La llegada de migrantes menores de edad a Darién se incrementa en un 50%

A pocos días que veinte países americanos, entre ellos Estados Unidos, México y varias naciones centroamericanas, se unieron a una declaración con compromisos concretos para contener la crisis migratoria de la región, la Defensoría del Pueblo de Colombia llamó la atención sobre los graves riesgos a la vida, seguridad e integridad que enfrentan niños, niñas y adolescentes migrantes que transitan por Apartadó y Necoclí, en Antioquia, y el corregimiento de Capurganá, en Acandí, Chocó, en los límites entre Colombia y Panamá.

En los últimos meses se ha presentado el incremento de población transcontinental y del Caribe que usa el paso por la selva del Darién hacia Centro y Norteamérica.

“Desde la Defensoría del Pueblo observamos en el mes de mayo la salida por Necoclí hacia el tapón del Darién de 169 niños y niñas de 0 a 12 años y de 41 adolescentes entre los 13 y 17 años”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

En el año anterior, según el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, Senafront, se presentó el cruce fronterizo de al menos 134.000 personas, de las que predominaba la presencia de grupos haitianos, la mayoría hombres, y unos 29.000 niños, niñas y adolescentes.

En los primeros cinco meses del 2022, en comparación con el 2021 se reporta en Panamá un incremento del 50% de los menores que llegan a Darién.

El Servicio Nacional de Migración, en su datos estadísticos de los migrantes en Darién, detalla que en el año 2021 unos 2,516 menores de edad habían atravesado la selva y este año hasta mayo ya habían atravesado 5.028 menores. Los adultos, de igual manera, están en incremento. Este año 27,769 migrantes adultos han llegado a Darién, pero en el año pasado 13,433 habían llegado a la región.

El llamado Tapón del Darién es la frontera natural entre Colombia y Panamá por la que cada año pasan miles de migrantes, en los últimos años en su mayoría haitianos y cubanos, en su tránsito hacia Norteamérica.

Los principales sitios por los que pasan los menores, según la Defensoría, son Apartadó y Necoclí, en el departamento de Antioquia, y el caserío de Capurganá (Chocó).

El Defensor del Pueblo de Colombia resalta que el perfil migratorio ha cambiado. Mientras en 2021 predominaban los migrantes haitianos; para el 2022 la mayoría son provenientes de Venezuela, también viajando con niños, niñas y adolescentes.

Vale la pena mencionar que por falta de mecanismos oficiales hay un subregistro frente a la dinámica de movilidad humana y, en ese sentido, se sabe que persiste el flujo poblacional de personas haitianas, angoleños, senegaleses y de otras nacionalidades, pero tampoco se ha podido corroborar la cantidad exacta de personas.

La Defensoría del Pueblo de Colombia y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tienen identificadas varias situaciones especiales: 1) la mayor presencia de familias que viajan con niños, niñas y adolescentes, 2) debido a que tienen menor capacidad económica, los migrantes se ven obligados a permanecer en lugares de uso público y de calle, 3) deben estar más tiempo en Colombia, realizando actividades económicas informales que les permita reunir los recursos que requiere el viaje.

Adicionalmente, los niños, niñas y adolescentes nacidos en Colombia están en riesgo de apatridia con padres de nacionalidad distinta a la venezolana.

Se ha visto además un incremento de niñez no acompañada: desde UNICEF Panamá reportaron la llegada de 17 jóvenes no acompañados a su frontera, lo que afecta el tejido social en el territorio y vulnera los derechos humanos de la niñez, sujeto de especial protección por parte del Estado colombiano.

Este escenario, asegura Carlos Camargo, “los menores de edad están mucho más expuestos para ser instrumentalizados por parte de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminarles, que buscan aprovecharse de esta situación y cometen reclutamiento, violencia sexual, explotación sexual, violencias basadas en género y trata de personas”.

A lo anterior se suman vacíos de protección para niños, niñas y adolescentes en los territorios; hay deficiente identificación de los menores no acompañados y separados. Resulta necesaria la articulación de información que permita establecer el destino y necesidades de los niños que pasan por la zona del Darién.

En el mismo sentido, la Defensoría del Pueblo de Colombia considera que no existen mecanismos claros para verificación de parentesco, falta de sistemas de información pública con enfoque en niñez y debilidad en el registro en la entrada por la frontera entre Colombia y Ecuador, lo que aumenta las vulnerabilidades de los niños.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las instituciones del orden nacional y departamental para fortalecer su presencia en las zonas fronterizas entre Colombia con Ecuador y Panamá, especialmente en los departamentos y municipios de la región del Urabá antioqueño y chocoano, para ejercer el control e impulsar estrategias, planes y programas que tiendan a la prevención y mitigación de las situaciones expuestas con anterioridad y que afectan a la niñez.

En este aspecto, “recomendamos la articulación armónica y solidaria entre todas las instituciones que hacen parte del Estado colombiano y en especial a las relacionadas con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, hacia la construcción de entornos seguros para la niñez refugiada y migrante, junto con las comunidades de tránsito y acogida en nuestro país”, puntualizó el Defensor del Pueblo.

El acto de firma de la llamada “Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección” estuvo encabezado por el presidente estadounidense, Joe Biden, durante la última jornada de la IX Cumbre de las Américas.

“Ninguna nación debe asumir sola esta responsabilidad”, dijo Biden, quien destacó que no solo está aumentando la migración irregular que se dirige a Estados Unidos, sino que a Colombia han llegado “millones” de venezolanos y que los migrantes representan ahora “el 10 % de la población de Costa Rica”.

El presidente panameño, Laurentino Cortizo, alertó en la cumbre que la crisis de migrantes irregulares es “uno de los retos más apremiantes” en las Américas, atribuyó el fenómeno a la “falta de oportunidades en sus países de origen” y pidió “acciones concretas” para enfrentarlo.

Para aliviar la presión que generan esos flujos, los países firmantes se comprometieron —entre otras cosas— a expandir las oportunidades de migrar legalmente para contener la llegada de indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos, que sigue en aumento.

“Necesitamos detener las formas peligrosas e ilegales en las que está migrando la gente. La migración ilegal no es aceptable, y vamos a asegurar nuestras fronteras”, aseguró Biden.

Un juzgado de Panamá ordenó la detención provisional de ocho ciudadanos venezolanos migrantes en tránsito que agredieron a un agente de las fuerzas de seguridad y causaron daños a una estación de recepción migratoria (ERM) en Darién, informó el pasado sábado el Ministerio Público.

El hecho tuvo lugar el pasado 6 de junio en la estación de recepción migratoria de San Vicente cuando los ochos migrantes “causaron daños a bienes del Estado y además lesionaron” a un agente del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), precisó un comunicado del Ministerio Público.

El grupo de migrantes venezolanos se tornó violento “debido a que querían continuar su camino, pero debían cumplir con el proceso de verificación de migración, además del pago del transporte”, de acuerdo con la información oficial.

“Los ochos imputados también le tiraron piedras y bloques a las unidades policiales, amenazándolos de muerte alegando que pertenecían a una banda delincuencial en Venezuela”, aseguró el Ministerio Público de Panamá.