Camacho denuncia a la procuradora Kenia Porcell

Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Ricardo Martinelli, presentó una nueva denuncia contra la procuradora Kenia Porcell por provocar ‘nulidades' en las investigaciones del escándalo que vincula a la firma panameña Mossack Fonseca.

Camacho, en su denuncia penal, presentada a título personal ante la Procuraduría de la Administración, solicita además la separación del cargo de la jefa del Ministerio Público.

El centro de la querella se basa en que hubo acciones irregulares o graves en el allanamiento a las oficinas de Mossack Fonseca, en Bella Vista, por parte de funcionarios del Ministerio Público, que podrían provocar la nulidad de la diligencia y de todo lo que de ella se haya obtenido, tras el escándalo mundial que ‘ha comprometido la imagen de Panamá'.

Porcell es acusada por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, amparándose en el artículo 1994 del Código Judicial.

La norma señala que se entiende por denunciante al que, sin constituirse parte en el proceso ni obligarse a probar su relato, informa o afirma ante el funcionario de instrucción que se ha cometido un delito, con expresión o sin ella, de las personas que lo perpetraron.

En su denuncia, el dirigente opositor advirtió sobre una posible ‘negligencia inexcusable' en la actuación de funcionarios involucrados en la tardía diligencia judicial del pasado 12 de abril en las oficinas de Mossack Fonseca, que realizó la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Javier Caraballo.

La instancia hizo el operativo, pero realmente cobraba vida jurídica dos días después, es decir, el 14 de abril, al publicarse en la Gaceta Oficial la Resolución 24 de 4 de abril de 2016, que la crea formalmente.

‘El hecho de que la diligencia de allanamiento mencionada en el punto anterior se realizara dos días antes de que la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada alcanzara su vida jurídica, abre la posibilidad de que a solicitud de parte interesada, se declare la nulidad de la diligencia y de todo lo que de ella se obtenga', subrayó Camacho.

El político mencionó que desde que estalló el escándalo internacional, el 3 de abril, que en otras partes del mundo generó renuncias y cuestionamientos de altos funcionarios de gobierno, no fue sino hasta el 12 de abril que en Panamá surgieron apenas las primeras acciones del ente investigador.

Camacho recordó que el artículo 356 del Código Penal señala que el servidor público que, ilegalmente, rehúse, omita o retarde algún acto propio de su cargo será sancionado con prisión de seis meses a un año o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.