Corte declara inconstitucional la ley que creó la ANIP

La Ley 6 del 29 de enero de 2013, por la cual se creó la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), fue declarada inconstitucional, por unanimidad, por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

El debate, que respondió a una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por los abogados Miguel Antonio Bernal y Luis Rogelio García, se centró en que la ley de la ANIP subroga funciones que la Constitución le otorga al ministro del ramo y al presidente de la República, y riñe con las facultades del administrador.

El siguiente paso será pasar el proyecto en limpio y recoger las firmas de los magistrados para proceder a notificar a las partes. Una vez ocurra esto, el Ejecutivo tendrá que solicitar con urgencia a la Asamblea Nacional la reviviscencia de la ley anterior; es decir, que la ley de la Dirección General de Ingresos (DGI) recobre vigencia.

HABLA CUCALÓN

Luis Cucalón tenía trabajo asegurado hasta el 2020. Su cargo, clave para cualquier gestión gubernamental, se había puesto en alerta después de que el presidente, Juan Carlos Varela, lo calificara como de aquellos que trascendían la administración de Ricardo Martinelli por siete años más. Varela había solicitado a estas personas que pusieran su cargo a disposición o que ‘se alinearan’, una vez tomara la batuta presidencial.

Al parecer, la CSJ le ha ahorrado el mandado a Cucalón, y también ha dado un giro de timón en sus fallos.

Tan pronto el fallo sea notificado a las partes, Cucalón dejará de ser director de la ANIP. Pero mientras esto ocurre, Cucalón considera que la ley de ANIP no viola la Constitución, pues el ministro de Economía y Finanzas es quien preside la Junta Directiva de la Autoridad.

Indicó, además, que se debería respetar la ley de la ANIP. Agregó que el Decreto Ejecutivo 109 de 1970, mediante el cual se creó la DGI, se ‘estipuló como un ente autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda y Tesoro y nunca fue demandado por inconstitucional. Considero que el Ejecutivo es el encargado de administrar los dineros del pueblo, y la ANIP simplemente es la agencia de cobros, no opina ni en qué se debe gastar la plata, eso es responsabilidad total del Ejecutivo’, indicó.

EL DEMANDANTE

Miguel Antonio Bernal, constitucionalista, está sorprendido de la celeridad con que los magistrados han fallado en esta ocasión. Dice que, al igual que muchas otras actuaciones, esta ley (de la ANIP) desde un principio violaba flagrantemente diversos artículos de la Constitución, particularmente el 184 numeral 5, que atribuía al presidente con vigilancia del ministro la administración de las rentas nacionales.

Según Bernal, la ley de la ANIP creaba un ente paralelo a la estructura estatal que afectaba directamente la institucionalidad, en vista de que cercenaba la facultad del poder presidencial, así como la del ministro de finanzas.

El Estado, en palabras de Bernal, tiene una estructura establecida en la Constitución y se violó, ahora la Corte falla y se tiene que actuar en armonía con lo que establece la Carta Magna.

Lo actuado, según fuentes judiciales, es válido y está amparado por el principio de legalidad. Cambiará el nombre, los funcionarios regresarán a sus labores, ahora en la DGI.

Durante la gestión de Luis Cucalón, se logró recaudar aproximadamente $18 mil millones en concepto de impuestos tributarios, comparado contra $9,400 millones en el quinquenio de Martín Torrijos.

ANTECEDENTES

En enero de 2013, el Ministerio de Economía y Finanzas consideró necesaria la modernización de una entidad recaudadora de impuestos cuyo engranaje respondía a la década de los setenta.

En aquel momento, la exposición de motivos ante la Asamblea Nacional consideró que las funciones de la Dirección General de Ingresos habían sido cumplidas.

Según el MEF, el desarrollo económico del país requería de una entidad con autonomía e independencia, con la intención de que lograra definir sus políticas sin concesiones o favores de autoridades superiores u otros miembros del poder político.

Lo esencial de los centavos

En los próximos años, panamá tendrá que decidir entre ser un país primermundista o pertenecer al subdesarrollo. la deuda pública ha topado niveles inéditos y requiere de un ente independiente o autónomo para recolectar los fondos necesarios ante las necesidades financieras de la nación.

Cuando se creó la ANIP, el tope de endeudamiento del país rozaba los límites que permitía la ley de endeudamiento fiscal. Fue en ese momento cuando las instituciones financieras internacionales, las que prestan la plata, lanzaron una señal de alarma a la administración de Ricardo Martinelli con el propósito de que se mejorara el sistema de recaudación de impuestos.

Las instituciones opinaban así por la baja capacidad de cobro que había demostrado el gobierno anteriormente. El sentido no pretendía separar la ANIP del gobierno, por el contrario, conformarla como parte esencial del mismo como recolector, ya que Panamá no tiene papel moneda propio.

El crecimiento del país, por tanto, requiere de un ente autónomo, que ejerza su trabajo sin presiones, influencias políticas o favores externos. Necesita en el cargo a una persona independiente, es verdad que debe contar con la confianza del presidente de la República, pero a la vez debe ser agresiva en su gestión. Sería un error considerar esta entidad como un perseguidor de adversarios políticos o como un espía de negocios. El panorama de endeudamiento puede ser peligroso para el país si la DGI no se pone firme en la recaudación de impuestos y recae en viejas prácticas, cuando la recolección de impuestos no llegaba al 50% de la totalidad.

Panamá enfrenta uno de los retos más sensitivos, sostener el crecimiento económico, generar nuevos empleos, reinsertar a más de 200 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, bajar los índices de criminalidad.

Estos desafíos deben de ser parte de la reingeniería económica que adopte el Estado, y parte fundamental de ella es lograr enquistar la cultura del pago de impuestos en la ciudadanía.

La otra, es que los gobiernos utilicen el dinero en forma transparente, sin generar dudas de sobrecostos en las obras, malgastos, corrupción o favoritismos políticos.