Primera dama enciende las redes y pide 'cárcel' para Ayú Prado

Una vez más la primera dama, Lorena Castillo, volvió a encender las redes sociales. En esta ocasión la esposa del presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, pidió ‘cárcel’ para el presidente del Órgano Judicial, José Ayú Prado y para aquellos que según ella considera ‘saquearon al país’.

“Amo mi patria, amo mi gente pero hoy es uno de esos días en donde me lleno de vergüenza. Caso Odebrecht cerrado cuando confesaron en Brasil todo. ¿Adónde están esas voces valientes ahora? Yo no soy nadie y quiero estar ya fuera de la Corte gritando con toda mi fuerza ¡Ladrones! Que asco me da todo esto y que pérdida de tiempo, para eso hubieran reelegido a todo ese poco de maleantes que mensaje para el mundo, para nuestros hijos”, fue parte de la publicación de Castillo que realizó hoy en su cuenta de Instagram.

Esto ocasionó una avalancha de comentarios tanto a favor como en contra.

Minutos después Castillo volvió a postear otro comentario en la que dejaba claro que no borraría el mensaje antes publicado en la que pedía cárcel para Ayú Prado.

“No lo voy a borra este país está lleno de Ladrones y cobardes que asco em da. Y el que no grite y luche es porque está en las listas o tiene familia y amigos en ellas. Cárcel para Ayú Prado y los que saquearon este país”.

El comendatario se da a raíz de la negación de la juez Duodécima de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, Lania Batista, en rechazar la solicitud del Ministerio Público una extensión de dos meses para la investigación del caso Odebrecht.

Ayer la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, anunció que esta negación podría ocasionar que se cayera el caso Odebrecht, alegando que es una investigación compleja que cuenta con 364 tomos, 63 imputados, en los cuales se encuentran 5 exministros.

El Tribunal sustentó su decisión argumentando que el 3 de julio de 2017 había concedido una prórroga hasta tanto se agotara la investigación y siempre y cuando no existiera personas detenidas.

En su decisión, la magistrada resaltó que el 17 de agosto de 2017, el Ministerio Público le impuso a Amado Antonio Barahona Tapia, como medida cautelar, la obligación de mantenerse recluido en el domicilio y la prohibición de salida del país, lo que constituye una privación de libertad.

Por tanto, el término de dos meses para remitir el expediente, con su respectiva vista fiscal, empezó a correr desde dicha resolución, teniendo que ser entregado el 17 de octubre del año en curso.

Esta decisión se fundamentó en el artículo 2033 del Código Judicial, el cual indica que podrá prorrogarse el término de instrucción, cuando no existan detenidos.