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28 de Jan de 2021

Política

Garuz y Pérez, los primeros enjuiciados por los “pinchazos”

Víctimas de escuchas telefónicas aconsejan al actual gobierno ‘mirarse' en el espejo de quienes están acusados de los pinchazos telefónicos

Garuz y Pérez, los primeros enjuiciados por los “pinchazos”
Abogado Martín González, Mitchell Doens, Balbina Herrera y Juana Herrera.

La lectura de la vista fiscal elaborada por la Fiscal Primera Anticorrupción Tania Sterling ocupó toda la mañana del primer día de audiencias, ayer, en la sala del Segundo Tribunal Superior, contra los exfuncionarios del Consejo de Seguridad del gobierno de Ricardo Martinelli. Todos investigados por la presunta comisión del delito contra la libertad en la modalidad de inviolabilidad del secreto de 150 víctimas.

El caso sienta un precedente: son los primeros funcionarios del equipo de gobierno de Ricardo Martinelli en juicio ante un tribunal. Se trata de funcionarios de las agencias de seguridad más emblemáticas, el Consejo de Seguridad, a quienes se les procesa por escuchas ilícitas.

‘Esperemos que la justicia haga su trabajo. Hoy iniciamos un proceso que sentará un precedente para que lo que se hizo mal jamás se repita', dijo Rosendo Rivera, víctima y querellante en el caso.

Rivera, exabogado del entonces mandatario Martinelli, espera que las autoridades actuales ‘se vean en este espejo para que ni siquiera se les ocurra violentar la intimidad de los ciudadanos', agregó.

‘A mí me pincharon desde el primer día en que compraron la máquina, tenían un GPS que daba seguimiento a los movimientos que hacía', dijo Mitchell Doens, político del Partido Revolucionario Democrático quien adversó al gobierno de Martinelli. Añadió que ilícitamente, el Consejo de Seguridad escuchó las conversaciones que sostenía con conocidos, accedieron a sus correos electrónicos, a su móvil BlackBerry. La única forma de comunicarse para que no lo escucharan ‘hubiera sido con señales de humo', dijo en forma sarcástica.

DENTRO DE LA AUDIENCIA

El Ministerio Público pidió llamamiento a juicio de los cuatro acusados: Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, exdirectores del Consejo de Seguridad, así como de William Pittí, alias ‘Guillermo' y Rony Rodríguez, alias ‘Didier', exfuncionarios entrenados para la operación del equipo. Ambos están prófugos de la justicia con orden de detención.

En la audiencia estaba restringida la presencia del público para evitar que el contenido de las interceptaciones de las víctimas fuera de dominio público.

Al iniciar, el juez Enrique Pérez, del Juzgado Décimo Sexto del Circuito Penal, preguntó al Ministerio Público si creía necesario leer la vista fiscal compuesta de casi 300 páginas. El Ministerio Público respondió que no. Pero el abogado Cristóbal Arboleda, defensa de Garuz, solicitó la lectura. La audiencia concluyó a primeras horas de la tarde, sin que se terminara de leer la vista fiscal, tarea que se reanudará hoy.

SOBRE LA VISTA FISCAL

Un testigo protegido entregó pruebas a las autoridades de las intervenciones ilícitas efectuadas por la administración de Martinelli. ‘Hemos invadido la privacidad de las personas, me refiero a la intervención de teléfonos celulares', dijo el testigo protegido a la Fiscalía.

Detalló lo sofisticado de la herramienta de alta tecnología adquirida a la empresa israelí NSO que la operaban dos individuos, ‘Didier' y ‘Guillermo'.

El sistema era capaz de capturar las comunicaciones de mensajería instantánea de BBpin, whatsApp, correos electrónicos, escuchar los audios de ambiente y además acceso a la agenda telefónica del sujeto. Todo esto se hacía sin que existiera una orden judicial que justificara la intervención.

Los informes de las interceptaciones eran referidos a diario a la Presidencia de la República. Según el relato del testigo protegido, concluidas las elecciones del 4 mayo, los equipos fueron trasladados en una camioneta blanca a las oficinas del Súper 99 ubicadas en Monte Oscuro, propiedad del exmandatario Ricardo Martinelli.

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EL ENTRAMADO DEL ESPIONAJE

El Ministerio Público inició de oficio la investigación

Las declaraciones de un testigo protegido guiaron a la Fiscalía sobre cómo ocurrieron los hechos.

De las 150 víctimas, 11 querellaron a los responsables de haber violado sus conversaciones íntimas.

Las máquinas con las que se efectuaron estos actos ilícitos están desaparecidas.

Según el testimonio del testigo protegido, después de las elecciones trasladaron las máquinas a las instalaciones del Súper 99.