Diputados de Panamá proponen reducir su salario por la pandemia de covid-19

Los diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Leandro Ávila y Raúl Pineda, abogan porque los diputados se bajen sus salarios para apoyar a la crisis del covid-19.

Los diputados Ávila y Pineda vertieron sus opiniones en sus cuentas de Twitter y aseguran que los miembros del Legislativo también deberían entrar en el descuento.

La Asamblea Nacional tiene en segundo debate el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo para el descuento al salario y gastos de representación. Esta medida será aplicada de la siguiente manera: al presidente y vicepresidente, se le aplicará un descuento del 50%.

En el caso de los ministros y viceministros; directores o subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas; administradores y subadministradores de entidades autónomas y semiautónomas, secretarios generales de los ministerios o entidades autónomas y semiautónomas, secretarios ejecutivos nacionales de la Presidencia de la República, gerente y subgerentes de empresas estatales, y asesores de despachos superiores, se le aplicará un descuento del 25 % de su salario y gastos de representación.

“Mi punto de vista personal, el mundo está en una situación inédita y Panamá igual. Ante una emergencia nacional, por espacio de 6 meses rebajar salarios a altos personeros de gobierno no puede excluir a la AN. Cada Órgano debe definir cómo y cuánto. Eso es empatía y solidaridad”, escribió Ávaila diputado del PRD.

Por su parte, el diputado Pineda sostiene que “personalmente, coincido con que el sacrificio que hoy demanda la crisis debe incluirnos a los diputados y demás altos funcionarios. Propongo a los diputados rebajarnos el salario a la mitad como muestra de una verdadera, desprendida y empática solidaridad con los más afectados”.

El salario base de los diputados es de $1,800, según detalla el informe de transparencia de la Contraloría de la República.

Sin embargo, el artículo 229 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, que es ley de la República, determina que los diputados tendrán las mismas prerrogativas, emolumentos y asignaciones que los ministros o ministras de Estado.

Adicional a los $1,800 de salario, los diputados reciben $3,200 de gastos de representación. Además, le corresponden $1,000 de combustible y $1,000 de dietas por permanecer en una comisión permanente. Todo se paga mensualmente.

Los emolumentos acumulados de los diputados mensualmente es de $7,000. La Asamblea Nacional está conformada por 71 diputados.

La Constitución Política establece, en su artículo 157, que los diputados devengarán los emolumentos que señale la ley, los cuales serán imputables al Tesoro Nacional, pero su aumento sólo será efectivo después de terminar el periodo de la Asamblea Nacional que lo hubiera aprobado. No detalla reducción de los salarios.

La Procuraduría de la Administración, a cargo de Rigoberto González, es de la opinión que para suspender el pago de gastos de representación, dietas y otros emolumentos debe realizarse mediante una ley de carácter sustantivo.

El jefe de la bancada del PRD, Ricardo Torres, asegura que la propuesta del Ejecutivo en reducción de salario tiene vicios de inconstitucionalidad.

"Muchos actúan de una forma de politiquería. Nosotros estamos evaluando como bancada. Debemos ser cónsono con la Constitución. Hay vicios inconstitucionalidad en ese proyecto. No lo queremos sacar a flote hasta que se tenga bien discutido", precisó.

La Ley 110 de 12 de noviembre de 2019, que dicta al presupuesto del Estado para la vigencia fiscal de 2020, establece un su artículo 279 el listado de los funcionarios que tiene derecho a percibir este estipendio; precisando en ese sentido, que solo tendrán este derecho los funcionarios que ocupen como titular los cargos expresantes señalados en dicha norma legal a aquellos que, por la ley tengan ese derecho; siempre que el presupuesto se provea la correspondiente asignación y mientras ejerza sus respectivos cargos.

Los fondos de los descuentos serán destinados de manera exclusiva a las personas afectadas por la pandemia del covid-19, lo mismo que para la adquisición de equipos e insumos médicos, medicamentos e inmuebles que permitirán brindar una adecuada y oportuna atención a las personas que sean contagiadas con esta enfermedad.