Denuncias contra magistrados, a Credenciales la otra semana

La próxima semana será ‘clave' para definir el futuro de las últimas cinco denuncias presentadas en la Asamblea Nacional contra los magistrados Harry Díaz, Hernán de León, Luis Ramón Fábrega y José Ayú Prado.

‘Entre los abogados hay mucha ignorancia, y hay mucho dolo y actitudes temerarias de los gremios organizados. No se puede hablar de inacción',JORGE IVÁN ARROCHADIPUTADO

Jorge Iván Arrocha, presidente de la Comisión de Credenciales, que decide si se juzga o no a los altos jueces, aseguró que ayer la Secretaría General de la Asamblea les remitió los expedientes, por lo que el lunes los copiará a sus ocho compañeros restantes, para que en ‘consenso' definan esa misma semana en qué fechas decidirán si se abren o no procesos.

Lo ‘más probable', insistió, es que ocurra después de los carnavales.

‘Evidentemente, hay una crisis en la Corte y consternación de la ciudadanía, pero no podemos actuar políticamente', agregó, en un intento por sacudirse los señalamientos de la sociedad civil organizada, que acusa a la Asamblea de no querer resolver la crisis de la justicia. ‘El problema no lo tiene Credenciales', agregó.

Entre las denuncias figura una presentada la semana pasada por la Junta Directiva de la Corte contra Harry Díaz, tras revelar este en una entrevista en Telemetro y La Estrella de Panamá la saga de traiciones políticas para la reelección de Ayú Prado y la intromisión de Ricardo Martinelli en la justicia.

RESPUESTA DE UN MAGISTRADO

Asimismo, a los diputados les llegó oficialmente la queja de la Alianza Ciudadana Pro Justicia por los viajes de Ayú Prado, Fábrega y De León, que, según voces expertas, levanta sospechas sobre posible peculado.

Este viernes, De León aseguró que hubo ‘error humano' en la tramitación de tres viáticos para que viajara simultáneamente a finales de octubre de 2013 a Taiwán y España, y a España y la provincia de Herrera, hecho que se incluye en la denuncia.

‘Nunca he cometido en mi vida una falta o delito y mucho menos algo respecto a lo que se me endilga en los últimos días', argumentó De León en un comunicado.

Después, iracundo, en una entrevista con una televisora local, pidió a sus críticos que se ‘coman los viajes'.

De León asegura no haber viajado desde junio del año pasado, cuando estalló el escándalo de los periplos de él, Fábrega y Ayú Prado. ‘Eso es turismo judicial', dijo Harry Díaz entonces.

Otras dos quejas contra Díaz también están en la lista de pendientes. Una fue presentada por María Fábrega, en nombre de su hermano, el magistrado Luis Ramón, y otra más por el abogado Ángel Álvarez. Ambos lo acusan de calumnia e injuria.

¿VIABLE?

Arrocha no ha abierto la posibilidad de que los casos se traten ni en sesiones permanentes ni con mayores urgencias. ‘No se puede hablar de inacción, a priori tenemos que revisar si hay indicios suficientes, porque hay que seguir el debido proceso', insistió.

El diputado también ha echado por tierra las presiones de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, refrendadas por el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, de que se requiere la salida de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sumida en una crisis similar a la de 1990, cuando el régimen militar dejó el poder. (Ver relacionada)

‘No puedo dejarme llevar por ese discurso. Esa es la presión de ellos, pero no he visto a todo el pueblo reclamándolo', zanjó.

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GOBIERNO DE ENDARA

El antecedente de una corte sin jueces

En 1990, una vez asumió el poder, el entonces presidente Guillermo Endara Galimany aceptó la renuncia de ocho de los nueve los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como una medida para ‘adecentar la Corte'.

El único que quedó en su cargo fue Rodrigo Molina, un juez que políticamente adverso al régimen militar. El resto dimitió en cartas que fueron oficializadas luego en Gaceta. En su reemplazo, Endara nombró a Carlos Lucas López, Raúl Trujillo, Arturo Hoyos, José Manuel Faúndes, Edgardo Molino Mola, Aura Emérita Guerra, Fabián Echevers y César Quintero.

Algunos analistas consideran que la medida de Endara fue ‘la puerta de entrada' para la discrecionalidad presidencial vigente en la elección de magistrados.