Fiscal Aguilar es amenazado y chantajeado por familiares de Pérez

A través de la secretaría judicial el fiscal auxiliar Marcelino Aguilar se enteró de amenazas y chantajes por parte de familiares del exdirector de la Policía Nacional (PN), Gustavo Pérez.

En exclusiva el Fiscal Auxiliar Marcelino Aguilar, manifestó a La Estrella de Panamá que el mensaje verbal que le dieron en la secretaría judicial es que divulgarían información de él cuando era fiscal del crimen organizado y Gustavo Pérez era director de la PN.

Agregó que los familiares de Pérez piden que la solicitud sea a favor de él, o sino saldrán las publicaciones. Por lo pronto el fiscal auxiliar tiene pensado presentar un informe para estar claro de las amenazas y chantaje.

Aguilar, destacó que tiene conocimiento de que los familiares de Pérez planean hacer una petición de medida cautelar.

Recalcó que en los próximos días se reunirá en la procuraduría y se discutiran diversos temas, tales como su seguridad.

Al exdirector de la Policía Nacional (PN) Gustavo Pérez se le formularon cargos por supuesta violación del secreto y el derecho a la intimidad, se mantiene detenido desde el lunes 12 de enero del 2015 en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Sociedad civil reacciona ante las amenazas

La sociedad civil reaccionó ante la amenaza que recibió el Fiscal Auxiliar. Uno de ellos, es el abogado y constitucionalista, Miguel Antonio Bernal, quien indicó que "toda persona que amenaza a una autoridad debe de ser conducida tal como lo establece la Ley".

El penalista Ernesto Cedeño, le recomendó al fiscal auxiliar es que inicie una sumaria por investigación, pues esta amenaza es un delito contra los servidores públicos y tiene una sanción entre dos a cinco años de prisión, además de que esto agrava más la situación de Gustavo Pérez.

Cedeño hizo mención al artículo 360 del Código Penal donde establece lo siguiente: "Quien con violencia, intimidación o engaño impida, obstaculice o imponga a un servidor público o a la persona que le presta asistencia, la ejecución u omisión de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones será sancionado con prisión de dos a cinco años."
"Esta sanción será agravada de la tercera parte a la mitad, si el hecho es perpetrado por varias personas o por quien utilice arma o se realiza en un proceso judicial".

"Estamos contra un Estado que fue administrado por una mafia y que tiene resorte aunque no está en el poder, porque tiene mecanismo para chantajear y presionar a una persona", señaló la perredista Balbina Herrera.

Según Herrera, "si es cierto lo que el fiscal ha manifestado, esto confirma de que ellos tenían el mecanismo para chantajear".

Armando Fuentes, defensa legal de Gustavo Pérez desconoce de estas amenazas e indicó que los familiares de Pérez le informaron que el exdirector de la policía "ha sido objeto de malos tratos y que ha sufrido una serie de amenazas por parte del crimen organizado", por lo cual ha solicitado a la Fiscalía Auxiliar que le cambie la medida cautelar por arresto domiciliario.    Con datos de Gudalupe León

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