La Fiscalía sospecha que Víctor Benavides blanqueó dinero

La suerte del magistrado Víctor Benavides parece echada: el martes la subcomisión de Garantías decidirá su imputación por supuesto enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos, y sobre todas las cosas su separación de la Sala Tercera de la Corte y confinamiento en su residencia mientras duran las pesquisas.

Tras poco menos de un mes de investigaciones preliminares, el fiscal Jorge Alberto Rosas solicitó la audiencia sobre las 2:30 p.m. de este martes, en un oficio en el que aseguró contar ‘con suficientes evidencias' que vinculan a Benavides con actividades ilícitas.

El magistrado, que deberá comparecer personalmente a la Asamblea Nacional, es acusado de vender fallos y filtrar expedientes a tres abogados para que estos le redactasen los respectivos proyectos judiciales.

La solicitud incluye la aprehensión de bienes que habrían sido adquiridos en la espiral de supuesta corrupción. Benavides tiene congelada ya una cuenta a plazo fijo en el Banco Nacional por $424 mil, con activos que —según ha determinado este medio con base en el áudito patrimonial presentado por su defensa— superan en al menos $96 mil sus ingresos.

Fuentes cercanas a la investigación no descartaron a La Estrella de Panamá que en la lista también haya una propiedad en Verdun Hill, un exclusivo residencial en Santiago de Veraguas, a nombre de Yasira Mendoza, pareja de Erwin Delgado, uno de los hilos conductores del caso. La Fiscalía sospecha que a través de él se habría fugado el dinero.

Delgado, abogado de profesión, ha sido identificado como una figura muy cercana al juez: Vicente Caballero, exescolta de Benavides, relató a este diario que entre 2006 y 2010 coincidió con él en el cuerpo de seguridad del magistrado.

Caballero sostiene que, incluso, Benavides pagó la licenciatura de Delgado y le colaboró con la instalación de un bufete en su natal Santiago.

EXTRAÑAS COINCIDENCIAS

La propiedad en cuestión es un lote de mil metros cuadrados que, de acuerdo con las actas del Registro Público, fue comprado por Mendoza el 18 de septiembre del año pasado a $500, a razón de $0.50 por metro cuadrado.

Pero la transacción esconde elementos llamativos. Uno de ellos es que, según la promotora del proyecto, vende el metro cuadrado a $150. Es decir, mil veces superior.

El proyecto incluye chalés de dos niveles cuyo valor oscila entre los $239 mil y $289 mil. Tiene una garita de seguridad, muro perimetral y área social con piscina. Y Mendoza, la compradora, apenas gana $1,118 mensuales como docente del Ministerio de Educación, según el Nodo de Transparencia.

El otro dato llamativo es el nombre del vendedor de tal ganga: Agro Santa Teresa, S.A., propiedad de la familia Virzi, los también dueños del Banco Universal, intervenido en medio del escándalo por comisiones ilegales pagadas a Cobranzas del Istmo, S.A.

El exvicepresidente Felipe ‘Pipo' Virzi (detenido desde hace dos semanas por supuesto blanqueo de capitales), su esposa Ida Vallarino, y su hija Elvira Virzi, figuran como presidente, tesorera y secretaria de la sociedad, constituida en abril de 2010 en Veraguas.

Fue justamente la hija de los Virzi quien oficializó el contrato de compra-venta con Mendoza ante la Notaría Segunda de Coclé.

Felipe ‘Pipo' Virzi también financió sin interés la compra de dos apartamentos al otrora magistrado Alejandro Moncada Luna, por $1.8 millones, caso por el cual fue separado y enjuiciado.

EL FUTURO DEL PROCESO

‘Esta es una situación que se ha salido de las manos legales, y voy a presentar una queja. Responderé sólo ante una autoridad competente', argumentó ayer Delgado antes de colgar el teléfono a este diario.

El abogado se entrevistó con el fiscal Rosas, quien, según contaron dos fuentes ligadas al caso, le inquirió por el supuesto enriquecimiento ilícito que pesa sobre Benavides.

La cita ocurrió una semana antes de la solicitud de imputación de cargos.

La subcomisión de Garantías sostiene que ha dado siete días para la audiencia, con el fin de que todas las partes sean debidamente notificadas. Su abogado, Ángel Gómez, no respondió ayer a los hechos.

‘Lo histórico —razona José Alberto Álvarez, presidente del Colegio de Abogados— es que se va a sentar en el banquillo a gente que pensó que nunca iba a responder siquiera su nombre en un tribunal'.

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