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Actualizado
- 15/01/2018 01:00
Creado
- 15/01/2018 01:00
La asesoría legal busca contrarrestar las denuncias por contratos efectuados durante la pasada administración aeroportuaria
El Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa), que dirige Carlos Duboy, contrató de forma directa los servicios de un abogado especialista en derecho penal para darle seguimiento a las denuncias interpuestas por terceros por actos y contratos otorgados por la empresa aérea durante la administración 2009 - 2014, que dirigía Juan Carlos Pino.
La decisión de hacer la contratación de un asesor legal penal es producto de que en los últimos años se han interpuesto denuncias por contratos efectuados durante la pasada administración aeroportuaria.
‘La junta directiva de la entidad ha dado instrucciones precisas para que se contrate a un especialista en derecho penal, a fin de mantener al tanto del avance de las investigaciones y de sus recomendaciones en torno a la posible interposición de querellas por parte de Aitsa (..) con el propósito de recuperar las sumas de dinero que hayan podido perderse a causa de posibles lesiones patrimoniales', señala el informe técnico que aparece en la página digital de Panamá Compra.
CONTRATACIÓN DE LETRADA
La información se encuentra en panamacompra.gob.pa
La elegida para desempeñar esas funciones fue la abogada Nedelka Díaz, por su experiencia excepcional.
La jurista devengará honorarios por el servicio de asistencia legal de 28,890 mil dólares.
El jurista debe realizar un seguimiento en el Ministerio Público de las denuncias penales existentes e inventariarlas. Según el documento firmado por Duboy y la vicepresidente de asuntos legales, Vilma de Luca Diez, la elegida para desempeñar esas funciones fue la abogada Nedelka Díaz, por su experiencia excepcional (…) ‘por lo que nos acogemos a un procedimiento excepcional'. La abogada devengará honorarios de 28,890 mil dólares por servicio de asistencia legal.
Entre los casos que actualmente adelanta el Ministerio Público está uno relacionado a un informe en el que la Contraloría General de la República detectó la supuesta malversación en una concesión del aeropuerto. Las supuestas irregularidades ocurrieron en la concesión de los ‘duty free' en el aeropuerto a la empresa Tequendama, filial del grupo Ben Betesh.
En otra investigación, el Ministerio Público formuló cargos al exgerente de Tocumen, Juan Carlos Pino, por el delito contra la administración pública en la investigación que se adelanta por la adjudicación de un contrato para la administración y operación de los estacionamientos de la terminal aérea en 2011.
En el otro lado de la moneda, se encuentra el actual gerente de Aitsa quien admitió que recibió donaciones de la constructora Odebrecht por 150 mil dólares para la campaña electoral de 2009, en la que Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela ganaron la presidencia y vicepresidencia del país.
Ante esto, el Procurador de la Administración, Rigoberto González, recomendó al gerente renunciar ante un posible conflicto de interés, considerando que la constructora construye la ampliación del aeropuerto.
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