Alianza pide cuentas sobre gestión de Moncada Luna

PANAMÁ. Alejandro Moncada Luna culminó su periodo como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la misma forma en que llegó al cargo: en silencio.

El controversial magistrado prefirió abandonar la silla de la presidencia el 2 de enero sin rendir un informe público de su gestión. No quiere saber del gremio abogadil ni de la sociedad civil, que claman su renuncia. Y mucho menos de los periodistas.

La Alianza Ciudadana Pro Justicia no ha dejado pasar el desplante. Reunidos con los magistrados de la Corte (excepto Moncada Luna), esta agrupación no gubernamental pidió al nuevo presidente del poder judicial, José Ayú Prado, ‘revisar y publicar un informe del manejo administrativo llevado a cabo durante los años 2012-2013’.

LOS PECADOS DE MONCADA

La Alianza Ciudadana Pro Justicia —que aglutina a 20 agrupaciones de todo el país— quiere una relación detallada que incluya estadísticas de casos ingresados y casos pendientes en el despacho de cada magistrado y juez del Órgano Judicial (cantidad, fecha de ingreso, identificación de cada expediente y causa de atraso, si lo hubiera).

Por ahora todo se ha reducido a lo mismo. Un secretismo que genera repudio en la opinión pública. Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana, lo ha venido advirtiendo: ‘para retomar la credibilidad en el sistema de administración de justicia, la rendición de cuentas es vital’. Una rendición inexistente en la era Moncada Luna, era que estuvo salpicada por polémicos fallos que él mismo abanicó.

La sociedad civil no olvida cuando a principios de su gestión, Moncada Luna dio trámite a una demanda del empresario Gabriel Btesh (a quien muchos ligan con el gobierno) y falló a su favor. Era un litigio de tierras que se mantuvo estancado por casi dos años. El entonces presidente de la Corte ordenó al Estado adjudicar de forma directa un relleno de fondo marino ubicado en Punta Pacífica, en San Francisco.

Otro de los escándalos fue la decisión de suspender una orden del Tribunal Electoral sobre una cuña oficialista. Fue la gota que colmó la paciencia de sectores políticos, que pidieron la dimisión del magistrado. Y la petición sigue viva.

Moncada Luna también le dio la espalda a la carrera judicial. En septiembre de 2013, cuando el documento estaba en la Asamblea, el magistrado tomó distancia. ‘Ese es un tema de la Asamblea’, se escudó.

Alianza Ciudadana desempolvó el tema. Pidió a Ayú Prado que se retome el debate en la Asamblea sobre la nueva ley, que incluye modificaciones al método de juzgamiento de jueces y magistrados.

EL ANHELO DE LA ALIANZA

El sistema está plagado de falencias. La lista es interminable. Además de la carrera judicial, hay mora en los expedientes y la suspensión del sistema penal acusatorio sigue colocando en capilla ardiente la credibilidad de la justicia.

Es por esta razón que en la lista de peticiones las agrupaciones de la sociedad civil pidieron que se reactive el Consejo Judicial y se involucre a nuevos actores, como las asociaciones de magistrados y jueces.

Temas considerados prioritarios que deberían tocarse en el Consejo Judicial serían la viabilidad de la creación de juzgados especiales penales sobre los temas de corrupción, crimen organizado, drogas y propiedad intelectual.

Esta agenda, bajo la presidencia de Moncada Luna, quedó intacta.

Es un clamor al que se ha unido el Colegio Nacional de Abogados, que bajo la presidencia de José Alberto Álvarez insiste en la necesidad de reunir el Consejo Judicial que no se cita desde hace cuatro años.

Tal parece que arreglar la balanza de la justicia en Panamá con reformas judiciales concretas es un reto, un clamor que pasa de periodo en periodo sin tocar fondo.

Ayer, de hecho, la Asamblea Ciudadana piqueteó por undécima vez por el purgamiento del sistema de justicia.

Mientras este anhelo se convierte en realidad, las agrupaciones de la sociedad civil insisten en que el magistrado Alejandro Moncada Luna no tiene otra salida: tiene que renunciar.