Objetan matrimonio exclusivo entre un hombre y una mujer

Actualizado
  • 18/10/2019 00:00
Creado
  • 18/10/2019 00:00
Para el diputado Gabriel Silva, la decisión de contraer matrimonio debe ser una de las decisiones más libres personales e individuales que debe tomar una persona

El polémico tema de permitir el matrimonio igualitario por Constitución entró por primera vez ayer en escena en la discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional, del proyecto de reformas a la Carta Magna.

Si bien el matrimonio igualitario, que busca garantizar el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio civil en iguales condiciones y con los  mismos derechos y deberes  que las parejas de distinto sexo, no fue un tema expuesto durante las consultas ciudadanas realizadas por la Comisión de Gobierno, el diputado independiente Gabriel Silva hizo alusión al mismo por primera vez en este debate y objetó la propuesta de modificación existente sobre este tema.

El diputado Gabriel Silva pidió respeto a la dignidad humana.

Silva expresó su rechazo a la propuesta que modifica el artículo 56 de la Constitución y que alude al matrimonio y que fue presentada por la Comisión de Gobierno.

Esta propuesta de modificación señala que: El Estado reconoce solamente el matrimonio entre un hombre y una mujer y protege la maternidad y la familia.

“Debo decir que estoy en desacuerdo por las siguientes razones y una es que la decisión de contraer matrimonio debe ser una de las decisiones más libres personales e individuales que debe hacer una persona, es una de las más importantes donde dos personas que se aman deciden, en la salud y en la enfermedad, intentar compartir el resto de sus vidas”.

Indicó que humildemente no puede negarle el derecho de amar a nadie. “Cómo puedo negarle a una pareja del mismo sexo derechos patrimoniales y la seguridad jurídica que sí se le da a una pareja de diferente sexo. Cómo puedo decirle a una pareja del mismo sexo que son menos, que existe una institución a la cual muchos aspiran, pero aquellos no pueden por razón de quienes aman. Cómo puedo seguir permitiendo lo abusos y la discriminación que se hace a las personas, especialmente a los jóvenes, simplemente por las personas a quienes ellos aman”, indicó.

Agregó que cómo alguien puede luchar por los derechos humanos selectivamente, apoyar el derecho humano a la salud, el derecho humano a la vida, a la educación, pero no apoyar el derecho humano al matrimonio.

“Cómo puedo yo o alguien limitar el poder de amar, de decidir y compartir y de crear una familia. Cómo puedo yo hacerle esto a miles de panameños, incluyendo a mi propio hermano. Para mí sería cruel hacerlo”.

Esto, dijo, va en contra de nuestro preámbulo actual que exige la dignidad humana y va en contra de los derechos humanos.

Silva propuso mantener el artículo 56 de la Constitución tal como está actualmente y que sea la Asamblea, en un futuro, que por medio de una ley defina el matrimonio o que la Corte Suprema de Justicia declare o no su constitucionalidad.

El artículo 56 vigente de la Constitución señala que el Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia, e indica que la ley determinará lo relativo al estado civil.

Ayer el diputado Crispiano Adames, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), informó que tras diversas reuniones de bancadas previas a la sesión plenaria habían llegado a consensos en diferentes artículos.

Según Adames, siente que hay un gran acuerdo de voluntades y avances en las propuestas de modificaciones en materia de fortalecimiento del Título I al Título IV y que “ha sido un ejercicio democrático sin línea y sin dedo”.

Adames pidió al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Marcos Castillero, hacer de conocimiento público estas propuestas de modificación en la página web de éste órgano del Estado. 

Las bancadas habrían consensuado eliminar algunas de las propuestas de modificación impulsadas por la diputada Zulay Rodríguez que buscaba endurecer el otorgamiento de la ciudadanía o la naturalización a ciudadanos extranjeros.

También se acordó eliminar la nueva denominación del Tribunal Electoral para que fuera el Tribunal Supremo Electoral. Se propuso mantener el actual nombre de Tribunal Electoral.

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