Fundamentos para el nuevo pacto social panameño

El Estado moderno es la forma como organizamos nuestra vida en sociedad. Surge a finales de la Edad Media, señalando los inicios de la Era Moderna, comprende una población dentro de determinado territorio con un gobierno que lo administra con plena soberanía.

El pacto social, contrato social o teoría contractualista del Estado es una metáfora utilizada para explicar el origen del Estado. Parte de la idea de que todos los seres humanos vivíamos dentro de un “estado de naturaleza”, esto, anterior a la existencia de los gobiernos o las sociedades organizadas, y expresa la forma en que el hombre pasa de encontrarse en ese estado de naturaleza, donde disfrutaba de libertad y soberanía completa, a formar una organización social como el Estado, donde la libertad es en cierta forma restringida.

El filósofo inglés Thomas Hobbes es el primero en exponer esta teoría sobre el orígen del Estado. En su obra Leviatán, escrita en el siglo XVI, explica que anterior al surgimiento del Estado, ya sean monárquicos o constitucionales, el hombre vivía en un estado natural de guerra permanente y conflicto social por querer tener poder sobre los otros hombres.

Por consiguiente, el hombre, un ser soberano por naturaleza, le cede la soberanía de la cual disfrutaba plenamente como parte de su “derecho natural”, al Estado, por medio de un contrato social estipulado entre las partes como método para que los hombres puedan vivir en comunidad.

Sin embargo, el contrato social no es inmutable, sino que se debe adecuar a las circunstancias y transformaciones de cada momento histórico.

Es importante establecer la urgencia que tenemos los panameños de configurar un nuevo contrato social tomando en cuenta ciertos valores éticos que nos sirvan de fundamento.

Un fundamento es una sustancia encima de la cual se edifica una estructura. El fundamento orienta la dirección y mantiene el soporte del edificio que se pretende construir. En este caso es un nuevo pacto social para Panamá. Si los panameños nos ponemos de acuerdo en qué tipo de fundamentos necesitamos incorporar al nuevo pacto social, y que sean fundamentos buenos y profundos, esto garantizará que el edificio, que en este caso es el Estado, se mantendrá firme.

Los fundamentos sobre los que descansa el actual pacto social panameño están hechos de arena y no de roca. El descontento social registrado en las protestas de junio de 2022 tiene raíces profundas, y de no asumir la necesidad de incorporar cambios fundamentales en el contrato social, este descontento podría tender a aumentar y desencadenar una enorme crisis del Estado panameño.

Las mesas donde se sientan siete u ocho políticos a discutir el futuro del país han fracasado en método y orientación del modelo. Hoy entendemos mejor que nunca que no puede existir reforma democrática del Estado sin un método democrático de reforma.

Para fundamentar el nuevo pacto social panameño debemos comprender que el mundo ha cambiado y el Estado panameño ha cambiado vertiginosamente desde la recuperación del Canal y las áreas adyacentes al mismo, el 31 de diciembre de 1999.

El producto interno bruto panameño en 1999 oscilaba entre los $12.000 millones, hoy, 22 años después, el PIB asciende a casi $70.000 millones.

La exigencia de calidad en el manejo de los recursos del Estado hoy es mucho mayor a la que había en el milenio pasado. Gran parte de la ciudadanía nació en un país que cuenta con el mayor PIB per cápita de América Latina, y a pesar de esto a diario percibe que esos recursos son despilfarrados por medio de políticas públicas irrazonables, o más bien, la ausencia de políticas públicas reales.

Este nuevo contrato social requiere de un amplio consenso entre los diversos sectores de la sociedad. De hecho, el nuevo contrato social se puede alcanzar a través de pactos concretos en ámbitos específicos. En este artículo mencionaremos algunos de los más importantes que se encuentran relacionados con nuestra área de estudio académico.

Panamá dispone de una enorme cantidad de recursos, pero no estamos en dirección de alcanzar niveles de desarrollo social y económico satisfactorios. La evidencia sugiere que una de las variables fundamentales para explicar ese rezago es la falta de una ética pública que involucre al sector privado, al igual que al sector público y a la sociedad, y que esté apegada a las mejores prácticas internacionales de gestión pública.

Los panameños necesitamos instaurar una nueva ética de lo público que valore lo público en la misma dimensión que lo privado.

La brújula que debe orientar esta nueva ética en la gestión de lo público es la transparencia. Lo público debe estar a la vista de todos.

Mientras exista discrecionalidad, falta de raciocinio y sentido común en la orientación de recursos públicos, vamos a seguir eternamente instalados en el lado de las naciones subdesarrolladas.

Panamá debe emular una serie de principios y valores que forman parte de los modelos económicos, políticos y administrativos de los países desarrollados.

El sociólogo y politólogo mexicano Mauricio Merino planteaba que nuestros países atraviesan por una “crisis de ética pública, causada, entre otros aspectos, por la corrupción, la impunidad y la prepotencia que de manera agobiante se presentan en todos los ámbitos de la vida nacional, desde las esferas de gobierno hasta las correspondientes a la sociedad”.

Es necesario instaurar una nueva ética pública que promueva los más altos valores de eficiencia, honradez, buen uso de los recursos, con total transparencia, y promover el comportamiento deseable en los servidores públicos, pero empezando por las autoridades de mayor responsabilidad. En Panamá, los ministros son nombrados en sus carteras sin siquiera conocer las responsabilidades legales que la moribunda ley de transparencia de 2002 les exige; la mayoría recibe sus cargos y con ellos una serie de exigencias para satisfacer necesidades de los principales donantes de campaña y esa es la lógica que impera en el manejo de lo público.

La legitimidad de los gobiernos y de las democracias se alimenta diariamente cuando el pueblo cree y así lo acepta, que el gobierno se interesa y trata de solucionar sus problemas y que en esa tarea utiliza adecuadamente los recursos públicos, actuando con transparencia y objetividad en el ejercicio de la función pública, en pro del bien común. Esto nos lleva a hablar, dentro del proceso de legitimación, de la necesaria existencia de una ética de la función pública que oriente las acciones del gobierno en la búsqueda del bien común como fin último del Estado.

Las acciones de esta empresa pública llamada Estado panameño, han crecido 83% en los últimos 25 años, y uno de los factores principales que no han permitido que el crecimiento se convierta en desarrollo es la atroz e intratable ética pública con que nuestros representantes políticos han manejado la cosa pública, y esto tiene que llegar a su fin con el advenimiento de esta nueva era pospandemia.

Cultura de confianza en lo público.

En el reciente publicado informe del Banco interamericano de Desarrollo: “Confianza: la clave de la cohesión social y el crecimiento en América Latina y el Caribe”, se plantea que “la confianza no solo afecta la forma en que se organizan las empresas, sino también la manera en que lo hacen las sociedades. La baja confianza debilita la cohesión social y contribuye a aumentar el nivel de informalidad y la reticencia de las personas y las firmas a obedecer las leyes, pagar los impuestos y cumplir las regulaciones. La desconfianza distancia a las personas”.

Es sabido que en Panamá tenemos uno de los más altos niveles de desconfianza con respecto a nuestros gobiernos, en todo el mundo; esto definitivamente pone en jaque todo proyecto de desarrollo social.

El mencionado informe añade que “los avances en las ciencias sociales permiten medir la confianza y mostrar que son tanto la historia como la cultura, las familias, las experiencias personales y el conocimiento individual los que la determinan. Sin embargo, los gobiernos pueden aumentar la confianza si cambian los incentivos de los ciudadanos para ser confiables: se trata de eliminar las asimetrías de poder que conceden impunidad a los que no son de fiar, así como las asimetrías de información que les permiten ocultar su comportamiento no fiable”.

Las llamadas asimetrías de poder y de información que son causantes de desconfianza deben ser tratadas de manera estratégica en la construcción de una nueva cultura de confianza dentro del Estado y del sistema democrático panameño; esta es una de las principales tareas que coadyuvará a situar al país en la dirección del desarrollo integral y debe formar parte de los fundamentos de un nuevo pacto social para que los ciudadanos confíen en sus gobiernos y en su sistema democrático.

La corrupción se ha situado como la mayor preocupación de los panameños. La clase política actual vive en un mundo distinto, donde el poder nubla las mentes y se encuentran incapaces de realizar los cambios que en materia de corrupción los ciudadanos exigen.

¿Cuáles son los valores organizacionales del Estado panameño? No existen, son nulos. Los panameños debemos fundamentar nuestro nuevo pacto social no en un discurso de promesas, sino en un acuerdo de valores éticos que se transformen en acciones concretas que a corto, mediano y largo plazo garanticen la integridad en el manejo de los recursos del Estado.

Temas como el monocefalismo del Órgano Ejecutivo, la crisis de representatividad y participación política, la crisis de los partidos políticos, del Órgano Judicial y del parlamento, obedece al reemplazo de los valores éticos que deberían sustentar las democracias modernas por la justificación de la corrupción el nepotismo, el clientelismo y la cultura del juega vivo como vía para obtener beneficios personales inmediatos, que mantienen sepultado todo intento de reforma del actual sistema democrático. La tarea es amplia y los ciudadanos conscientes tenemos que unirnos y ponernos de acuerdo en cuáles serán los fundamentos que fortalecerán y garantizarán la estabilidad política, social y económica del Estado panameño a largo plazo.