Nuevas revelaciones en el caso Moncada

Las investigaciones no se detienen. El descubrimiento de nueve cuentas bancarias vinculadas al magistrado separado Alejandro Moncada Luna añade un nuevo elemento al proceso.

El magistrado no habría dicho toda la verdad sobre sus haberes.

Pedro Miguel González, fiscal del caso, sigue tras las pistas de nueve cuentas bancarias que están vinculadas con el magistrado.

Hace una semana, el diputado fiscal giró órdenes de oficio para investigar estas cuentas bancarias.

Aún no se conoce el monto y mucho menos los bancos que se investigan.

Pero lo cierto es que las revelaciones provocan los cuestionamientos por la falta de transparencia e incluso sobre la misma ley que obliga a los funcionarios a declarar sus bienes.

Edwin Cabrera, analista político, sostiene que ‘nada de esto ocurriría si los funcionarios, al llegar al cargo, hacen su declaración de bienes e igualmente la hacen cuando salen, y sobre todo la hacen a tiempo y pública’.

Para el vicepresidente de Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá, Carlos Gasnell, esto deja en evidencia la necesidad de hacer modificaciones a la Ley 59 de 1999, que establece la obligatoriedad de los funcionarios de presentar las declaraciones de bienes al inicio y final de su gestión.

La norma establece que las declaraciones se deben hacer en escrituras ante un notario público. ‘Las escrituras, en teoría, son de accesos público, pero los notarios lo han hecho confidencial al pasarla a la Contraloría’, dice Gasnell.

El vocero de la organización considera que hay que modificar la ley para establecer, de manera clara, que esa declaración de bienes es de carácter público y que cualquier ciudadano pueda tener acceso a ella.

El fiscal de la causa formuló cargos a Moncada Luna, por supuesto enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y falsedad de documentos.

Para demostrar el enriquecimiento injustificado, plantea Gasnell, hay que presentar una prueba sumaria y la persona no la tiene porque no conoce la declaración jurada de los bienes.

Insiste el abogado que esa declaración de bienes debe ser accesible a cualquier ciudadano, pues el delito de enriquecimiento injustificado como pocos se invierta la carga de las pruebas: es decir, que el denunciante tiene que presentarlas al momento que hace la denuncia.

Un funcionario que tiene un salario debe ser capaz de sustentar cada bien que adquiera y sino puede es evidente que tiene otros ingresos, los cuales debe justificar y explicar cuál es la fuente, dijo Gasnell.

Para el exprocurador de la Nación Rogelio Cruz, si fuera cierta la existencia de las cuentas bancarias, ‘se agravaría la situación’ del magistrado separado Moncada Luna.

Esto dejaría en evidencia que hubo ocultamiento de bienes o que se presentó una declaración de bienes que no incluyó toda la información.