‘Hay que revisar la figura del fiscal electoral’

Luego de casi un año de trabajo y estudio, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó el informe de análisis sobre lo que pudieron ver en Panamá antes, durante y después de las elecciones generales del 4 de mayo pasado.

En el documento de cuatro páginas, se felicita al Gobierno panameño por su colaboración y apertura, pero también se hace una serie de recomendaciones.

Por ejemplo, se menciona que una forma de reforzar al Tribunal Electoral (TE) sería darle ‘autonomía para la elaboración y presentación de su presupuesto al Congreso (Asamblea) Nacional’.

Además, el documento hace énfasis en la importancia de incentivar la participación de las mujeres y las minorías. En la sección de la Misión de Observador, anima a revivir la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

BAJO LA LUPA

En cuanto al rol del fiscal electoral, se recomendó revisar de forma integral esta figura. ‘Hemos hecho saber nuestro punto de vista en torno a la figura del fiscal electoral y recomendamos regular mejor esta figura importante: sus mecanismos de selección, las características que debe tener el fiscal y luego el proceso’, señaló Lourdes Flores Nano, presidenta de la misión de observación de la OEA.

En relación al proceso, Flores Nano señaló que podrían revisarse algunas normas que impidieron que fueran tramitadas con efectividad algunas denuncias hechas oportunamente.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y SANCIONES

La jefa de la misión hizo especial énfasis en la necesidad de que los candidatos informen de dónde provienen sus fondos de campaña, y recomendó tomar medidas para reforzar el respeto a la privacidad de los ciudadanos, manteniendo la integridad de la información disponible en las bases de datos estatales.

‘Si hubiera un régimen más transparente en relación al financiamiento, se conocería cómo se financia la política pública o privadamente’, detalló Flores Nano.

La misión aboga por reformas al Código Electoral. Entre otras modificaciones, sugieren que se establezcan mecanismos ‘para sancionar a aquellos candidatos/as y partidos políticos que no rindan cuentas sobre el financiamiento de sus campañas ante el Tribunal Electoral’.

Sobre este mismo tema, se pone en el tapete la posibilidad de que se establezca un límite del gasto en propaganda, tanto para el dinero donado por ‘personas naturales o personas jurídicas’, como para los aportes propios de los candidatos y candidatas a sus campañas políticas.

Se recomienda también limitar la injerencia y participación de los candidatos en los medios de comunicación, sobre todo para que haya igualdad de oportunidades al dar a conocer su propuesta.