Polarización socioeconómica y régimen político en Panamá

Desde 2013 aproximadamente, la estructura socioeconómica del país, organizada en torno a un “transitismo de contenido neoliberal”, comenzó a dar muestras de agotamiento. Sin embargo, es a finales de 2019 que su patrón de acumulación –concentrador y excluyente–, revelaba de manera más que evidente la naturaleza estructural de la crisis. La muestra más visible reside en la desigualdad social y regional de naturaleza estructural, que se reproduce a lo largo y ancho el país, desde sus relaciones internas como externas.

En ese sentido, al denominar patrón de acumulación concentrador y excluyente a la matriz básica que organiza el modelo transitista de la formación social panameña, estamos con ello estableciendo dos cosas: Por una parte, una determinada matriz socioeconómica, con definiciones explícitas de extracción y distribución de excedentes basadas en comercio y servicios; y por la otra, una institucionalidad político estatal acorde a la naturaleza de esa acumulación (Bustelo).

Estudios sobre el crecimiento económico postinvasión del país, indican que este descansa históricamente (últimos 30 años) en cuatro pilares: en la “formación bruta de capital fijo” pública y privada especialmente en construcción; en una plataforma de servicios logísticos orientados al comercio exterior; en un sistema financiero y bancario y en la dinámica del consumo interno. Estos pilares explican “importantes implicaciones en el ámbito laboral”.

Este “modelo transitista”, que se expresa en la preeminencia de empleos en el sector terciario, tiene como soporte la denominada “plataforma transnacional de servicios”, cuyas categorías son las que tienen la mayor participación en el PIB (42%) y que organizan en lo económico el patrón de acumulación: comercio (18%), actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (13%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (11%). Si agregamos construcción (20%) que no pertenece al sector, pero que sirve funcionalmente al terciario, tenemos una participación al PIB de un 62% (Senacyt).

Una forma de mirar esa desigualdad es a través del componente socio-ocupacional. En agosto de 2019, en el país existían 146,111 desocupados, 716,113 trabajadores informales en actividades no agrícolas; y 89,161 trabajadores agrícolas en condiciones de subempleo: el mundo de la precariedad laboral totalizaba 951,385 trabajadores, cerca de un millón aproximadamente (46,0% de la PEA), que exhibían para esa fecha alguna condición de precariedad laboral. Esto representa altísimos niveles de exclusión social, que expresan en lo fáctico desigualdad; también permiten en lo teórico, hacer las conjeturas apropiadas para generar conocimiento sobre los fundamentos de las desigualdades sociales y regionales, y de las capacidades de la población para acceder a la “estructura de oportunidades”.

Para 2020, en pandemia, la población desocupada aumentó a 371,567. A su vez, los trabajadores informales en actividades no agrícolas pasaron del 44,9% al 52,8%, configurando con ello el “mundo de la precariedad” que podría estar alrededor del 60% de la PEA, afectando a 1,24 millones de trabajadores. La vulnerabilidad del modelo transitista quedaba al desnudo, mostrando su incapacidad de reducir aquellos factores externos que desestructuran socialmente, como la pandemia de la covid-19; además de su proclividad estructural para generar desigualdad social y regional. Elementos que lo proyectan como un patrón de acumulación que pone a la sociedad entera en riesgo y en conflicto.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) –en el documento “Desigualdad y descontento social”– distingue dos tipos de polarización, por nivel de ingresos y por geografía; en ambos, destaca Panamá. La “polarización” tiene importancia analítica estratégica dice el BID, porque pone de relieve los fundamentos del conflicto al “considerar los aspectos institucionales que influyen en cómo se traduce en conflicto dicha polarización”. Termina diciendo el BID, “la evidencia muestra que la desigualdad entre grupos de la sociedad (desigualdad horizontal), más que entre individuos, es el factor del conflicto”. Está de más subrayar la fuerte asociación que establece la perspectiva analítica del BID entre polarización social, conflicto e institucionalidad.

Sobre este particular, en nuestro país la histórica tradicional exportación de servicios –transitismo– en el contexto de políticas neoliberales y de desregulación de los mercados, profundizó viejas y creó nuevas desigualdades sociales y regionales, forjando con ello fuertes y permanentes exclusiones. En la dimensión de la polarización geográfica o regional que señala el BID, el área metropolitana (ciudad de Panamá y San Miguelito) al alojar aproximadamente el 47,5% de la población del país, y concentrar el 70% aproximadamente de todo el PIB nacional, se ha constituido políticamente en un polo de intensas contradicciones y conflictos.

En lo teórico, recordemos que la democracia se sirve de arreglos institucionales de naturaleza republicana, para orientarse en el cumplimiento de sus promesas políticas, organizadas en torno a valores emancipatorios: igualdad, libertad y solidaridad. Promesas asediadas hoy por intereses corporativos, algunos de ellos de naturaleza premoderna. Pero desde lo fáctico, en Panamá, estamos hablando de una forma histórica de gobierno o régimen político de la cual se reviste la democracia teórica para el cumplimiento de sus promesas políticas: El presidencialismo centralizador y excluyente como régimen político o forma de gobierno.

Régimen político presidencialista caracterizado por:

-Enclaves patrimonialistas que obstaculizan la primacía del interés general, sirviendo a la corrupción en sus diversas modalidades: enriquecimiento ilícito, peculado, concusión, malversación, colusión, tráfico de influencias.

-Un espacio público estatal cooptado por intereses corporativos económicos y por una partidocracia constituida en obstáculo a la moderna promesa de una sociedad pluralista y participativa.

-Una progresiva opacidad del espacio público, en contradicción con una institucionalidad que constitucionalmente se define simbólicamente como republicana y transparente.

Puesto en orden el conjunto de problemas que exhibe nuestra democracia presidencialista, componente y organizador político del patrón de acumulación transitista, planteamos:

Es desde las relaciones de poder que se constituyen al interior del régimen, donde la pluralidad de intereses corporativos de naturaleza económica y política, recrean los contornos que asume la deliberada concentración y centralidad institucional del régimen político presidencialista; y a partir de esta premisa, comprender las grandes limitaciones que encuentra la realización de la soberanía popular y la participación política plena.

El “patrón de acumulación transitista” es una combinación de una matriz económica concentradora y excluyente de riquezas, generadora de desigualdades e inequidades colectivas; con un régimen político presidencialista altamente centralizado, con fuertes niveles de exclusión política participativa e institucionalmente proclive a la corrupción.

Las consecuencias de este patrón de acumulación a nivel económico, social, político y cultural son graves por lo disolvente que tiene su impacto en el tejido social. También, por la exacción y dilapidación de fondos públicos y recursos naturales de la nación, con consecuencias demostradas en la desigualdad social y regional del país.

El autor es sociólogo. Académico de la Universidad de Panamá.

Pensamiento Social (Pesoc) está conformado por un grupo de profesionales de las ciencias sociales que, a través de sus aportes, buscan impulsar y satisfacer necesidades en el conocimiento de estas disciplinas.

Su propósito es presentar a la población temas de análisis sobre los principales problemas que la aquejan, y contribuir con las estrategias de programas de solución.