el país 

En la sentencia los magistrados indicaron que el coronavirus o covid-19, es una enfermedad con impacto general que ha contagiado y ocasionado la muerte de millones de personas a nivel global, motivo por el cual, ante dicho escenario, una gran cantidad de países se ha visto en la necesidad de adoptar medidas tendientes a contener su propagación y avance, dentro de los cuales la República de Panamá no ha sido la excepción.

En este sentido, se señala en el fallo que la vida es el elemento esencial de la existencia de la Nación Panameña, por tanto, el constituyente a través de nuestra Carta Magna consigna la obligación al Estado de salvaguardar la vida y la salud de la población.

Del mismo modo, se planteó que las propias disposiciones convencionales y constitucionales referentes al Derecho de Circulación, estimados como conculcados por los accionantes, reconocen que dicho derecho se encuentra sujeto a las limitaciones que impongan las leyes y los reglamentos de salubridad.

De igual manera, en lo que respecta a la medida de toque de queda adoptada por el Órgano Ejecutivo, el pronunciamiento de los magistrados apuntó a que tanto los artículos 109 y 110 de la Constitución Política, establecen que el Estado se encuentra en la obligación de velar por la salud de la población, integrando funciones de prevención, curación y rehabilitación, entre las cuales, se destaca la de combatir enfermedades transmisibles mediante la adopción de medidas de inmunización, profilaxis y tratamiento a fin de lograr dicho objetivo.

Lo anterior implica que el Estado panameño se encuentra en la obligación de adoptar medidas enfocadas en la protección o preservación de la propagación de un virus mortal como el COVID-19.

En torno a lo planteado, sobre el mecanismo utilizado para implementar la medida de toque de queda y en cuanto al organismo que ejecutó las estrategias establecidas por el Estado, es decir, el Ministerio de Salud, se indicó que las disposiciones legales contenidas en el Código Sanitario, facultaban al Órgano Ejecutivo la adopción de medidas en tarea de salud, imprescindibles e impostergables en caso de epidemia u otras calamidades públicas.

Por último, el Pleno explicó que si bien la medida de toque de queda puede afectar derechos particulares y ocasionar molestias a algunas personas; recordó que el Derecho a la Salud está reconocido en numerosos instrumentos internacionales de Derechos Humanos y que su implementación responde a acciones adoptadas para salvaguardar a la colectividad de la población, por ende, son aspectos correspondientes al bien común, razón por la cual, ninguna persona está por encima del interés general, y ante el conflicto entre el interés colectivo y este último, el primero debe ceder, y en consecuencia, el colectivo prevalecer.

Esta decisión tuvo como ponente al Magistrado Carlos Alberto Vásquez Reyes, y salvaron el voto la Magistrada Ángela Russo de Cedeño y los Magistrados Luis Ramón Fábrega Sánchez y Olmedo Arrocha Osorio. La Sentencia se encuentra en etapa de notificación.