Corte, procuradora y corrupción

Son tres los temas que en los últimos días han hecho noticia en el país: 1) el relativo al nombramiento de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo de los magistrados Arjona y Arosemena de Troitiño, cuyos períodos se vencen a finales de este año; 2) el pobre desempeño de la procuradora, Ana M. Gómez, según el “zar anticorrupción”; y 3) la comparecencia al Ministerio Público de altos personajes políticos de oposición, como el ex presidente Ernesto Pérez Balladares y el ex ministro de Educación, Belgis Castro Jaén.

En este sentido, denotamos que estos temas circundan la Administración de Justicia, el cual no escapa de las críticas que hace la ciudadanía por distintas razones, específicamente por nombramientos políticos en el máximo tribunal de justicia del país, la forma en que se cierran las investigaciones utilizando artimañas jurídicas, siendo la mayoría de forma, sin que verdaderamente se haga justicia, la mora judicial la cual se ha comprobado con algunas de las auditorías ordenadas a los jueces por el actual presidente de la Corte, lo que acrecienta que supuestos actos de corrupción queden impunes, viendo en nuestras calles a “ exitosos ex servidores públicos ”, que se jactan de la riqueza que tienen, mientras cada día más los pobres tienen que hacer magia para llevar su sustento económico al hogar.

Considero que el presidente Martinelli tiene la oportunidad de oro para ir adecentando la Administración de Justicia, cuando él mismo debe nombrar durante su administración a cinco magistrados; sin embargo, tiene como escollo la labor que viene realizando la señora procuradora, conforme se denota con las estadísticas, y que en los últimos meses ha sido fuertemente cuestionada por diferentes sectores debido al manejo que ha tenido, ya sea administrativamente al destituir a un gran número de fiscales, ordenándoseles su restitución mediante impugnaciones legales, así como el pago de salarios dejados de percibir, lo que aumenta la suma de los pasivos laborales que debe el Estado, como consecuencia de su errada decisión, y la labor que propiamente le corresponde de investigación penal, cuando son muchos los casos de alto perfil en que no se ha visto una respuesta satisfactoria.

Por ello digo que cuando llegue el momento en que Panamá presente por lo menos a un ex presidente de la República esposado, como ya ha sucedido en tres ocasiones en Costa Rica, podemos decir que de verdad se tiene voluntad de combatir la corrupción; pero la ventaja que tiene aquél hermano país es que ningún ex presidente se puede refugiar en un Parlacen, aprovechando la inmunidad que le conceden.

Es importante que se valore la importancia de una eficiente y eficaz administración de justicia, llámese Ministerio Público y/u Órgano Judicial, porque ella es la clave del sistema democrático. De ahí que por más que el presidente Martinelli y su equipo de trabajo destapen supuestos actos de corrupción, como puede haberse dado en concesiones, contrataciones como la de fibra de vidrio, red de oportunidades, entre otros, si no existe un Ministerio Público que tenga “ los pantalones ” o “ las faldas ” para llevar a cabo su trabajo, apegado nada más a la Constitución y la Ley, las nuevas generaciones aprenderán que el crimen sí paga.

Ojalá se dé el cambio también en la Administración de Justicia, mediante un proceso integral de transformación y reorganización que exige la sociedad panameña.

*Abogado y docente universitario.nanchy@hotmail.com