Eve: un seudónimo. Aterrador testimonio de abuso infantil

Las secuelas de haber sido maltratada en casa de sus padres biológicos, y después ser una víctima de abuso sexual, la llevó a intentar quitarse la vida en dos ocasiones. Había sido abusada sexualmente en el segundo albergue al que había sido trasladada. Se sentía perdida, ultrajada, y en un momento de soledad y profunda tristeza, la niña tomó una, dos, tres, cuatro pastillas, y de un solo envión las que le cabían en la palma de la mano, 50 píldoras para dormir, hasta quedar inconsciente.

Se trata de Eve (el nombre ficticio que escogió la menor de edad), quien toma valor para contar por primera vez a una desconocida periodista los traumas asociados a los incidentes que sufrió en casa de sus padres biológicos y las consecuencias de haber sido institucionalizada en dos albergues del país.

Habla en tono firme, aunque con cierto nerviosismo en la voz. Menea un pedazo del papel que revestía un carrizo y suelta que cuando tenía 11 años en dos ocasiones fue víctima de abuso sexual. Ambos casos ocurrieron en 2017, el peor año de su vida. El primero fue mientras estuvo en un centro hospitalario a raíz de una crisis depresiva. “El agresor fue un paciente con el nombre de Samuel”, dice. El segundo, que se repitió en más de una ocasión, ocurrió en el albergue Metro Amigos, el centro al que fue trasladada después del albergue Malambo. En este caso Eve no sabe si el agresor, al cual llamaban con diferentes nombres, 'David', 'Juan', vivía en el mismo albergue o provenía de la instalación vecina, el centro de cumplimiento para jóvenes en conflicto con la ley que solían irrumpir en el albergue. Sobre ambos hechos contó a su terapista, quien puso al tanto a la Fiscalía de Atención Primaria del Ministerio Público.

Nos encontramos en una cafetería de la antigua zona canalera acompañadas de su mamá adoptiva, a quien denominaremos madre, como lo ha solicitado. Es plena estación seca en Panamá, afuera se ve un sol radiante que quema el pavimento. Hemos convenido esta entrevista con Eve y su madre adoptiva para incluir su testimonio en esta primera entrega de una investigación sobre niños y adolescentes institucionalizados en albergues del país, y la forma en que el Estado ha dado respuesta a estas necesidades.

“Mi papá (biológico) aparentemente era policía y él abusaba mucho de mí y se dieron cuenta los vecinos”, detalla Eve. Las denuncias también referían a una madre ausente. “Mi papá me tiraba el plato de comida cuando se sentaba a la mesa”, reitera. En ese momento tenía cinco años. Como consecuencia del maltrato que sufrió fue a parar al hospital y le tomó cinco semanas recuperarse de los golpes y la desnutrición de la que fue víctima. Al ser dada de alta fue institucionalizada en el hogar Malambo, un albergue en las afueras de la capital para niños en condiciones vulnerables. El trauma que vivió en casa con sus padres biológicos se reflejó en Malambo; no aceptaba comida de nadie, no hablaba. Simulaba una protesta inconsciente en respuesta a su amargo pasado.

A juzgar por su delgada anatomía, piernas espigadas, brazos menudos, cabello crespo negro hasta los hombros, ojos almendrados color oscuro, la joven de 16 años parece endeble. Si acaso pesa 100 libras, sería exagerar.

Esa aparente fragilidad parece haber quedado en el pasado. Hoy se llena de coraje para narrar uno de los episodios más dolorosos que mantuvo sepultado durante cuatro años. Lo hace con el ánimo de que su caso sirva de ejemplo para el resto de los niños y adolescentes que viven en albergues, y por la empatía que sintió cuando se publicó un informe legislativo que en febrero de 2021 reveló datos oficiales sobre los maltratos y abusos sexuales, actos libidinosos y maltratos psicológicos ocurridos en 8 de 52 albergues en todo el país. El documento de inmediato se convirtió en una especie de estandarte interno para Eve, un desahogo al tormento que todavía la perturba.

Su expediente pasó a manos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), la autoridad gubernamental encargada de velar por el bienestar de los niños y adolescentes, de vigilar el funcionamiento de los albergues y hallar alternativas antes de optar por institucionalizarlos. En este complicado proceso también intervienen los juzgados de Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), este último principalmente con subsidios para los albergues.

En 2013 la Senniaf inició un programa de familias acogentes con la idea de ofrecer a los niños y adolescentes en protección del Estado un ambiente similar al de un hogar temporal. La familia adoptiva de Eve fue una de las primeras en la lista; su experiencia inició bajo el programa de Padrinos de Malambo que se puso en marcha antes del programa de Senniaf.

Fue en ese momento cuando se conectaron, a raíz de las visitas que hizo la hoy madre adoptiva y su familia al hogar Malambo, donde conoció a Eve quien permaneció en el albergue por dos años y luego vivió en casa de sus padres adoptivos. Al principio le dijeron a la familia acogente que el programa de acogimiento no duraría más de un año, porque la Senniaf y el juzgado debían tomar una decisión de permanencia, o bien, reunirla con su familia biológica.

La joven escuchaba atenta a su madre y por momentos intercambiaban impresiones sobre hechos y fechas.

Los primeros años que pasó en casa de sus padres adoptivos Eve necesitó de medicamentos antidepresivos y ansiolíticos para superar su pasado. Su estado psicológico requirió en ese momento de una evaluación de la Senniaf y otros especialistas que, en conjunto, decidieron internarla en el hospital Nicolás Solano de La Chorrera. Un centro médico de primer nivel, de unas 52 camas, ubicado a 17 minutos en auto desde Malambo. El plan era estabilizarla en dos semanas, pero permaneció el triple, del 13 de enero al 24 de febrero de 2017, “debido al retraso de la Senniaf y el juzgado en tomar una decisión sobre su futuro”, dice la madre.

Su madre adoptiva, una mujer en los treinta, con voz suave y tierna, interrumpe el relato para intentar contextualizar aquel momento. En lugar de que el gobierno asumiera toda la responsabilidad por su atención médica, ya que a la familia no le permitieron involucrarse en las decisiones médicas, explica, les pidieron que pagaran por el servicio sin tener voz en relación a su tratamiento, después de haber invertido por tres años, como familia acogente, tiempo y atención para la niña, conscientes de su bienestar.

“Cuando la internaron en el Nicolás Solano, la Senniaf nos dijo que desde su ingreso no podíamos verla o tomar decisiones sobre su tratamiento. Pero, eso sí, nos pidieron pagar una enfermera 24/7 porque la habían internado en psiquiatría”, detalla la madre.

Entre la Senniaf y el Juzgado de Niñez y Adolescencia hubo diferencias sobre a dónde enviar a la niña al finalizar su hospitalización, a pesar de que tenía una familia acogente con la que había vivido anteriormente.

Cuando finalmente fue dada de alta, la Senniaf indicó a la familia acogente que volvería a casa como supuestamente habían acordado las entidades previamente. Pero ese mismo día, la madre adoptiva recibió una llamada de Malambo notificándole de su ingreso.

“Podíamos visitarla en el hospital, pero ya no en Malambo. Creo que fue el juzgado quien decidió que debía volver al albergue”. La decisión los sorprendió. “Nos dijeron (en Senniaf)”, añade, “que estaban esperando la respuesta del juez, luego nos decían que no se estaba portando bien y que cuando cambiara de conducta tal vez nos dejarían verla”.

Para Eve ese fue un duro golpe. “Sentí que había perdido todo”, rememora con la mirada clavada en la mesa. “En ese momento traté de matarme con pastillas para dormir”. Ella tenía control del tarro de medicamentos, y en un momento de profunda tristeza, en el que nada tenía sentido, se tragó de un solo golpe todas las pastillas que encontró, contó 45, que se metió a la boca aprovechando un momento de descuido de la trabajadora que parecía su sombra.

Terminó una vez más en el hospital, esta vez el Hospital del Niño, donde le practicaron tres lavados de estómago. “El doctor me preguntó: ¿Por qué lo hiciste?”.

Un mes más tarde, el 6 de marzo, sufrió una nueva crisis y fue internada en la especialidad de psiquiatría de un centro hospitalario –cuyo nombre se mantiene en reserva hasta que las autoridades esclarezcan la investigación– donde permaneció hasta el 27 de marzo.

“Cuando me llevaron al centro de salud pasó un abuso sexual en el mismo hospital. Me abusó un paciente mayor, yo tenía 11”, confiesa. “El paciente estaba en la misma sala que yo. Casi todas las veces se quedaban dormidos los pacientes, él ingresó dos días después de mí, parece que no era la primera vez que ingresaba, me acuerdo que se llamaba Samuel”, narra Eve.

Sobre este hecho, asegura, puso al tanto al personal médico, también a las funcionarias de la Senniaf –aunque no recuerda los nombres de ninguno de ellos–, pero “no dijeron nada”. “Vinieron a verme” –agrega– “creo que una trabajadora social”, evoca. Este diario conoció que en los registros médicos a los que tuvo acceso la madre de Eve, no consta registro del hecho, no obstante, la fiscalía hace averiguaciones al respecto.

Hace una breve pausa como para tomar impulso y continúa: “Las enfermeras vieron la interacción, pero no dijeron nada. También lo reporté al doctor del hospital, pero nadie dijo nada, no sé porqué”, dice interpretando los hechos desde su propia perspectiva.

Enseguida la madre explica que cuando Eve estaba hospitalizada, una vez más, la Senniaf le prohibió visitarla a pesar de que la niña contaba con un hogar sustituto. “Me decían que tenía que ir a Senniaf a recoger sus pertenencias, que se iría a otro lado, no especificaron”. Después de unos días, la madre se enteró a través de un tercero que Eve había sido trasladada a Metro Amigos, la denominación de la Fundación Creo en Milagros, un albergue ubicado en Tocumen que alojaba a niños y adolescentes en riesgo social y en protección del Estado. Dado que Eve aún no había sido declarada en estado de adoptabilidad, fue trasladada por segunda vez a un albergue. La familia conoció que las autoridades ultimaban la investigación correspondiente con su familia biológica, “en ese momento, no querían contacto con nosotros del todo porque pensaban que sería confuso para ella”, explica la madre.

Durante la realización de esta investigación solicitamos múltiples entrevistas a la Senniaf para conocer su versión de los hechos planteados por Eve y su madre, pero en las distintas administraciones que regentaron la entidad desde febrero del corriente no se concretó la cita.

La madre recurre a las fechas que había anotado en un papel que extrae de su cartera como prueba de las múltiples notas que envió a la Senniaf para conocer del paradero de Eve. Su instinto le anunciaba que eso iba a pasar. Para nadie era un secreto que en ese albergue “ocurrían atrocidades”, definió la exdirectora del centro (2019-2021), Xenia Medina, cuando fue cuestionada por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, para explicar los casos de abuso sexual y maltratos que recogieron como parte del informe legislativo.

Mientras el albergue estuvo bajo la dirección de Medina, ahora imputada por supuesto peculado y maltrato, cambió de Metro Amigos a Fundación Chilibre Panamá (Funchipa).

Profesionales que han visitado el sitio lo han descrito como una “cárcel para niños, con barrotes”, puertas de hierro y tres cuartos en los que dividen a mujeres y varones. Dicha infraestructura colinda con el Centro de Custodia de Menores Infractores Arco Iris con el que comparten la cocina. La vecindad sigue siendo un riesgo para los niños y adolescentes del albergue.

En las entrevistas efectuadas para esta investigación constatamos varios testimonios que relataron cómo los jóvenes infractores ingresaban al albergue para amedrentar y abusar a las chicas, incluso amenazar con arma blanca a los cuidadores, o golpear a los varones.

A este escenario se sumaba que Metro Amigos albergaba a niños y adolescentes en conflicto con la ley, víctimas de maltrato, abuso sexual, trastornos psiquiátricos y otras situaciones que impedían clasificar a la población por falta de espacio.

Por lo general, los niños y adolescentes llegan con complicados problemas psicológicos y el albergue termina con una población disfuncional acumulada, sin recursos para pagar especialistas que canalicen las necesidades y medicamentos de los menores.

“Por 10 años esa fundación sirvió para recibir todo lo que les llevaba Senniaf, incluso en horas fuera de oficina cuando los juzgados cierran y requieren de un sitio temporal mientras el juez decide el caso. Chicos con enfermedades mentales, muchachas que habían sido prostituidas, con problemas de adicciones, o quienes los recogía la policía por estar a deshora en las calles”, manifestó un extrabajador del albergue que habló con La Estrella de Panamá y pidió reserva de su nombre.

La fuente agregó que “en abril de 2019, cuando Funchipa tomó la administración del albergue, se efectuó un listado elaborado por la médica y dos técnicas de enfermería que detallaba las medicinas que debían tomar los niños y adolescentes”. El monitoreo de la población arrojó que una gran mayoría estaba medicada con sedantes menores, como diacepan, y antiepilépticos. “No tenían asco para medicar”, manifestó el profesional que laboró en el albergue. En los expedientes no constaban razones para la ingesta de la mayoría de los medicamentos. Funchipa, añadió esta persona, “intentó buscar una justificación, no encontraban razón científica, incluso después de haber consultado a Senniaf; comenzaron un proceso de observación conductual”.

“Era evidente que la idea de los medicamentos era calmar a la población, sedarla. De hecho, hay anécdotas de que los chicos se la pasaban bostezando en la escuela y había que llevarlos al albergue”, asegura uno de los profesionales que tuvo acceso a los expedientes de la fundación.

Entre la documentación consultada para este reporte, este medio tuvo acceso al informe de gestión de Funchipa del 1 de abril a diciembre de 2019, que revela entre los hallazgos psicosociales “varios menores de género masculino somnolientos en los salones de clases, pasillos del albergue y salas de los hogares”. Más adelante describe que “aproximadamente el 60% de los niños y adolescentes tenía medicamentos sin receta médica de orden psiquiátrico (ansiolíticos menores, ansiolíticos mayores, antiepilépticos, antidepresivos, bloqueadores de procesos esquizofrénicos y esquizoafectivos)”. Según el informe, estas drogas –que estaban ubicadas en la alacena de la clínica del albergue– estaban vencidas, y en los expedientes clínicos de los menores no se halló constancia de su uso o el tiempo determinado de la prescripción médica. Añade que nunca se suministró al relevo administrativo la contraseña de la computadora que manejaba el equipo técnico para acceder a información crucial médica. De los 101 niños y adolescentes que vivían en el albergue, 17 tenían algún tipo de discapacidad que no especifica el informe.

Eve recuerda que llegó a Metro Amigos en 2017, un poco antes del 9 de mayo, el día de su cumpleaños.

Con firmeza golpea la mesa con el dedo índice de la mano derecha como para no dejar duda de la forma en que pretende encarar su nueva vida a partir de la revelación. Ya no está dispuesta a dejarse de nada ni de nadie.

“Llegué a Metro Amigos y pasó la misma cosa. No te puedo decir si el agresor estaba en el sistema o era uno que estaba en la cárcel para menores, vecina del albergue”. “Yo estaba sola en la granja dándole alimento a los animales. Pasó como a las 6:00 o 7:00 de la noche”, dice con voz tenue. “Le reconozco la cara, pero no el nombre, Juan, David”, repite como le llamaban. Sobre esto afirma que puso al tanto al entonces director del albergue, Roberto Charles, pero sintió que la “estaba enredando”. “Yo le dije a la terapeuta del albergue”, relata decepcionada.

Charles rechazó una entrevista con 'La Decana'. No quiso dar ninguna opinión sobre cualquier incidente en el que haya sido mencionado por terceros. “No tengo nada que decir”, insistió el exdirector, “es un tema que está en investigación, no quiero afectar algo al emitir opinión”. Enseguida invitó a este medio a conversar con el abogado de la Fundación Creo en Milagros, de quien nos daría el teléfono, pero dijo no recordar el nombre del jurista en cuestión, como tampoco envió su contacto.

La joven se sumerge en una pausa larga y revela que no se trató de una sola vez, sino que la misma persona abusó de ella en cuatro o cinco ocasiones más.

“Después de los abusos intenté suicidarme otra vez con las mismas pastillas, pero ahora con 50 píldoras”.

Una vez más perdió la consciencia. Esta vez su cuerpo estaba demasiado débil porque, según Eve, “tenía semanas de no comer”. “A veces me castigaban porque no hacía caso, o por haber reportado los abusos”, narra angustiada. Antes de eso la habían llevado al Hospital del Niño porque estaba perdiendo peso, ahí recomendaron una alimentación equilibrada.

Por eso “el segundo intento fue más grave, porque mi cuerpo estaba débil”, cuenta la joven. “Cuando salí del hospital y llegué a Metro Amigos ya no vi al hombre que me violó”, recuerda.

“Yo le dije a Senniaf lo que pasó, sobre el abuso. Le dije a dos mujeres. Sentía que nadie me creía”, cuenta. Eve agrega que le dijeron que lo que había experimentado debía quedarse en el pasado y que “nadie necesitaba saberlo porque a nadie le importaba y nadie me ayudaría”. Añade que le advirtieron que como había mentido tantas veces en el pasado, “nadie me iba a creer ahora”. Eve repite lo que le comentó una de las funcionarias de la Senniaf: “Yo sí sé que las dos violaciones ocurrieron, pero yo no le voy a decir nada a nadie porque eso no importa”. “La otra persona de la Senniaf me amenazó y dijo que, si yo decía algo, se asegurarían que yo nunca fuera adoptada, y de separarme de mi familia. Ellas sabían que amenazarme era mi debilidad. No podía creer lo que me decían”, denuncia con amargura.

Los casos de abuso sexual entre pares dentro de los albergues ha sido un tema permanente e histórico, al igual que el abuso sexual y/o maltrato físico por parte de un cuidador o empleado.

Todos los testimonios de quienes vivieron en centros de cuido temporal que recogió este diario, refieren haber sido víctimas de abuso sexual o de intentos en su contra, de los cuales lograron defenderse. En Panamá hay una preocupante historia de abuso sexual infantil que suele tener origen en los círculos íntimos familiares.

Los casos son diversos, pero lo más grave, de acuerdo con Melany Guajardo, psicóloga clínica y terapeuta familiar, es que no se ha dado tratamiento a los niños que tienen conductas sexualizadas o masturbatorias. “Estos niños tienden a abusar de los demás, puede ser de forma física, o tal vez que estén presentes mientras ellos se masturban. Generalmente he visto que lo califican como un juego rudo que tiene que ver con penetración”, explica.

Por años se ha tratado de un tema vetado que limita la implementación de una política de prevención sobre abuso sexual infantil. No hay definiciones claras, así como herramientas para la denuncia, abordaje y posible tratamiento. Son contados los albergues que tienen un manual definido en caso de abuso y denuncia ante las autoridades.

Aún persiste un enorme temor de enfrentar el abuso por parte de las autoridades de Senniaf y directivos de los albergues debido a la presión mediática. Bajo ese concepto, muchos prefieren engavetar, silenciar y esconder los casos, aunque existe una ley contra la violencia intrafamiliar y abuso infantil. “Persiste el criterio tabú entre los técnicos y profesionales que abordan estos casos, en los que suelen predominar puntos de vista personales, criterios familiares y creencias religiosas que se anteponen ante una decisión objetiva y legal”, afirmó una persona que trabajó en el albergue en cuestión y solicitó reserva de su nombre.

Por otra parte, la lentitud con la que se investigan los casos en el Ministerio Público y la falta de certeza de castigo han creado una enorme desconfianza en las víctimas y denunciantes que enfrentan estos tediosos procesos.

Senniaf no cuenta con una política y un protocolo de abordaje de crisis que facilite, oriente y coordine los eventos de esta naturaleza a medida que se desarrollan.

La política debe ir acorde con prevención, principios claros de cero tolerancia y amplia difusión y discusión entre los funcionarios de Senniaf, los albergues, los menores y las autoridades de investigación y sanción.

Ante una denuncia por maltrato o abuso sexual, la institución no tiene una respuesta inmediata de visita domiciliaria en todos los casos, según se lee en un informe elaborado en la Senniaf con fecha de diciembre 2019.

Eve no tiene deseo alguno de tener hijos, pareciera presa de un pasado con traumas interminables. Perdió dos años de escuela, y actualmente acude a terapia para desahogar de a poco la rabia, la frustración y el enojo.

“Yo veo ahora a esa niña débil, una que no se podía expresar, que podía decir algo en algún momento, pero que estaba amenazada”, reflexiona Eve.

No era la única que temía a las consecuencias. Durante la entrevista, la madre adoptiva describió que el juez 'no entendía' su interés en adoptar a Eve, si ya la madre contaba con una familia propia.

Cuando estaban en proceso de adopción, “todo era punitivo, castigos, supuestamente porque no estaba agradecida de la familia. Le decían que tenía que apreciarlo, pero en cambio se portaba mal”, ilustró la señora que nadó años contracorriente. La niña fue adoptada en 2019 después de haber pasado ocho años en el sistema sin una solución. Un proceso que, por ley, ya sea mediante reagrupación familiar o adopción, no debería tardar más de un año.

La familia adoptiva sentía que al denunciar lo ocurrido corría el riesgo de que le negaran la adopción, así que sepultó sus palabras a la sombra de un sistema deficitario, sin percatarse del maltrato, por omisión, o tal vez negligencia, que ejerció el Estado sobre la niña a su propio cuido. Su historia representa la de miles de niños en Panamá atrapados en un limbo, sin poder reunificarse con su familia biológica o ser elegibles para adopción. Niños y adolescentes que esperan por años, sin que un defensor abogue por ellos, como abandonados hasta cumplir prácticamente la mayoría de edad.

El Ministerio Público inició una investigación a raíz de la denuncia de Eve.