Panamá,25º

21 de Jan de 2020

Política

Martinelli contaba con la Corte para legalizar su espionaje político

Rosendo Rivera, exabogado de Ricardo Martinelli, testificó ante el magistrado fiscal Harry Díaz.

El gobierno de Ricardo Martinelli pretendía promover investigaciones judiciales contra sus principales adversarios políticos usando la información que recababa a través de las escuchas telefónicas ilegales desde el Consejo de Seguridad.

Así lo reveló el abogado Rosendo Rivera al magistrado fiscal Harry Díaz, en su declaración jurada de este miércoles, según relataron a este periódico fuentes ligadas al caso.

Rivera aseguró a Díaz que la información la obtuvo del exjefe de Turismo Salomón Shamah, uno de los funcionarios de mayor confianza del expresidente Martinelli. Hasta 2013, el jurista fue defensor del exmandatario.

Para llevar los casos a la justicia era imprescindible que las ‘pruebas' fuesen ‘legalizadas'. ‘En una conversación, Salomón Shamah me aseguró que el gobierno tenía una fórmula para pinchar de forma legal', contó ante el despacho del fiscal.

La receta para hacer esto posible, de acuerdo con el testimonio de Rivera, pasaba por incluir los números telefónicos de los opositores en paquetes de solicitudes que haría el Ministerio Público a la Corte, para que autorizase ‘pinchazos' en casos relacionados con tráfico de drogas y blanqueo de capitales, de acuerdo con la ley.

Según los artículos 310 y 311 del Código Judicial (que rige en la provincia de Panamá todavía), sólo se puede intervenir comunicaciones por delitos de droga, blanqueo de capitales, trata de personas, extorsión, secuestro y asociación ilícita para delinquir.

Además, el artículo 24 de la Ley 121 de 2013 establece que la operación sólo durará tres meses y otro período similar adicional, como prórroga ‘previendo que la interceptación sólo sera utilizada para los propósitos específicos de la investigación'.

‘La petición debe hacerla el Ministerio Público, cuando haya indicio de la comisión de un hecho delictivo. Debe hacer una solicitud que incluya el nombre y cédula (de a quien se vaya a espiar), y los equipos ligados a esa persona', explica el vicepresidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz.

Según la Corte, la Sala Penal es la única facultada para ello, en lugares donde no aplica el Sistema Penal Acusatorio.

‘El Ministerio Público debe aportar los datos mínimos indispensables para que el órgano jurisdiccional acceda a autorizar la interceptación y grabación de las comunicaciones', explicó la Corte.

¿QUIÉN FUE?

De acuerdo con Rivera, los paquetes de solicitudes incluían únicamente los números y no los nombres de sus propietarios. ‘La genial idea (...) fue de José Ayú Prado, me dijo Shamah', precisó el abogado al equipo del magistrado fiscal, relataron fuentes a La Estrella de Panamá .

La conversación ocurrió en una reunión en la que el abogado le devolvía poderes firmados por el entonces presidente Martinelli para interponer denuncias contra la perredista Balbina Herrera, los empresarios Stanley Motta y Roberto Eisenmann, y el hoy presidente Juan Carlos Varela.

Pero el testigo y víctima de los ‘pinchazos' dijo no recordar si Ayú Prado era para entonces procurador de la Nación o si ya había sido promovido a magistrado de la Sala Penal de la Corte, ambos cargos clave para la aplicación de escuchas telefónicas. A los dos puestos llegó nombrado por Ricardo Martinelli.

De hecho, en junio pasado Ayú Prado emitió un voto razonado en la sesión en la que la Corte, dirigida por él, definía la admisión del expediente contra Martinelli por los pinchazos.

LOS RIESGOS DEL CASO

Según temió Rivera, la confesión de Shamah de que se habrían legalizado las escuchas irregulares que ejecutaba el Consejo de Seguridad podría llevar al traste el proceso o, por otro lado, en rumbar la investigación.

Rivera ha pedido a Díaz investigar si existe o no orden judicial para la intervención de las llamadas, y si la hay, qué procurador y qué fiscal la pidió y cuáles magistrados la respaldaron.

Por este caso se tenía prevista ayer la declaración de Mauro Zúñiga, quien no compareció por problemas de salud.

==========

LOS INVOLUCRADOS

El Ministerio Público está realizando investigaciones

  • 150 personas fueron víctimas de la intervención a sus comunicaciones por parte del Consejo de Seguridad.
  • 10 personas fueron admitidas por la Corte Suprema de Justicia como querellantes en el proceso por escuchas ilegales.
  • exsecretarios del Consejo de Seguridad están detenidos y están llamados a juicio por el supuesto delito de la inviolabilidad a la intimidad de 150 personas.