Procurador Caraballo considera urgente aprobar ley de extinción de dominio

El procurador general de la Nación, Javier Caraballo, considera urgente la aprobación de la ley 625 de extinción de dominio para que complemente las otras herramientas jurídicas y procesales en la lucha contra el crimen organizado.

El procurador Caraballo, señaló que hay todo un rango de situaciones que escapan de las herramientas legales y jurídicas que tenemos hoy día.

Como ejemplo, explicó, “si una persona se dedica a la delincuencia organizada trasnacional o al tráfico de droga y fallece, deja sus bienes en manos de sus familiares, resulta imposible llegar aprehender y quitarle estos bienes porque no están en manos del autor, no tenemos la posibilidad de lograr una sentencia condenatoria, y con esta ley de extinción de dominio, esas limitantes jurídicas desaparecen y tenemos una herramienta efectiva para privar a los grupos criminales de sus financiamientos”.

En cuanto a la resistencia de los diputados de la Asamblea Nacional de discutir este proyecto de ley, el jefe del Ministerio Público, manifestó que no puede decir que es “temor”, “lo que podemos decir es que hay un amplio debate y nosotros estamos abiertos y con talleres como este permite a que se den todas las explicaciones posibles, pero existe la necesidad de aprobar y aplicar una ley de extinción de dominio”.

Al contrario de lo que algunos señalan, el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, reiteró que “la ley de extinción de dominio, no pretende ser instrumento de persecución política”, sino que busca contribuir con el debilitamiento del músculo financiero de las organizaciones criminales que tanto daño hacen a nuestra sociedad y la recuperación de los dineros y bienes de origen ilícito a favor del Estado, destinado a obras sociales, programas de prevención, salud y educación, para resarcir a la ciudadanía del daño causado.

Pino explicó una vez más que, este instrumento jurídico también busca atacar a lo grupos delictivos de pequeña escala, quienes también son financiados por las narco-mafia, “y cuyo poder destructivo impacta directamente en perjuicio de la convivencia pacífica, el desarrollo humano, la sostenibilidad y el progreso de nuestra nación”

Aclaró que este proyecto no contempla dentro de sus normativas vulnerar el derecho de la propiedad privada, así como tampoco va en detrimento al derecho de defensa, “el Estado no puede proteger un derecho que no fue obtenido de forma lícita ya que no podemos permitir ni convertir al Estado en un cómplice de lo mal habido”, dijo el ministro Pino.

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Al igual que la Asamblea Nacional, el Ministerio de Seguridad Publica tuvo como invitada a la abogada colombiana,Sara Magnolia Salazar, ex juez de extinción de dominio, jefe de la Fiscalia contra el Lavado de Activos.

La ex juez de extinción de dominio confirmó que esta ley sí funciona y que jamás ha sido un ente de persecución política en Colombia. “Nosotros tenemos la extinción de dominio hace más de 25 años, tenemos un código de extinción de dominio y funciona paralelamente al proceso penal porque los delincuentes no basta ponerlos tras la rejas, sino que hay desapoderarlos de su músculo financiero, de aquello que les hace seguir teniendo poder económico en nuestro países”.

Señaló que la ley de extinción de dominio ha combatido la corrupción y todas aquellas actividades ilícitas graves, como el secuestro, la extorsión, el lavado de activos que genera rendimientos económicos ilícitos y que deterioran la vida de los países.

“Panamá y todos los países necesitan esta ley, “Panamá es parte del globo terráqueo, de manera que si ustedes no toman medidas contra la criminalidad organizada, ¿qué van a hacer los criminales?, venir a crear su fortuna aquí, a establecerse aquí, hacer cuentas bancarias, a crear sociedad y se va a crear la inseguridad, porque si no podemos ‘palanquear’ a los delincuentes viene a establecer se aquí y eso trae delincuencia”, advirtió la abogada.

La ley 625 de extinción de dominio de bienes ilícitos, se mantiene en una subcomisión de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, entre consultas, talleres y foros, con expertos en el tema.

El presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, pidió al ministro Pino, retirarlo del Legislativo alegando que el proyecto presentado por el Ministerio de Seguridad no recoge las garantías de defensa de protección de ningún ciudadano, ni de ninguna organización del país “y no se ajusta a las competencias legales que como país democrático hemos desarrollado”.