Alianza Ciudadana reclama designación de magistrados de la Corte

La administración de justicia panameña vive hoy una situación sin precedentes, luego de que hace siete meses se produjeran dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, que siguen siendo ocupadas por magistrados cuyo periodo constitucional ya venció.

Han sido varios meses perdidos y de nombramientos fallidos debido a la falta de consulta ciudadana.  Finalmente, el  Órgano Ejecutivo sometió los nombres de 20 abogados a la Comisión de Estado por la Justicia y le solicitó un proceso de consultas que incluyera sus recomendaciones. Es así que el  22 de junio pasado se concluyó el proceso de consultas y entrevistas llevadas a cabo por dicha  Comisión.

La Alianza Ciudadana reconoce como valioso el esfuerzo realizado por la Comisión de Estado por la Justicia y respaldan la decisión de presentar la recomendación de dos ternas al Presidente de la República, una para la Sala Civil y otra para la Sala Penal, lo que a nuestro parecer ofrece la posibilidad de nombrar a juristas con amplia trayectoria en el Órgano Judicial, con las ejecutorias requeridas y con independencia de criterio.

El momento histórico que vive el país y la crisis que enfrenta la administración de justicia exigen el nombramiento de juristas que nos permitan recobrar la confianza en la Corte Suprema y que lideren el proceso de reformas que se requieren, principalmente en lo relacionado con la implementación de la Carrera Judicial y la transparencia del sistema de justicia.

Nombrar a personas vinculadas al partido en el gobierno, a miembros del Gabinete, al presidente de la República, a diputados de la Asamblea Nacional de cualesquiera partidos políticos o personas de los círculos de confianza de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia sería nefasto para la administración de justicia.

Han transcurrido más de 40 días desde que la Comisión de Estado por la Justicia presentó el informe y el Ejecutivo sigue sin tomar decisiones, lo que perjudica el adecuado funcionamiento de la administración de justicia.  Estamos vigilantes de la decisión que adopte el Consejo Gabinete y del proceso de escrutinio público que debe darse antes de la ratificación por parte de la Asamblea Nacional.

El país no puede continuar con estos niveles de irrespeto a la Constitución, que establece claramente el periodo constitucional de un magistrado de la Corte Suprema.