Asamblea desafía al Ejecutivo y rechaza proyecto de ley que deroga los incentivos turísticos

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialista Partido Revolucionario Democrático (RD), rechazó el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que derogaba los incentivos turísticos.

Cinco votos fueron suficientes para rechazar el proyecto de ley 844, por la cual se deroga la Ley 314 del 20 de junio 2022 y la Ley 122 del 31 de diciembre de 2019, ambas que modifican la Ley 80 de 2012, que dictan normas de incentivos a la actividad turística.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, previo al inicio de la mesa única del diálogo, integrada por gremios y organizaciones sociales y representantes del Órgano Ejecutivo, como consecuencia de las protestas de varios sectores de la población originadas por el alza en el precio del combustible y otros temas consensuados, se comprometió en derogar las dos leyes.

Explicó el diputado Jaime Vargas, presidente de esta comisión, que esta ley fue derogada toda vez que en la Comisión de Economía hay un proyecto que recoge las afectaciones que tenían algunos sectores.

“Nosotros, en aras de mejorar la ley, que algunos empresarios manifestaban que se estaba jugando con la seguridad jurídica del país, consultamos con el presidente de la Asamblea Nacional y otros compañeros donde se confecciona un proyecto que recoge todas las vicisitudes que están pasando algunos empresarios o que tengan que ver con el sector turístico”, señaló Vargas.

Mediante la Ley 80 de 8 de noviembre de 2012, se dictaron normas de incentivos para el fomento de la actividad turística en Panamá.

Además, en su artículo 1 se declara que la actividad turística es de interés nacional prioritario y se establecieron estrategias para el desarrollo nacional de dicha actividad.

Como se desprende de su contenido dispositivo, la finalidad de esta Leyes de incentivar la construcción de nuevos establecimientos de hospedaje público turístico, para lo cual se otorgarán incentivos fiscales a las empresas que, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos, se inscriban en el Registro Nacional de Turismo.

Así, en el artículo 9 de la Ley 80 de 2012, se establecen incentivos a empresas que inviertan en la actividad turística, siendo reformado el mismo por la Ley 82 de 2019, la Ley 122 de 2019 y, por último, por la Ley 314 de 2022.

Esta disposición tiene como fin propiciar la inversión y el financiamiento para el desarrollo de los productos turísticos ubicados fuera del distrito de Panamá, considerando como gasto 50% deducible del impuesto sobre la renta, las sumas invertidas por personas naturales o jurídicas en la compra de bonos, acciones y demás instrumentos nominativos emitidos por la empresa turística, otorgándole dicho incentivo hasta el 31 de diciembre de 2016 a los inversionistas no vinculados, directa o indirectamente, con empresas turísticas que no sean producto del fraccionamiento de una empresa en varias personas jurídicas ni sean afiliadas o subsidiarias de empresas turísticas.

Posteriormente, la Ley 122 de 2019 reformó el citado artículo 9, estableciendo que se considerarán 100% crédito fiscal para efectos del impuesto sobre la renta, las sumas invertidas por personas naturales o jurídicas en la adquisición de bonos, acciones y demás instrumentos financieros emitidos por una empresa turística, para el desarrollo de nuevos proyectos o nuevas etapas y ampliaciones de proyectos de esta naturaleza ya existentes, fuera del distrito de Panamá. De acuerdo con esta reforma, este incentivo se otorgaría hasta el 31 de diciembre de 2025.

Luego de ello, la Ley 314 de 2022 reformó nuevamente el artículo 9 de la Ley 80 de 2012, estableciendo como crédito fiscal a reconocer el 60% del valor total del proyecto declarado ante la Autoridad de Turismo de Panamá, excluyendo el valor de la finca y la infraestructura del plan maestro, más un 5% del valor a reconocer de la infraestructura del plan maestro. El incentivo fiscal se otorgaría hasta el 31 de diciembre de 2024, y podrá ser utilizado para el pago del impuesto sobre la renta causado, el impuesto complementario y el impuesto sobre la renta estimada.

Con la Ley 314 de 2022, se buscaba incentivar la construcción de nuevas habitaciones en el interior del país, ya especificadas en la Resolución de Gabinete No. 14 de 2017, muchas de las cuales coinciden con el Plan Colmena, que es una estrategia nacional estructurada en cuatro ejes: desarrollo social, económico, infraestructura y sostenibilidad ambiental (áreas donde se encuentran los mayores atractivos culturales y naturales de Panamá).

El distrito de Panamá no estaba contemplado como beneficiario de esta Ley, aunque habría un beneficio indirecto al aumentar la afluencia de visitantes en los otros puntos del país.