Harry Díaz pide debatir beneficio de los viajes en el pleno

Actualizado
  • 02/02/2016 01:00
Creado
  • 02/02/2016 01:00
En carta fechada el 1 de febrero, Díaz califica de prematuras las declaraciones de su colega Ayú Prado 

El magistrado Harry Díaz dirigió una carta al presidente del Órgano Judicial, José Ayú Prado, en la que advirtió que las denuncias sobre los viaje en la Corte Suprema ‘deben ser discutidas en los próximos plenos' y propuso el 18 de febrero para que celebre dicha reunión.

En carta fechada el 1 de febrero, Díaz califica de prematuras las declaraciones de su colega Ayú Prado al señalar que continuará viajando para obtener asistencia judicial a pesar de las críticas y las denuncias presentadas ante la Asamblea Nacional en las que se busca investigar el costo beneficio de los mismos, ‘máxime cuando nunca ha rendido un informe al respecto', escribió.

El tema exige, según Díaz, ser abordado con detenimiento y debidamente reglamentado con la finalidad de que los viajes redunden en verdadero beneficio para la administración de justicia.

Díaz cierra el documento con un párrafo en el que apunta que si los ‘temas de los viajes son decisión del Pleno, no le encuentra sentido que Ayú Prado haya remitido sus notas al presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León.

En junio de 2015, Díaz envió un memorando al director de Protocolo de la Corte para solicitar un informe que ‘detalle los costos de los viajes realizados al exterior por los magistrados durante el periodo comprendido desde enero de 2012 a la fecha', pero aún no se ha rendido informe.

Recientemente, la Corte comunicó que el dinero empleado en los viajes de los magistrados está incluido en el Presupuesto del Estado en un partida especial, que en 2014 alcanzó los $481 mil, de los cuales se utilizaron $425 mil, es decir un 89%.

El año pasado, se asignó una partida de $569 mil, de la cual se ejecutó un 94%.

La presidencia de la Corte Suprema solicitó a la Contraloría auditar las partidas asignadas a viajes para los funcionarios judiciales y administrativos correspondientes a los años fiscales 2014 y 2015.

Lo mismo solicitó Angélica Maytín, de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información.

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