Minera Panamá gestiona arbitraje internacional; Gobierno se defiende

First Quantum y Minera Panama han notificado a Panamá su intención de someter a arbitraje de inversión, reclamos bajo el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Panamá.

Además, Minera Panamá ha presentado al gobierno panameño notificación de Arbitraje Comercial bajo las Reglas de Procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje con base al contrato que concedió a Minera concesión sobre el área de la mina de cobre.

Mediante un comunicado el Ministerio de Comercio e Industrias, informó que este viernes, 23 de diciembre, First Quantum y Minera Panamá adelantaron gestiones para iniciar dos procesos de arbitraje contra Panamá, a pesar del acuerdo de ambas partes en reunirse.

Se trata de un arbitraje comercial contra Panamá bajo el contrato de 1997, declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia; y un arbitraje de inversión bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá (TLC).

A lo largo de este proceso, el Gobierno de Panamá ha trabajado con asesores legales internacionales y panameños, preparándose para todos los posibles escenarios, en miras a garantizar la defensa de los intereses nacionales y los derechos de los trabajadores de la mina.

Los equipos legales internacionales que tiene Panamá, con experiencia en arbitraje, son las firmas Squire Patton Boggs y Allen & Overy.

El 19 de diciembre de 2022, el Gobierno Nacional, en cumplimiento de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se declaró inconstitucional el contrato de 1997, ordenó a Minera Panamá elaborar un plan para poner en cuido y mantenimiento la mina Cobre Panamá, el cual contempla el cese de operaciones comerciales.

Posterior a esto, los directivos de First Quantum Minerals solicitaron al Gobierno de Panamá una reunión, la cual fue aceptada por el Gobierno Nacional.

La Resolución de la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industria que ordena a Minera Panamá a ejecutar un plan de cuido y mantenimiento para la mina de Cobre Panamá se mantiene vigente, y el Gobierno fiscalizará su pleno cumplimiento.

El Gobierno de Panamá, en Consejo de Gabinete liderado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, ordenó el pasado 15 de diciembre el cese de operaciones comerciales de la mina luego que no llegara a un acuerdo con la empresa subsidiaria de FQM para firmar un nuevo contrato de concesión de la mina de cobre.

El Gobierno y la empresa minera iniciaron a negociar el nuevo contrato en septiembre de 2021 y en enero lograron un acuerdo preliminar que incluía elevar de 2% a entre 12% y 16% las regalías, garantizar un aporte anual mínimo al Estado de $375 millones de dólares. Lo que representa 10 veces más de lo que ha aportado la empresa anteriormente, y el pago del impuestos hasta ahora exentos. Sin embargo, a diciembre no se había firmado contrato.

La empresa ha insistido en que "el contrato de Minera Panamá permanece en pie legal" porque fue renovado en el 2017 por un período de 20 años, una tesis que niegan sectores ambientalistas y abogados con el argumento de que el fallo del Supremo anuló la concesión.

La mina más grande de Centroamérica tiene una inversión de entre 7.000 y 10.000 millones de dólares y 5.279 trabajadores, que están siendo atendidos por el Ministerio de Trabajo para garantizar la prestaciones laborales.