Entre la criminalidad institucionalizada, las mafias económicas y las pandillas delictivas

Manifestaba Immanuel Wallerstein que en esta etapa caótica de transformación del “sistema-mundo”, presenciamos el desplome de este sistema “debido a que se han agotado sus posibilidades de ajustes estructurales; quienes detentan el poder y los privilegios no se van a quedar sin hacer nada. Se organizarán para sustituir el actual sistema-mundo con otro igual de jerárquico y desigual, si bien basado en principios diferentes”. Podríamos agregar que la pandemia global ha acelerado este caótico proceso, empujados a nivel global hacia un período sin precedentes de grandes turbulencias sociales, políticas y militares. Entre ellas, también, la transnacionalización del crimen organizado, de las mafias financieras y las pandillas delictivas.

La criminalidad de hoy, transnacionalizada, exige ser analizada en el contexto de lo que conceptualmente hemos denominado “globalización”. Mundialización de procesos que se despliega al impulso de nuevos y viejos actores: el sistema estatal internacional (integrado y jerarquizado), las instituciones financieras internacionales (IFI), las empresas transnacionales, los movimientos ecologistas y medioambientales, los movimientos socioculturales, los centros de inteligencia científico–técnica (Silicon Valley, por ej.), los medios globales de la comunicación, las redes sociales, las organizaciones criminales transnacionales (carteles de narcotráfico, mafias financieras, traficantes de armas, organizaciones mercenarias, etc.), entre otros.

Todos ellos aportan ingredientes propios, pero en su conjunto impactan en un proceso que se materializa –en el decir de Saskia Sassen– en una “nueva geografía mundial de lugares estratégicos”. Entre ellos se abre un espacio paralelo de poder de la criminalidad internacional, que se nutre de las desarticulaciones sociales e institucionales propias de cada país.

La globalización neoliberal, que impuso transformaciones profundas a la institucionalidad estatal, la producción, el trabajo, y en los mercados, generó en los países de América Latina informalidad y desigualdades sin precedentes. En nuestro país, la histórica tradicional exportación de servicios –transitismo– en el contexto de políticas neoliberales y de desregulación de los mercados, profundizó viejas y creó nuevas desigualdades sociales y regionales, forjando con ello fuertes y permanentes exclusiones.

Un rápido repaso de algunos indicadores, en el país, nos dará una aproximación:

—El 61% del total de la población asalariada tiene como “techo” (umbral superior) $800.00.

—En el segmento de los $600.00 - $799.00 está aproximadamente el 28% de la población asalariada.

—Más abajo, en el segmento de los $400.00 - $599.00 se concentra el 17,2% de esta población.

—Niveles salariales que adquieren sentido, cuando se les coloca frente al costo promedio de la canasta familiar de alimentos –sin considerar vivienda, servicios básicos, vestimenta, etc.– que a enero de 2021 es de $267.40 en los distritos de Panamá y San Miguelito.

Un hecho estilizado de la economía de comercio y servicios panameña es la informalidad predominante de su “mercado laboral”. En 2019 (fecha ex antepandemia), la informalidad era del 45%; postpandemia, esta se elevó al 53% aprox. Hecho estilizado es también la concentración del 86,6% de todo el PIB nacional en las dos provincias del transitismo histórico (Panamá: 68,8% y Colón: 17,8%). Dos provincias que, a su vez, aglomeran el 60% aprox. de la población total del país. Todas estas asimetrías que distorsionan la vida de nuestra población son la expresión de un modelo de acumulación que concentra riqueza, hunde los ingresos laborales y excluye socialmente.

Esta gran desigualdad social y regional del país dice de un modelo económico agotado, que produce informalidad funcional –es decir, que sirve a la “acumulación del sistema transitista”–, a través de la creación una gran masa marginal que impacta en la desvalorización de la fuerza de trabajo (su precio de mercado). Esta fábrica de pobreza trae de manera inevitable la fractura del tejido social y la emergencia de diversas formas de violencia; acarrea además, la ruptura o desvinculación de importantes segmentos sociales de población con desdibujadas referencias culturales institucionales de integración social y convivencia.

Los jóvenes de nuestro país (15 a 24 años) registraron una tasa de desempleo del 18,1% en 2019 (OIT). Son ellos, sin duda, quienes se ven mayormente expuestos a la violencia social e institucional que se genera desde el poder concentrador y excluyente, y que llega a las calles atravesando toda la estructura sociocultural del país.

Como manifiesta la OIT, “las personas jóvenes deben afrontar un elevado índice de desempleo y subempleo y son los más vulnerables frente a una disminución de la demanda de mano obra”. Vulnerables también frente al flagelo de la violencia: entre los años 2002 a 2015 se produjeron 2,487 homicidios entre el rango de edad de 20 a 29 años. Solo el año 2011 concentró en este rango, 288 homicidios (SIEC. 2016).

Unos de los padres fundadores de la sociología, Emile Durkheim, elaboró el concepto de “anomia” en su obra La división del trabajo social (1893) –categoría posteriormente estratégica en su obra el Suicidio (1897)–, para explicar los conflictos y desajustes que emergían de manera degradante del mundo económico social. Sin embargo, esto no significa que no existan en la sociedad marcos regulatorios de índole cultural, que por su naturaleza normativa estén en capacidad de institucionalizar los comportamientos sociales.

Solo significa que han dejado de funcionar en ciertos ámbitos sociales, como producto de procesos de “desclasamiento” o cambios de posiciones en la estructura social de determinadas personas y grupos. También alcanza aquellos procesos que son el resultado de la marginación y el empobrecimiento masivo de la población. Por supuesto que la pérdida de cohesión o integración social, como producto de una pauperización creciente, conlleva la pérdida también de referentes normativos y abre la realidad social al conflicto.

De manera reciente el sociólogo Zygmunt Bauman, sociólogo polaco-británico (1925-2017), empleó el concepto de “anomia” en su visión de disolución de diversos ámbitos de la vida social, como resultado del desorden que produce la globalización. Bauman acuña en concepto de “sociedad líquida” para referirse a “una época de des-compromiso, elusividad, huida fácil y persecución sin esperanzas”. Un tema de naturaleza afectiva a interpretar en aquellos a los que se les ha negado toda oportunidad de realización social.

El sociólogo argentino Ricardo Sidicaro ha llevado el concepto de anomia a nivel institucional, para referirse al incumplimiento sistemático de normas y regulaciones por instituciones y funcionarios. En Panamá, la paulatina disolución del papel interventor y cohesionador de las instituciones, su creciente debilitamiento, la entronización de la corrupción como práctica obligada e institucionalmente permisiva, el incremento de los personalismos, nepotismos, las opacidades en las contrataciones públicas, han generado –de manera preocupante– modelos de comportamientos de criminalidad y corrupción en nuestra sociedad.

Con todo, si queremos poseer un mejor país, tenemos que asumir políticamente un doble reto: desafiar la “geografía de la desigualdad y del delito”. Esto significa, enfrentar desde un enfoque estructural la desigualdad social y regional; con igual fuerza, erradicar de raíz la existencia de actores públicos y privados que ejercen control en un espacio de poder paralelo, donde se han instalado carteles del narcotráfico, mafias financieras y organizaciones delictivas (pandillas), configurando una “geografía de espacios estratégicos para delinquir”. El tiempo se nos acaba.

El autor es sociólogo. Académico de la Universidad de Panamá.

Pensamiento Social (Pesoc) está conformado por un grupo de profesionales de las ciencias sociales que, a través de sus aportes, buscan impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de estas disciplinas.

Su propósito es presentar a la población temas de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.