Por segunda vez se suspende audiencia del caso 'Piso y Techo'

La audiencia ordinaria por corrupción en el Programa Piso y Techo, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) –que estaba destinado al suministro de materiales de construcción para las familias más vulnerables del país– que estaba programada para entre el 25 y 27 de mayo de 2022, quedó suspendida por segunda ocasión.

El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales determinó declarar reos rebeldes a dos (Alci Vacorizo y Dorians Quirós) de los 14 imputados en la investigación, considerando que fueron notificados por edicto emplazatorio.

La Estrella de Panamá conoció que efectuada la ruptura procesal se continuará con el resto de los imputados en el proceso y se fijará una nueva fecha de audiencia.

La investigación del Ministerio Público empezó con una denuncia anónima que señalaba que el director del Programa de Ayuda Nacional (PAN), en el periodo comprendido entre 2012 y 2014, utilizó $700 millones para el programa Piso y Techo, que se dio a raíz del Convenio de Cooperación y Ejecución Interinstitucional y el Ministerio de Vivienda, con el aval de la ministra de Vivienda de ese momento, a fin de que contratara a las empresas para el suministro y distribución de los materiales.

Entre los elementos de prueba, la fiscalía cuenta con un informe de auditoría remitido por la Contraloría General de la República que estableció un perjuicio de $1,5 millón en detrimento del Miviot tras la malversación de los fondos que debían ser destinados para programas de asistencia social, en este caso asistencia habitacional conocido como “Piso y Techo”.

La fiscalía realizó inspección ocular a las distintas regionales de la institución a nivel nacional, donde determinó que, en efecto, había empresas que dejaban el material en dichas sedes y que nunca lo hicieron llegar a los beneficiarios, tal como se establecía en las órdenes de compra; además, que otras empresas no llegaron a entregar el material. Lo anterior pudo ser corroborado por los testimonios de los beneficiarios en el país.

La fiscalía investiga supuestos delitos de peculado y corrupción de servidores públicos. Y solicitó juicio para 14 personas.