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29 de Nov de 2020

Política

‘Cuando el gobierno quiere algo no hay ley que valga’

PANAMÁ. El polémico proceso de ratificación de Ana Belfon en el Ministerio Público, y de José Ayú Prado en la Corte Suprema de Justicia,...

PANAMÁ. El polémico proceso de ratificación de Ana Belfon en el Ministerio Público, y de José Ayú Prado en la Corte Suprema de Justicia, ha dejado en perspectiva una realidad que se cuela con sigilo cada tanto una controvertida propuesta de ley toca las puertas del poder Legislativo: de cómo las decisiones políticas parecen estar sobre las leyes, sin importar su rango o la afinidad o indiferencia con el gobierno que las aprobó.

El asunto ha quedado en perspectiva desde que en la Comisión de Credenciales se denunció que en el nombramiento y ratificación de Belfon habría una falla que podría anular la designación que le hizo su jefe, el presidente Ricardo Martinelli. Fue nombrada como procuradora pese a que esa vacante no estaba abierta. La oposición adelantó que llevará el tema a la Corte Suprema de Justicia.

El diputado panameñista José Isabel Blandón también develó otro ‘error’ de la Asamblea que ayer ratificó a Belfon en el pleno y a Ayú Prado en la Comisión de Credenciales. (Véase nota relacionada).

Se habrían violado los tiempos establecidos por una resolución levantada por la administración de José Luis Varela para las consultas ciudadanas. Esta plantea que empezarán dos días después de la convocatoria en dos medios de comunicación distintos.

La Comisión de Credenciales, sin embargo, la empezó el mismo día en que difundió los avisos.

EL PODER Y LAS LEYES

‘Cuando el gobierno quiere algo no hay ley que valga... todo es premeditado’, apunta Mariano Mena, portavoz del Frente por la Democracia, opuesto a Martinelli.

Mena lo plantea por la escalada de anomalías que en menos de cuatro años han dejado al desnudo una mancuerna de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo que recurrentemente se acelera, presiona su agenda y se equivoca (pero, según los oficialistas, rectifica).

El constitucionalista Silvio Guerra discrepa con Mena. Asegura que la raíz de la situación ‘nada nueva’ son los vacíos de la enseñanza del derecho en las universidades. Pero eso no los reivindica: ‘el derecho no puede contraer o variar lo que eso mismo prescribe’, insiste. Por eso, dice, ‘no pocos actos terminan siendo demandados en la Corte’.

Y habla con razón. La mayoría de las leyes que han navegado entre la controversia pública en los últimos meses están pendientes de revisión del poder Judicial. Y las que no, es porque murieron antes o después de pasar el visto bueno presidencial. El rosario incluye los debates de la venta de las acciones de empresas mixtas, el cambio a la ley electoral, la creación y derogación de la Sala Quinta, y la resolución legislativa que le activó la ciudadanía al exalcalde Bosco Vallarino.

LOS TRASPIÉS

Tres meses antes de la controversia por la ratificación de Ayú Prado y Belfon, la Asamblea vivió episodios contradictorios y con ‘aberraciones’ legales —según los críticos— a cuentas de la reforma electoral que Cambio Democrático presentó, impulsó y aprobó.

Durante esas jornadas, las bancadas de gobierno en la Asamblea Nacional consensuaron una propuesta que impidió a los opositores presentar proyectos de ley.

Los oficialistas argumentaron que se había declarado sala ilustrada (aprobada por CD y el Molirena) y necesitaban votar la reforma que eliminó la plancha electoral en segundo debate, por lo que la presentación de proyectos, como táctica dilatoria de la oposición, fue detenida.

Sergio Gálvez, ante el reclamo de sus pares, aseguró no guardarle ‘ni un poquito de temor’ a las demandas que pudieran caer en su contra.

Aún así, los abogados del panameñismo lo denunciaron ante la Corte. Dicen que se violó el artículo 165 de la Constitución, que permite a los diputados presentar propuestas de ley.

La efervescencia por la modificación electoral produjo protestas en el interior de la Asamblea, que convidaron a la Policía a intervenir sin reparar en que su área de acción se limita a los predios del legislativo.

¿Con qué permiso lo hicieron?, cuestionó en su momento el también panameñista Luis Eduardo Quirós. Gálvez rebatió: los ‘60 gatos varelistas’ que estaban creando desorden en las gradas de la Asamblea obligaron al desalojo forzoso que desencadenó arrestos en el interior del Palacio Justo Arosemena.

‘ERRORES’ DE RETIRO

La reforma electoral ha sido uno de los pocos ejemplos de propuestas del oficialismo que han logrado pasar el filtro de la Asamblea y superado la prueba de la derogación pese a las anomalías que le endilgan.

El resto, tras navegar en las críticas y la oposición, ha muerto.

La Sala Quinta es prueba de ello. La comisión de Gobierno recomendó al pleno legislativo la aprobación de un proyecto de ley presentado en 2011 por Hernán Delgado (expresidente del Colegio Nacional de Abogados) que revivía la división de la Corte, pese a que abogados apuntaban a que ninguna propuesta de modificación a otro Órgano del Estado podía ser llevada por un diputado, sino por el propio poder que sería retocado.

A la mitad del camino, tras presiones populares, el gobierno reculó y los diputados fallaron nuevamente. El oficialismo insistía en retirarlo, sin embargo, los críticos sostenían que la fórmula correcta era rechazarlo, ya que al pasar por el primer debate había sido retocado. El artículo 119 del Reglamento Interno de la Asamblea establece que las propuestas podrán ser retiradas por sus autores siempre que no hayan sido modificadas.

BOSCO, LA REELECCIÓN

En el Legislativo añaden que la ley de consultas populares, que el gobierno de Martinelli defendió a ultranza y luego abortó, es otro ejemplo de cómo la política siempre intenta gobernar sin importar la ley.

Ese paquete incluía, según fuentes legislativas, una propuesta para que el Tribunal Electoral estuviese obligado a llamar a referéndum con la sola decisión del Ejecutivo. Por ahí, aseguran, se pretendía colar la idea de la reelección presidencial inmediata que hoy Martinelli intenta poner a distancia y que está vedada por la Constitución. La propuesta contraería el artículo 313 de la propia Carta Magna, que obliga al poder Legislativo a aprobar los cambios antes de la consulta popular.

El caso Bosco Vallarino apuntala la idea. El 3 de julio de 2009, la Asamblea, entonces dominada por Cambio Democrático y el partido Panameñista, emitió una resolución que le devolvió los derechos ciudadanos al exalcalde desde el año 2000 para que pudiera acceder al cargo que ganó en las elecciones últimas. Pero ese Órgano del Estado no podía hacerlo, porque, según la Corte, esa decisión no podía ser retroactiva.

El diputado vicepresidente, Abraham Martínez, asegura que en la relación de leyes aprobadas versus las declaradas inconstitucional la efectividad del Legislativo gana. Pero, se sacude, quien sienta que se ha violentado alguna norma en el trámite de un proyecto de ley bien puede utilizar la vía contencioso-administrativa que el Estado atesora. ‘Por algo existe el Estado de derecho... hay que ser claros, todas las leyes tienen un contenido político, emanan de un poder’.

Paralelamente, el constitucionalista Guerra solidifica la idea de la cruda relación entre la política y las leyes. Usa las palabras del abogado peruano Valentín Paniagua plasmadas en el libro ‘Estado de derecho, política y democracia en la sociedad globalizada’ para apuntar a ello: la pretensión de la política es dominar y gobernar el derecho, porque pone contrapeso al poder absoluto.