Auditoría revela desfalco en la UP por $3.5 millones

Una nueva lesión patrimonial por el orden de $3 millones 507 mil 60 con 50 centésimos en la Universidad de Panamá (UP) determinó un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, según conoció La Estrella de Panamá .

Las supuestas irregularidades encontradas son en el proyecto para desarrollar tecnológicamente siete centros regionales universitarios del país, cuyo monto asciende a un total de $15.5 millones y fue ejecutado por el Consorcio Innovación Educativa, conformado por cuatro empresas.

La auditoría a la obra denominada Centros de Innovación, Emprendedurismo y Desarrollo Tecnológico (CIDETE) se realizó entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2014.

La UP aprobó una adenda a la obra sin que se evidenciaran documentos que justificaran su origen debido a que los añadidos contemplados eran parte integral del alcance de los trabajos establecidos en las especificaciones técnicas del pliego de cargos. Además se omitieron actividades en la etapa de diseño, planos y especificaciones del CIDETE. La adenda incrementó el valor real de la obra.

Este medio conoció que la Contraloría presentó el informe al Ministerio Público, para las investigaciones penales que implican principalmente al rector Gustavo García de Paredes, siete directores de centros regionales, el director de Informática y a un supervisor técnico .

También deberá rendir cuentas por esta investigación .el representante legal del consorcio, Allan René Figueroa,

LOS DETALLES

El proyecto de la UP, bajo la figura de selección de contratista, donde se invita a la parte a presentar propuesta, contempla la ejecución, entrega de la obra y pagos relacionados con el contrato para el diseño, construcción y equipamiento de los siete centros de innovación en Colón, Coclé, Veraguas, Los Santos, Azuero, Bocas del Toro y Panamá Oeste.

La auditoría relaciona el perjuicio con el rector García de Paredes, porque fue la persona que firmó la adenda del contrato de la obra, que incluyó agregados al diseño y construcción, lo que provocó un incremento en el valor original de la obra y un daño económico al Estado, reza el informe. En la pesquisas no se encontraron documentos relativos a estudios preliminares sobre la necesidad de la obra, criterios técnicos, estudios de factibilidad o viabilidad, evaluación de suelos, estudios geológicos y de impacto ambiental que permitieran determinar las características técnicas de la obra o servicios de supervisión a contratar.

De acuerdo con una nota del diario digital de la UP, el 10 de enero de 2012 se impartieron las instrucciones para iniciar el diseño, construcción y equipamiento de los siete centros de innovación por $15.5 millones, de los cuales $7.5 millones fueron destinados a obra civil y $8 millones para el mobiliario y equipos informáticos de tecnología avanzada. En ese último punto se abarca computadoras, proyectores multimedia, tableros inteligentes, entre otros, para uso de laboratorios de simulación, y salas de conferencia de última generación.

Sin embargo, la Contraloría comprobó que hay equipos recibidos con defectos de funcionamiento y también hay faltantes que no fueron ubicados en los centros de Panamá Oeste y Coclé.

Para desvincularse de los cuestionamientos, se conoció que algunos directores de centros regionales universitarios responsabilizan directamente a la UP de la ejecución, inspección de equipos, mobiliario y entrega de la edificación. Esa tareas de decisión no eran de su ‘competencia',d ijeron.

Otros directores indicaron que recibieron las instalaciones, pero no el equipo ni el mobiliario.

Incluso, firmaron actas de recibo sustancial de obra y acta de recibido de obra, en calidad de directores, como constancia de que el edificio iba a pertenecer al centro que dirigen. No se les entregó ni llave ni equipo.

CUATRO AÑOS BAJO LA LUPA

La auditoria, que abarcó cuatro años completos, se enfocó en inspecciones físicas, evaluación y análisis de los documentos sustentadores del contrato, como la licitación por mejor valor, órdenes de cambio, adendas, cheques, actas de aceptación, testimonios, fianzas e informes técnicos del área civil, eléctrica y tecnología.

‘Al rector deben separarlo inmediatamente y meterlo preso', opinó el catedrático de Derecho Miguel Antonio Bernal, quien presentó la solicitud para que auditaran la UP, en marzo del año pasado.

El informe de auditoría de una primera lesión patrimonial detectada en la Universidad por $490 mil, referente a la fundación, fue entregado al Ministerio Público el pasado 28 de marzo.

El rector García de Paredes termina su quinto periodo de mando el próximo 30 de septiembre, con el que sella 20 años de jefatura en La Colina.

El 29 de octubre del año pasado, el rector, de 77 años, anunció que no se reelegirá para el cargo y se dedicará a cuidar a sus nietos.

El próximo 29 de junio habrán elecciones para escoger al nuevo rector.