Los 50 años de un fondo 'para la posteridad'

Para muchos, el Fondo Constitucional o millones de la posteridad ha sido sinónimo de escándalo y corrupción. Lo cierto es que los intereses generados por el fondo de $6 millones invertido en bienes raíces en la ciudad de Nueva York, hicieron posible la construcción de las obras que dieron nombre al presidente Belisario Porras entre 1912 y 1924: La Exposición, el hospital Santo Tomás, el monumento de Balboa, caminos y carreteras que unieron a la ciudad de Panamá con el interior de la República, y muchos otros.

En el año 1928, otro préstamo por $12 millones tramitado por el presidente Rodolfo Chiari con el mismo respaldo permitió continuar la construcción de carreteras y abonar a la deuda externa nacional.

De acuerdo con la investigadora e historiadora Patricia Pizzurno (Patricia Pizzurno, “Los Millones para la Posteridad”, Revista Universidad, No. 57, 1997), el fondo no fue atendido con la debida atención por los sucesivos gobiernos de la República.

Al parecer, el problema radicó en la excesiva confianza puesta en el abogado William Nelson Cromwell, de la firma neoyorkina Sullivan & Cromwell, visto durante los primeros años de la República como “benefactor de la patria”.

Las primeras muestras de sana desconfianza hacia la labor de Cromwell surgieron a raíz de la Gran Depresión de 1929, cuando la república de Panamá nombró, por primera vez en 25 años, una comisión para inspeccionar las propiedades a las que se había asegurado una hipoteca en Nueva York.

Después de varios meses de estadía en la ciudad de los rascacielos, los señores comisionados Julio Quijano, subsecretario de Hacienda y Tesoro, y el doctor Carlos Icaza dieron el visto bueno a la gestión de Cromwell.

Para entonces, a pesar de la crisis, la tasa de interés se había elevado desde el 4,5% promedio de los primeros años hasta 5,066% y 5,375%, produciendo $614,480 en el año 1929.

No obstante, el informe rendido por los comisionados advertía de que “algunas inversiones pueden y deben mejorarse” y que el gobierno debía establecer “un sistema de supervigilancia”, sobre todo porque el responsable del fondo, con autoridad para tomar las decisiones sin consultar con la República, pasaba largas temporadas fuera de Estados Unidos y había delegado la administración del fondo en personal de su firma de abogados, Sullivan & Cromwell .

“Son personas honorables y competentes”, decían los comisionados, pero habían tomado algunas decisiones poco acertadas.

Basado en sus recomendaciones, el gobierno decidió establecer controles (Decreto 31 del 19 de marzo de 1937). En adelante, la Contraloría General de la República llevaría un registro de todas las operaciones de hipotecas.

En realidad, en 1929 era muy temprano para ver los efectos del malestar económico, que apenas empezaba. Durante los próximos años, la economía estadounidense continuaba deteriorándose y la crisis se expandía a la mayor parte de los países del mundo. El comercio internacional descendía entre un 50% y un 66%, y con ellos caían las rentas nacionales, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales, y los precios.

Aun así, entre el 1 de julio de 1930 y el 30 de junio de 1932 el fondo rindió $614,480 en intereses, una de las tasas más altas registradas hasta entonces.

Sin embargo, para 1934 ya el fondo empezaba a mostrar señales de decaimiento. Para ese año arrastraba casi $200 mil en intereses no cobrados. Ocho propiedades, con un valor agregado de $783,500, debieron rematarse y las pérdidas absorbidas por la república de Panamá (Patricia Pizzurno).

En 1936 los intereses no pagados se elevaban a $400 mil.

La situación provocó una crisis en la Asamblea Nacional. A mediados de 1936, el diputado Alfredo Alemán denunció ante el cuerpo legislativo la manera poco formal como el agente fiscal Cromwell manejaba los millones. En medio de críticas y discusiones, se expidió el Decreto 192 del 20 de noviembre de 1936, que nombraba a una “nueva comisión fiscal para que se encargue de estudiar y arreglar de manera definitiva la administración de los fondos”.

Ocho años después de la primera inspección, los señores Eduardo De Alba, gerente del Banco Nacional, y el secretario de Higiene, Leopoldo Arosemena, viajaban a Nueva York para contratar a un perito evaluador, quien después de varios meses de trabajo logró descifrar el estado del fondo, presentado en la Memoria de la Secretaría de Hacienda y Tesoro de 1938.

En esta ocasión, el informe fue altamente crítico de la labor de William Nelson Cromwell. Según los comisionados, el abogado “había dejado de dedicarle a los préstamos efectuados con el Fondo Constitucional la atención y honradez que eran de esperarse”.

Después del crash de la Bolsa de Valores, las operaciones inconvenientes para la República se habían multiplicado hasta el extremo de que la suma de $6 millones, en lugar de apreciarse, se había depreciado por $1,800,000. “Nos ha producido la impresión de que el Fondo Constitucional se estimaba como una cloaca que tenía por misión absorber todos los desperdicios”, dijeron los comisionados en el informe, revelado en julio de 1938.

A raíz de los hallazgos, el gobierno extendió un ultimátum a Cromwell: o se encargaba personalmente del fondo o renunciaba. Este, ya octagenario y radicado en Francia de forma definitiva, prefirió renunciar, alegando que “la reciente depresión de valores inmuebles, de naturaleza sin precedentes reconocida por los gobiernos del Estado y el Federal como una calamidad nacional por medio de la Ley de Moratoria y otras leyes restrictivas ha repercutido indudablemente sobre ciertos valores hipotecarios de la República”. (Patricia Pizzurno)

Pero de acuerdo con los comisionados, se trataba de negligencia y consideraron que debía pedírsele a Cromwell el reembolso de $1,800,000 en pérdidas. Además, recomendaron rematar todas las propiedades que tuvieran intereses vencidos, así como utilizar los millones de la posteridad para la amortización de la deuda externa.

En reemplazo de Cromwell, el gobierno nombró a The Chase National Bank of the City of New York como agente fiscal en Estados Unidos, en enero de 1938. Con este nuevo administrador, las hipotecas se sanearon y se redujo la mora, pero entonces empezó otro inconveniente: empezaba la II Guerra Mundial y la inversión en bienes raíces se hacía menos ventajosa. Las tasas de interés bajaban y, con ello, el fondo siguió decapitalizándose mientras los intereses bajaban.

Para 1940, la tasa de interés se había reducido hasta el 3% con un rendimiento de $168,000 anuales. Si en 1930 los 6 millones producían $317,880 al año, para 1940 no representaban más de $160,000.

Así estaban las cosas cuando el doctor Arnulfo Arias asumió la presidencia de la República el 1 de octubre de 1940. Nueve días después, el 9 de octubre, se aprobaba la Ley 6 del 9 de octubre de 1940, que autorizaba al poder ejecutivo contratar los servicios de un abogado para que presentara contra William Nelson Cromwell “la demanda o demandas necesarias hasta obtener las cantidades de dinero que se consideran perdidas en virtud de inversiones del Fondo Constitucional sin suficientes garantías”.

El gobierno de Arias decidió no invertir más en hipotecas en Nueva York y vender las propiedades que poseía cuando se presentara una oportunidad favorable. A partir de entonces, todos los intereses se usaron para amortizar la deuda externa de la República.

Se intentó destinar el saldo disponible del fondo con el mismo fin, pero se encontraron dificultades jurídicas por la interpretación del contrato con el Chase National City Bank.

Los gobiernos de Ricardo Adolfo de la Guardia (1941-1945), de Enrique A. Jiménez (1947-1948) y de Domingo Díaz (1940-1949) no tomaron decisiones que desviaran el rumbo. Se necesitaría que el doctor Arias volviera a la Presidencia en 1950 para que se renovara el interés de liquidar el Fondo Constitucional. Para entonces, el capital del fondo sumaba $3,232,652

En julio de 1952, el Consejo de Gabinete aprobó facultar al agente fiscal en Estados Unidos para que procediera a vender, mediante licitación, todas las hipotecas y propiedades.

El Chase invitó a 47 firmas de Nueva York para que hicieran propuestas de compra sobre 50 hipotecas del Fondo Constitucional hasta el 10 de diciembre de 1952. Solo hubo siete ofertas, la mejor de las cuales fue por $1,78,537, equivalente al 87,5% del valor de las hipotecas en venta, que era poco más de 2 millones.

Las restantes ocho propiedades del Fondo, que representaban más de medio millón de dólares, fueron vendidas a lo largo de 1953.

En 1954, la República recibió la última remesa de los $6 millones, consistentes en $31 mil como saldo de liquidación.

En los 48 años transcurridos entre la inversión de los fondos hasta su cierre en 1952, los intereses habían reportado a Panamá más de $11 millones 420,000.

A través de esta investigación no se pudo encontrar en los archivos públicos más información relativa a la demanda que el presidente Arias propuso se hiciera a William Nelson Cromwell. en 1940.

Un lector de esta columna, con título en economía, envió una aclaración sobre la primera entrega de esta serie, señalando un error en el cálculo del valor del fondo al día de hoy. En aquella entrega se indicó que los $10 millones pagados por Estados Unidos equivaldrían hoy a $263 millones. El lector aclara que en 1904 el dólar era una medida de oro y que $20.67 equivalía a una onza, por lo que los $10,000,000, divididos entre $20.67, serían 483,792 onzas. El precio de la onza de oro hoy está en un poco más de $1,500, lo que representaría un equivalente de $725,000,000. Una suma bastante importante. Gracias por la aclaración.